La Comisión Europea aprobó el jueves la liberación de hasta 137.000 millones de euros en fondos para Polonia que habían sido congelados por violaciones del Estado de derecho. Esto es lo que se esconde detrás de esta cifra.
PUBLICIDADPolonia recibirá pronto los fondos europeos, valorados en 137.000 millones de euros, que habían sido congelados por las constantes violaciones del Estado de derecho de su anterior Gobierno. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció la noticia durante una visita a Varsovia la semana pasada.
"Estamos impresionados por sus esfuerzos y los del pueblo polaco por restaurar el Estado de derecho como columna vertebral de su sociedad. Una sociedad en la que todo el mundo se rija por las normas, en la que los ciudadanos y las empresas puedan confiar en las instituciones y exigir responsabilidades a las autoridades", dijo Von der Leyen en una rueda de prensa junto al nuevo primer ministro polaco, Donald Tusk.
La Comisión ha formalizado ahora la medida, dando luz verde a dos decisiones separadas que permiten al Gobierno polaco acceder a la caja de efectivo, que el país necesita de forma urgente para financiar proyectos ecológicos, digitales y de desarrollo.
El principal motivo de la descongelación es el compromiso de restaurar la independencia judicial, que forma parte de la misión política de la coalición liderada por Tusk de restablecer las relaciones entre Bruselas y Varsovia.
Pero la liberación no significa que Polonia vaya a obtener automáticamente esa enorme cantidad de dinero ni que el Estado de derecho vuelva a funcionar.
Fondos de recuperación: 59.800 millones de euros
Después de que la UE acordara crear un fondo sin precedentes de 750.000 millones de euros (807.000 millones a precios corrientes) para hacer frente al impacto económico de la pandemia de COVID-19, se pidió a cada Estado miembro que solicitara una parte de las subvenciones y préstamos que le correspondían.
El plan nacional de recuperación de Polonia se aprobó por primera vez en junio de 2022 y, posteriormente, se modificó para abarcar casi 60.000 millones de euros en fondos: 34.500 millones en préstamos a bajo interés y 25.300 millones en subvenciones a fondo perdido.
Sin embargo, a diferencia de otros países (excepto Hungría), a Polonia se le negó el acceso al dinero. Hasta ahora, sólo se han desembolsado5.100 millones de euros en la llamada "prefinanciación", una especie de inyección de liquidez sin condiciones para poner en marcha proyectos energéticos.
La cantidad restante permanecía firmemente bloqueada como consecuencia de las profundas reformas introducidas por el anterior Gobierno de derecha, liderado por el partido Ley y Justicia (PiS), que reorganizó las relaciones entre los tribunales, nombró a jueces afines al partido para ocupar altos cargos y, lo más controvertido, facultó a la sala disciplinaria del Tribunal Supremo el poder castigar a los magistrados en función del contenido de sus sentencias.
Según Bruselas, la reforma dañaba gravemente la independencia judicial del país, obstaculizaba la aplicación de las normas de la UE y ponía en peligro el presupuesto común del bloque. La situación se agravó aún más tras la sentencia del Tribunal Constitucional de Polonia de 2021, que cuestionaba directamente la primacía de la legislación de la UE.
En respuesta, la Comisión impuso dos "súper hitos" en el plan de recuperación y resiliencia como condición general para liberar los préstamos y subvenciones. Estos eran:
- Reformar el régimen disciplinario de los jueces y sustituirlo por un nuevo organismo.
- Revisar los casos de los jueces afectados por la sala disciplinaria.
Y lo que es más importante, los hitos obligan a Polonia a proteger a los jueces frente a represalias cuando soliciten al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) que emita unadecisión prejudicial, un procedimiento utilizado a menudo para garantizar que la legislación de la UE se interpreta y se aplica correctamente.
Polonia lo intentó por primera vez en 2022
Varsovia hizo el primer intento a mediados de 2022, cuando presentó una nueva ley que suprimía el órgano disciplinario contencioso y establecía en su lugar una cámara de responsabilidad profesional con menos poderes, que algunos académicos tacharon de superficial.
Aunque Bruselas tomó nota de los planes, éstos no se aceleraron hasta que Tusk llegó al poder y ofreció cambios adicionales, incluida una orden ministerial para suspender los procedimientos injustificados contra jueces y un compromiso formal de respetar la primacía del derecho de la UE y acatar la sentencia del TJUE que anuló la sala disciplinaria.
En conjunto, las reformas se consideran suficientes para cumplir los dos "súper hitos" y permitir el primer desembolso de fondos COVID-19 a Polonia, por valor de 6.300 millones de euros en subvenciones y préstamos. La decisión de la Comisión será ratificada en el Consejo en las próximas semanas.
