El expresidente catalán Artur Mas no ha acudido a la cita que tenía este lunes con el Tribunal de Cuentas en Madrid por haber desviado dinero público para celebrar el referéndum del 9-N de 2014. El Tribunal ha comunicado a su representante legal que Mas debe algo más que 5,25 millones de euros por el dinero que la Generalitat se gastó en la consulta ilegal celebrada hace tres años más los intereses y que tiene un plazo de quince días para depositar esa cantidad como fianza.
El dinero desviado del Presupuesto autonómico por diez de sus subordinados se destinó entre otras partidas al pago de propaganda electoral, de ordenadores y de aplicaciones informáticas… y recibió directa o indirectamente el visto bueno del entonces máximo responsable de la Generalitat.
El pasado mes de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó a Mas y a otros colaboradores por delitos de prevaricación y desobediencia, y les inhabilitó para ejercer cargos públicos.