Tras hacer descarrilar la cumbre de diciembre, Hungría ha planteado nuevas exigencias a Bruselas a cambio de que levante su veto al fondo de 50.000 millones de euros propuesto por la Unión Europea para Ucrania.
PUBLICIDADLa dotación, conocida como Mecanismo de Ayuda a Ucrania, tiene por objeto proporcionar a Kiev ayuda financiera entre 2024 y 2027 para cubrir su alto déficit público, mantener los servicios esenciales y sufragar los esfuerzos de reconstrucción.
Según el plan original, el Mecanismo debía estar ya en marcha, ya que Bruselas ya ha gastado la ayuda financiera que había destinado al país en guerra.
Pero durante una complicada reunión del Consejo Europeo el mes pasado, Viktor Orbán ejerció su derecho a veto para rechazar la propuesta, que está vinculada a una revisión más amplia del presupuesto común del bloque.
Esto paralizó el apoyo de la UE en un momento crítico, en el que Washington también luchaba por superar la oposición republicana para aprobar un nuevo paquete de ayuda militar. El punto muerto a ambos lados del Atlántico ha puesto a Kiev en una situación cada vez más precaria, con Rusia intensificando su brutal aluvión de ataques aéreos.
Sin embargo, hay un rayo de esperanza: Los líderes de la UE se reunirán de nuevo el 1 de febrero para dar una segunda oportunidad al Mecanismo.
Las dos exigencias de Hungría
En vísperas de la fecha decisiva, Hungría ha presentado una idea para dividir el paquete en cuatro dotaciones anuales de 12.500 millones de euros cada una, según diplomáticos conocedores de las negociaciones.
En la práctica, el reparto supondría que los líderes de la UE tendrían que dar su aprobación unánime cada año hasta que se agotara la caja. Esto iría en contra del objetivo del Mecanismo de proporcionar ayuda previsible a largo plazo, ya que permitiría a Orbán, o a cualquier otro jefe de gobierno, bloquear la ayuda ya el año que viene.
Hungría también ha hecho una demanda no relacionada con los fondos de recuperación COVID-19 del bloque, dijeron las fuentes diplomáticas hablando bajo condición de anonimato.
Según las normas actuales, los Estados miembros tienen hasta finales de agosto de 2026 para completar los hitos y objetivos necesarios para acceder a todas las subvenciones y préstamos que se les han asignado. De lo contrario, el dinero que quede sin utilizar se perderá.
Budapest exige que se añadan dos años más a este plazo, algo que exigiría reabrir la legislación extraordinaria que estableció el fondo de recuperación. La razón de esta petición concreta radica en que a Hungría se le ha denegado el acceso a su plan nacional por cuestiones de Estado de Derecho y podría quedarse con un calendario corto para gastar los fondos, si es que alguna vez consigue desbloquearlos.
El plan de recuperación y resistencia de Hungría asciende a 10.400 millones de euros, de los que sólo se han liberado 920 millones. Por otra parte, el país tiene 11.500 millones de euros de fondos de cohesión en el congelador debido a una amplia gama de preocupaciones sobre contratación pública, conflictos de intereses, libertad académica y derechos LGBTQ+.
Orbán ha denunciado repetidamente la situación como "chantaje financiero" y sus diputados han dicho públicamente que los más de 20.000 millones de euros deben descongelarse -en su totalidad- antes de que pueda tomarse una decisión sobre el Mecanismo para Ucrania.
El quid-pro-quo se ha intensificado desde la catastrófica cumbre de diciembre, dando lugar a lo que un diplomático denominó una actitud "muy transaccional", un "trueque" no disimulado.
Otro diplomático señaló que Hungría estaba "completamente sola" tanto en la división del Mecanismo para Ucrania como en la prórroga de dos años de los fondos de recuperación. Alemania se mostró especialmente crítica con esta segunda exigencia.
La esperanza sigue viva
Sin embargo, el hecho de que Budapest esté al menos planteando ideas, en lugar de aferrarse inflexiblemente a su veto, sugiere que el ambiente se ha vuelto más constructivo, aunque siga siendo tenso, y que podría haber un espacio limitado para una especie de compromiso.
Los embajadores aprobaron el miércoles un "mandato parcial de negociación" que permite a Bélgica, país que ostenta actualmente la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, iniciar conversaciones formales con el Parlamento Europeo en cuanto se encuentre una solución sobre el Mecanismo.
El mandato, como su nombre indica, es "parcial" porque no incluye los detalles específicos del fondo especial, es decir, las cifras financieras. Estos vacíos solo podrán llenarse una vez que los líderes se reúnan en febrero y discutan el tema cara a cara.
Si los Veintisiete vuelven a fracasar, Bruselas se verá obligada a diseñar un plan alternativo al margen del presupuesto de la UE, con la participación de 26 países, sólo para que el dinero siga llegando a Kiev.
PUBLICIDADEn una reciente publicación en las redes sociales, Orbán parecía dar la bienvenida al llamado Plan B.
"Es bueno ver que la Comisión Europea está preparando un plan B para el 1 de febrero, según el cual la ayuda financiera concedida a Ucrania podría gestionarse al margen del presupuesto de la UE", escribió el dirigente húngaro. "¡Es una buena decisión! El plan B de la Comisión es el plan A húngaro".