Nuevos indicios de corrupción salpican al Partido Popular
El inspector jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Financiera (Udef) de la Guardia Civil Manuel Morocho consideró ayer que la trama Gürtel es “corrupción en estado puro” y que fue una organización que operó durante mucho tiempo hasta llegar a “parasitar las administraciones”.
El inspector Morocho confirmó que hay indicios de reparto de sobresueldos a altos cargos del Partido Popular durante años, entre ellos Mariano Rajoy. Además el inspector ha lamentado las presiones con las que se trató de “desestabilizar” esta investigación.
Morocho hizo estas declaraciones en la comisión parlamentaria creada para investigar la presunta financiación irregular del PP a petición del grupo Podemos. Además dijo que la estructura del PP “respondía al perfil de una organización delictiva” por sus operaciones en la trama Gürtel, referida a la supuesta corrupción mediante contratos amañados de empresarios y personas vinculadas a ese partido.
El inspector tuvo que advertir en numerosas ocasiones de su deber de reserva en sus declaraciones sobre una causa que sigue abierta.
La declaración del jefe de la UDEF se produce tras las duras conclusiones finales de la fiscal que investiga la trama Gürtel, Concepción Sabadell, considerando “abrumadoramente acreditada” la contabilidad B del Partido Popular y confirmando que el “Luis el Cabrón” de las notas de Francisco Correa era en realidad Luis Bárcenas, tesorero del Partido Popular.
Sabadell dijo además que esa trama “criminal” atentó contra el Estado de derecho y tendrá una costosa reparación social.
El Gobierno pone en duda la validez de los indicios
Este miércoles, en la sesión de control al Gobierno el ministro de Justicia Rafael Catalá ha respondido a una pregunta de Podemos poniendo en duda “el valor de esa declaración”, asegurando que serán los jueces y no los diputados quienes dicten sentencia y recordando que el PP figura como “acusado de ser partícipe a título lucrativo” en el juicio.
Por otra parte el ex número dos de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha conseguido los 400.000 euros de fianza que le impuso ayer el juez de la Audiencia Nacional con el aval de la Fiscalía, que considera que el riesgo de fuga ha disminuido.
Investigado en el marco de la Operación Lezo, también relacionada con delitos de corrupción, el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, también del Partido Popular, llevaba encarcelado desde el mes de abril.