Pese a la ausencia de transparencia por parte de las autoridades sobre estos delitos, una organización independiente calcula que la Policía 'pierde' unas 25 armas por año, que deben sumarse a los casos de corrupción dentro del cuerpo y a los casos de testaferros de aquellos con licencia de armas.
A principios de marzo, la Policía Nacional daba a conocer la incautación de un 'narcozulo' en un bosque de las Chapas de Marbella, situado al este de la capital neurálgica de la Costa del Sol andaluza. Aunque la cantidad sustraida de sustancias resultaba llamativa -1.056 kilos de cocaína- el comunicado emitido por el cuerpo relataba así mismo el hallazgo de "material policial utilizado para realizar vuelcos (argot para describir el robo de un criminal a otro) como subfusiles y chalecos policiales".
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
La nota de prensa no especificaba cómo los narcos habían conseguido estos objetos. El balance que publica trimestralmente el Sistema Estadístico de Criminalidad no permite cotejar este tipo de delitos: las categorías desplegadas no contemplan los crímenes cometidos contra la propia Policía, como robos en sus dependencias, o un posible caso de corrupción entre los propios agentes cuya investigación dependa de Asuntos Internos.
Pese a la falta de transparencia del cuerpo, no es la primera vez que los medios de comunicación recogen informaciones sobre robos en las comisarias españolas. Es el caso de las instalaciones policiales de Els Poblets (Alicante), con la incautación de ocho pistolas y munción en la Nochevieja de 2024, o en Lantejuela (Sevilla) en mayo de 2023: los ladrones se llevaron todas las armas e incluso un lote de estupefacientes incautados.
Hay otros incidentes recientes similares registrados en pueblos como Corrales de Buelna (Cantabria), Villafranca de los Caballeros (Toledo) o Láchar, en Granada, casi todos ellos sin superar los 10.000 habitantes y distribuidos por todo el Estado. "Por lo que tenemos entendido estos casos no son muy habituales y es verdad que siguen un patrón claro. Normalmente se dan en comisarías pequeñas municipales de Policía local", defiende Ana Alarcón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP).
La agente cree que estos sucesos ocurren por la facilidad de acceso en los recintos de los pueblos, pero este no es siempre el caso. En una grave brecha de seguridad datada del mes de junio de 2022 que se filtró a la prensa, un menor de 17 años consiguió sortear los muros y cámaras del centro policial más seguro y vigilado de España (Canillas, en el madrileño distrito de Hortaleza), robar dos pistolas del armero tras reventar unas taquillas y huir sin que nadie se percatase del asunto. El menor fue detenido horas después en posesión de las armas, pero aún no se había levantado la voz de alarma.
"Hay que tener en cuenta que son muy jugosas porque son bastante fiables. Normalmente están en buen estado y muchas veces las roban con cargadores y munición. En el mercado ilegal un arma de estas características puede tasarse entre los 1.500 y 3.000 euros", detalla Alarcón. "Normalmente [lo realizan] bandas especializadas en robos, los butraneros o incluso aluniceros: buscan este tipo de material táctico, sobre todo de armas".
El material policial en manos de los 'narcos': ¿Robos o corrupción institucional?
También son públicos los diversos casos de colusión que involucran a agentes policiales de alto rango con redes de narcotráfico locales. El último que alcanzó notoriedad fue la detención del jefe de Estupefacientes en Valladolid, Luis Fernández, el pasado 4 de diciembre. El máximo responsable de la lucha contra el narcotráfico en la provincia está acusado de traficar con las sustancias que él mismo incautaba y de encabezar un entramado delictivo conformado por seis personas.
Fernández no sería la única presunta manzana podrida del cuerpo: seis agentes de la misma unidad en Mérida están siendo juzgados no solamente por traficar con droga incautada, sino por robar en las casas de los propios narcotraficantes durante las redadas que efectuaban. "El grupo actuaba como una organización criminal en la que todos los integrantes participaban de manera concertada y coordinada, repartiéndose las tareas o las funciones", dictaminó el juez en su auto.
Civio, una plataforma periodística y ONG dedicada a la transparencia institucional, realizó en 2018 una solicitud con base en la Ley de Transparencia para que Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos d’Esquadra, Ertzantza y otros cuerpos revelasen el número total de armas 'perdidas' en los últimos 10 años, es decir, entre 2007 y 2017. El equipo ganó su reclamación y desveló que habían perdido un total de 256 armas, es decir, más de 25 por cada año investigado. Casi dos tercios, 159, correspondían a la Benemérita, y 97 a la Policía.
