Un error en el sistema Cometa durante el cambio de empresa gestora dejó sin acceso a datos anteriores a marzo de 2024, provocando absoluciones y sobreseimientos por falta de pruebas sobre quebrantamientos de órdenes de alejamiento.
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El sistema informático Cometa, encargado de controlar las pulseras telemáticas para maltratadores, sufrió un grave error técnico que ha tenido consecuencias directas en la administración de justicia.
Según detalla la Fiscalía General del Estado en su memoria anual, este fallo provocó "una gran cantidad" de absoluciones y sobreseimientos de agresores debido a que los juzgados no pudieron acceder a información crucial sobre los movimientos de los investigados.
El problema se originó durante el proceso de transición entre empresas gestoras del servicio. Hasta 2023, Telefónica mantenía el contrato subcontratando a Securitas Direct, pero el Gobierno adjudicó la gestión a una unión temporal formada por Vodafone y Securitas.
Durante esta migración de datos entre sistemas se perdió el acceso a toda la información anterior a marzo de 2024, dejando a los jueces sin una prueba esencial para acreditar quebrantamientos de órdenes de alejamiento.
Consecuencias judiciales y desprotección de víctimas
La pérdida de datos históricos ha tenido un impacto directo en los procesos judiciales. El sistema Cometa debe permitir identificar en todo momento la ubicación de personas inculpadas o condenadas con respecto a las víctimas, utilizando comunicación de corto alcance con el teléfono móvil que reporta en tiempo real por GPS la distancia entre agresor y víctima.
La Fiscalía subraya que esta anomalía produce consecuencias tanto en la fase de instrucción ante los Juzgados de Violencia sobre la Mujer como en la fase de enjuiciamiento. En los Juzgados de lo Penal, el representante legal del centro de control no puede responder preguntas sobre incidencias anteriores al 20 de marzo de 2024, lo que "en muchos casos, aboca a una sentencia absolutoria".
Solución tardía tras meses de vulnerabilidad
El Partido Popular reclamó este jueves la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a la que acusó de una "irresponsabilidad criminal" por haber desatendido durante demasiado tiempo la advertencia grave relacionada con los fallos de las pulseras.
Aunque el Ministerio de Igualdad aseguró que el problema "ya ha sido solucionado" y que "a finales del año pasado se recuperó toda la información", la Fiscalía apunta que esto supuso una "potencial desprotección de las víctimas" durante varios meses. El centro de control de Cometa informó reiteradamente a los juzgados que no podían facilitar información anterior al 20 de marzo de 2024, fecha en que finalizó la migración a los nuevos dispositivos.
Este vacío informativo pone de manifiesto la importancia crítica de mantener la continuidad en los sistemas de protección de víctimas de violencia de género, donde cualquier fallo técnico puede tener consecuencias directas en la seguridad de las personas protegidas y en la efectividad del sistema judicial.