Con el acceso desbloqueado, se espera que Polonia presente otras dos solicitudes de pago a lo largo de este año y podría muy bien recibir hasta 23.000 millones de euros a finales de 2024 si se llevan a cabo determinadas inversiones y proyectos. El país tiene hasta mediados de 2026 para recibir el resto del dinero de recuperación y resiliencia.
Fondos de cohesión: 76.500 millones de euros
La preocupante interferencia en la independencia judicial también llevó a la Comisión a congelar una dotación más amplia que se había asignado a Polonia en el presupuesto común del bloque para el período 2021-2027: unos 76.500 millones de euros en fondos de las políticas de cohesión, marítima y migratoria.
Esto se hizo en virtud de las denominadas "condiciones horizontales de habilitación", que rigen el uso general de los fondos de la UE y obligan a los 27 Estados miembros a cumplir la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE en todo momento. Como la independencia judicial es uno de esos derechos, la Comisión activó el mecanismo para bloquear el acceso a los 76.500 millones de euros.
PUBLICIDADEn la práctica, esto significó que Polonia, el mayor receptor de fondos de cohesión, no pudo solicitar reembolsos para proyectos de desarrollo sobre el terreno.
El Gobierno de Tusk se apresuró a pasar página y envió en enero una "autoevaluación" en la que argumentaba que había hecho suficientes esfuerzos para cumplir las condiciones horizontales de habilitación. Entre ellos figuran los cambios antes mencionados para deshacer los efectos del Ejecutivo anterior, nuevas modificaciones del Defensor de los Derechos Humanos y la introducción de un sistema para presentar quejas en casos de gastos inadecuados.
Según la Comisión, las correcciones bastan para desbloquear los 76.500 millones de euros. Se espera que el Gobierno polaco solicite un reembolso inmediato de 600 millones de euros, y más en los próximos meses. El dinero se repartirá progresivamente hasta 2027.
Además, Polonia ha solicitado adherirse a la Fiscalía Popular Europea (EPPO), lo que añadirá un nivel adicional de supervisión tanto a los fondos de cohesión como a los de recuperación.
Entonces, ¿todo va bien?
Desde el punto de vista financiero, las cosas pintan mejor para Polonia. Pero el país sigue sometido al procedimiento del artículo 7, la "opción nuclear" de la UE para hacer frente a los incumplimientos más graves de los valores de la UE. Sólo Polonia y Hungría están sujetas a este procedimiento.
PUBLICIDADVarsovia presentó a principios de mes un "plan de acción" de nueve proyectos de ley para restablecer la independencia judicial, desde los más altos tribunales a los juzgados ordinarios, con el objetivo de salir del artículo 7 a finales de junio este año.
La Comisión ha acogido muy favorablemente este plan de acción y lo ha tenido en cuenta a la hora de tomar la decisión de descongelar la caja de 137.000 millones de euros para Polonia.
Sin embargo, el "plan de acción" sigue siendo un proyecto ambicioso y se enfrenta a la amenaza de veto del presidente polaco Andrzej Duda, políticamente alineado con el anterior Gobierno. De momento, no está claro cuántos de los nueve proyectos de ley se podrán aprobar.
Hablando bajo condición de anonimato, funcionarios de la Comisión reconocieron que Polonia está sólo a mitad del camino hacia el restablecimiento del Estado de derecho y que hay que hacer más.
"¿Recuerdan cuánta tinta se ha vertido sobre un asunto tan importante como el régimen disciplinario? Es muy visible y manifiesto que se está reforzando la independencia judicial", dijo un funcionario, refiriéndose a los pasos que ya ha dado el gobierno de Tusk.
PUBLICIDAD"Eso no significa que el Estado de derecho esté totalmente restablecido ni que todo vaya bien. Hay otras cosas importantes que hacer, como se establece en el plan de acción."
Bruselas tiene las herramientas
El funcionario insistió en que Bruselas tiene herramientas para detener los pagos, ya sea de los fondos de cohesión o de recuperación, en caso de que haya una "reversión de los compromisos."
"Si en algún momento", advirtió otro funcionario, "nosotros, como Comisión, vemos que esto ya no es así podemos, por supuesto, bloquear los fondos de nuevo".
Jakub Jaraczewski, investigador de 'Democracy Reporting International', un think tank con sede en Berlín, lamentó que la Comisión no esperara a que toda la legislación tuviera efectos tangibles y basara parcialmente su decisión en las "promesas" hechas por Varsovia.
"Lo que ha hecho el nuevo gobierno polaco en estos pocos meses merece elogios, pero queda mucho trabajo por hacer", dijo Jaraczewski en las redes sociales. "Al dar prioridad a la política, la Comisión se abre a especulaciones de que toda esta historia del Estado de derecho era en realidad para echar al Gobierno del PiS"
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