Las víctimas de torturas llevadas a cabo por los militares argentinos durante la dictadura acusan a los dueños locales de Ford de ceder sus instalaciones a los uniformados
La fábrica de Ford sigue estando en el mismo lugar que durante la dictadura, en General Pacheco, 40 kilómetros al norte de Buenos Aires, pero hoy sus camiones no tienen la misma connotación sangrienta que entre 1976 y 1983.
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Los dueños en aquella época, Héctor Sibilla y Pedro Muller, se sientan en el banquillo acusados de haber colaborado con los militares, incluso cediendo sus instalaciones para que se llevaran a cabo torturas de sindicalistas.
Hasta 24 de los 100 miembros de los sindicatos fueron detenidos o interrogados en esos años.
El veredicto, que podría llegar a finales de 2018 o a principios de 2019, abriría una puerta simbólica en la reparación de las víctimas de la dictadura, y sobre todo marcaría el camino para investigar las torturas en otros centros de trabajo como en Mercedes, Renault o Fiat.