El asentamiento de Ofra vecino del de Amona, desmantelado a principios de mes, ha sido parcialmente desalojado por orden del Tribunal Supremo israelí.
PUBLICIDADEl asentamiento de Ofra vecino del de Amona, desmantelado a principios de mes, ha sido parcialmente desalojado por orden del Tribunal Supremo israelí. Es el colofón de una controversia jurídica que comenzó hace más de una década. La Corte decidió que parte de este asentamiento situado en Cisjordania, territorio ocupado por Israel desde 1967, debe ser devuelto a sus propietarios palestinos.
“Sentimos que no es justo lo que está pasando aquí, están destruyendo casas en el centro de un pueblo judío que se estableció aquí hace 42 años”, asegura Eliana Passentin, directora del Consejo Regional Binyamin.
“Es una vergüenza para el país. Las autoridades no nos han prevenido. Han llegada así y están haciendo que esto sea realmente difícil”, asegura Tamar Eldar, una colona de Ofra cuya casa ha sido desalojada.
En 2014, el Tribunal Supremo dió dos años a las autoridades para la evacuación de este asentamiento que no puede acogerse a la controvertida ley aprobada en febrero. La conocida ley de “regularización” permite legalizar retroactivamente las colonias judías construidas sin permisos israelíes en tierras privadas palestinas en Cisjordania, como el caso de parte de Ofra. Las viviendas afectadas se han quedado fuera del alcance de dicha ley porque ya se había emitido una orden de demolición cuando se aprobó la legislación.
Sin embargo, las personas desalojadas no irán muy lejos puesto que al igual que ocurrió con el desalojo de Amona, los residentes serán realojados en otras colonias, también, disputadas por los palestinos. Además, el gobierno de Netanyahu ha anunciado la construcción de nuevos asentamientos para remplazar a los demolidos. Desde hace dos décadas, los permisos otorgados por los sucesivos gobiernos israelíes han sido calificados de “expansiones” de asentamientos preexistentes.