En una sentencia pionera, el alto tribunal da la razón a la Fundación Civio tras siete años de batallas judiciales y crea jurisprudencia sobre el derecho de la ciudadanía a exigir y recibir transparencia por parte de la Administración pública.
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El Tribunal Supremo exige al Gobierno de España, en un importante fallo judicial para la transparencia del sector público y los derechos digitales de la ciudadanía, que otorgue acceso público al código fuente de BOSCO, una aplicación que decide quién recibe y quién no el bono social eléctrico. Lo hace tras siete años de recursos por parte de la Fundación Civio, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la transparencia en la Administración española.
La sentencia, de 80 páginas de duración, no solmente da acceso a dicho algoritmo sino que crea jurisprudencia sobre cuestiones poco consagradas en el Derecho español por su reciente aparición en la vida pública. Es el caso de la transparencia algorítimica o de la democracia digital o electrónica.
El TS defiende en su exposición de hechos la obligación por parte de la Administración de facilitar el acceso a la ciudadanía a la programación de aquellos algoritmos que adopten decisiones sobre sus derechos o deberes, así como de explicar su funcionamiento "para permitirles conocer, fiscalizar y participar en la gestión pública".
Los magistrados reconocen que los funcionarios pueden rechazar hacer públicas determinadas informaciones sensibles (por cuestiones de seguridad nacional, entre otras), pero que dicha negativa debe justificarse plenamente. Es la primera vez, además, que un tribunal español exige que se conozcan los detalles del funcionamiento de un algoritmo que gestiona bienes públicos.
Siete años de rechazos judiciales con final feliz
El pulso entre la Administración y Civio comenzó cuando esta organización decidió investigar por qué varias familias no estaban recibiendo su bono social (un mecanismo de descuento en la factura eléctrica gubernamental destinado a consumidores económica o socialmente más vulnerables) pese a cumplir los requisitos en su solicitud. El Ministerio de Transición Ecológica reconoció entonces que su algoritmo estaba fallando.
Fue entonces cuando Civio solicitó formalmente al Ministerio acceder al código fuente de la aplicación BOSCO, que se negó alegando cuestiones de seguridad y de autoría intelectual. Tras una desestimación inicial por silencio administrativo, la fundación sin ánimo de lucro se embarcó en un periplo judicial con desestimaciones por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (2019), un tribunal contencioso-administrativo de primera instancia (2021) y la Audiencia Nacional (2024).
Finalmente, el Supremo les dio la razón el pasado nueve de septiembre: "El derecho de acceso a la información pública adquiere especial relevancia ante los riesgos que entraña el uso de las nuevas tecnologías en el ejercicio de las potestades públicas o la prestación de servicios públicos, como ocurre con el empleo de sistemas informáticos de toma de decisiones automatizadas", dictamina en la sentencia, que es recurrible.