Este lunes ha comenzado el juicio contra el cardenal Philippe Barbarin, la máxima autoridad de la iglesia católica en el país, Está siendo juzgado por ocultar los abusos de un cura pederasta al que mantuvo en una parroquia de su diócesis.
PUBLICIDADEl cardenal Philippe Barbarin defiende sus acciones, argumentando que seguía órdenes del Vaticano.
Este lunes ha comenzado en Lyon el juicio contra el cardenal, una de las principales figuras de la Iglesia Católica en el país, acusado de ocultar los abusos de un cura pederasta al que mantuvo en una parroquia de su diócesis.
"Hice lo que Roma me pidió que hiciese. Me pidieron que evitase un escándalo público y actué acorde", ha dicho durante el juicio, según informa nuestra enviada especial Valerie Gauriat.
Además del cardenal, también están encausados otros cinco responsables eclesiásticos, por conocer los abusos y no denunciarlos.
A la salida del Tribunal hablaba uno de sus abogados, André Soulier:
"La pregunta es, simplemente, saber: ¿Conocía el cardenal Barbarin los rumores que circulaban a su alrededor o las acusaciones que podrían formularse? ¿Estaba lo suficientemente informado como para acudir a la Fiscalía? ¿Sabía lo suficiente como para llamar a su chófer e ir al Palacio de Justicia? Esa es la cuestión, no hay más".
El cura Bernard Preynat reconoció en 2014 haber abusado de decenas de menores durante dos décadas. Las víctimas comenzaron a presentar denuncias en 2015 y se agruparon en una asociación, "La parole libérée" (La palabra liberada). A través de ella dieron a conocer su caso a los medios de comunicación.
François Devaux es uno de los fundadores:
"Acabamos de empezar un debate que se había mantenido moral, porque no teníamos más remedio que hacerlo. Así que fuimos a buscar a un agente de confianza, que es la opinión pública, a través de los medios de comunicación. Y ahora volvemos al agente de confianza número uno en nuestra sociedad que es la justicia. Vamos a ver si la moral y la justicia se unen y cómo se posiciona la justicia".
El cardenal Barbarin se enfrenta a tres años de prisión y a una multa de 45.000 euros. La decisión del tribunal dependerá de si debió haber denunciado al sacerdote, cuando se enteró de las acusaciones en su contra.