La expulsión por decreto de unos 4.
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La expulsión por decreto de unos 4.480 empleados públicos, más de la mitad de ellos dependientes del ministerio de Educación, ha levantado ampollas en las universidades del país. 330 académicos han sido apartados de sus funciones de por vida.
“El Gobierno es cómplice del crimen de intentar acabar con la libertad de expresión, la democracia y la existencia de personas que defienden la paz en las universidades. Hemos denunciado y nos hemos opuesto a los crímenes de guerra, las medidas antidemocráticas y las graves violaciones de derechos y por eso estamos en esta situación”, denuncia Gulseren Adakli, una de los académicas expulsadas de la Universidad de Ankara. “Nos están quitando todos nuestros derechos sociales y académicos y nuestras libertades. Nos quitan nuestros derechos políticos conduciéndonos a la muerte cívica. Vivimos esta injusticia desde que se impuso el estado de emergencia”, denuncia Dincer Demirkent, otro de los profesores afectados.
Algunos académicos consideran que, a diferencia de otras purgas realizadas por el Gobierno tras el golpe de Estado fallido del pasado 15 de julio, en esta ocasión el objetivo no son los seguidores de la cofradía del clérigo Fetullah Gullen.
En algunas universidades se considera un “genocidio académico” para acabar con todas las voces críticas.