Los testaferros de armas legales, en el punto de mira
En junio de 2025, justo tres años después del incidente del macrocentro policial de Canillas, la Guardia Civil desarticuló una banda dedicada a abastecer de armas a diversas redes de narcotráfico. El grupo, afincado en el área metropolitana de Murcia, se dedicaba a desviar armamento del mercado legal al ilegal con la complicidad de personas con licencia para adquirir armas.
La operación en la localidad murciana de Alguazas condujo a otro grupo similar que operaba en Granada, en donde se incautaron hasta 11 armas de fuego y hasta una galería de tiro subterránea. La Guardia Civil concluyó que ambos testaferros colaboraban para entablar contacto con los narcotraficantes y venderles la mercancía.
En España, según los últimos datos actualizados de 2024 del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior, existen 1.444.368 personas con este tipo de autorización, un dato ligeramente en auge con respecto a 2023. El récord lo establece Andalucía, con 318.682: más del doble de licencias que la segunda (134.263) y tercera (150.819) comunidad más poblada, Cataluña y Madrid. Prácticamente la mitad de la tenencia se concentra en hombres de entre 50 y 69 años.
Dentro del listado sorprenden Castilla y León (114.309) y Castilla-La Mancha (119.878), con cifras homologables a las anteriores pese a ser regiones mucho menos pobladas. El Anuario de Estadística Forestal del Ministerio de Transición Ecológica ofrece una posible explicación al respecto: son las dos autonomías, junto con la propia Andalucía, donde más licencias de caza se expiden.
Solo el 2% de las armas a nivel mundial se encuentran bajo control policial
Interpol puso en marcha en 2013 iARMS, la única base mundial de datos sobre armas de fuego ilícitas que, sin embargo, solo permite acceder a servicios policiales, de aduanas o autoridades reguladoras. La Organización Internacional de Policía Criminal asegura tener registradas un millón y medio de armas perdidas en todo el mundo, sean por robo, colusión o contrabando. El organismo calcula, además, que cada año se emplean armas de fuego en más de 245.000 asesinatos cometidos en todo el mundo, sin contar los de los países en guerra.
"Estas armas robadas a policías o militares terminaron involucradas en delitos graves como Francia, Bélgica e Italia y aparecieron posteriormente en investigaciones de crimen organizado", explica Ana Alarcón. "Entonces eso es lo que más preocupa. El objetivo es recuperar esas armas antes de que entren en el mercado ilegal o que se usen por estos delincuentes".
Small Arms Survey, un laboratorio de ideas que monitoriza el flujo de armas por todo el planeta, calcula que de los mil millones en circulación a nivel mundial en 2017, unas 857 millones (el 85%) estaban en manos civiles, 133 millones (el 13%) en arsenales militares y solamente 23 millones (el 2%) estaban controladas por organismos policiales.
El auge del posfascismo, responsable de la creación de nuevas armas irrastreables
El aumento de la creación armamentística mediante impresoras 3D preocupa a los especialistas del sector. La primera pistola tridimensional -bautizada como la Liberator- se fabricó hace 13 años por Defense Distributed, una organización que desarrolla y publica diseños de armas de fuego de código abierto fundada por un grupo de estudiantes proarmas -y cuyo lider se define como criptoanarquista- de la Universidad de Texas. Sus planos generaron 100.000 descargas solamente en su primera semana publicados en la red.
La revista 'Forensic Science International' calcula que, entre 2017 y 2024, tres de cada 100.000 españoles tuvieron acceso a este tipo de armamento, una cifra que asciende a 45 en Europa. Solo en Estados Unidos, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos apunta un aumento de las incautaciones de estas armas, pasando de 7.517 en 2019 a 19.344 en 2021: un incremento del 157%.
¿La gran ventaja de la Policía para rastrear a sus creadores y usuarios? La munición 3D, una tecnología que, aunque tiene cierto desarrollo, aún no permite una fabricación tan sencilla como la de las armas, por lo que los criminales aún siguen dependiendo de adquirir balas convencionales para utilizarlas.
Según el Centro Internacional para el Estudio de la Radicalización del King’s College de Londres, referenciado en un estudio del analista de inteligencia Sergio Almaraz Sánchez para el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, los principales creadores y usuarios de armamento 3D en el mundo son neonazis o miembros de formaciones de extrema derecha.