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El Gobierno de Madrid se hará cargo del pago de los servicios públicos de Cataluña. Es un nuevo capítulo de la política de acción-reacción llevada a cabo por el Ejecutivo central. Tras el Consejo de Ministros, además, le ha dado 48 horas al president Carles Puigdemont tras la presentación de la medida en el BOE para que se comprometa a no destinar fondos a otros gastos, como el del referéndum independentista.
“Un mecanismo de control de pagos, novedoso, pero absolutamente necesario para garantizar los servicios públicos de los catalanes. para garantizar que la posición en la que están incurriendo los dirigentes políticos en Cataluña no perjudique a nadie en Cataluña ni a nadie en el conjunto de España” ha explicado el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro.
Un día antes, el vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras informó a Montoro de que no le enviaría el informe de gastos semanal. Hasta el pasado mes de julio, este documento era mensual, pero el Gobierno obligó al Ejecutivo catalán a acortar el plazo. Otra medida para impedir la consulta del uno de octubre cuya ley reguladora suspendió el Tribunal Constitucional.