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El Senado juega un papel fundamental en la aplicación del artículo 155 que ya ha iniciado el Gobierno español y que regula la actuación en caso de que una comunidad autónoma no respete la legalidad. Solo un paso atrás del president catalán frenaría este proceso, cuya primera fase acaba este jueves a las diez de la mañana.
Es el plazo previsto para que Carles Puigdemont niegue la declaración de independencia. En caso de que no lo haga, el Ejecutivo presentará sus medidas a la Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría absoluta, A partir de ahí se pedirán alegaciones a Puigdemont y los escritos del Gobierno pasarán a la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en la que también podría intervenir el president, que de nuevo remitirá sus conclusiones y modificaciones, si las hay, al Senado.
Será allí dónde se debata finalmente y se apruebe por mayoría absoluta la forma en la que el Gobierno intervendría las competencias de Cataluña, entre las que están la educación y la seguridad.
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