La Secretaría de Estado de Turismo de España informó que tiene previsto reunirse con representantes de la aerolínea de bajo costo para intentar controlar los daños que generará el cierre de las bases en territorio español. Al menos 500 personas perderían su puesto de trabajo.
PUBLICIDADHa sido un viernes negro para los trabajadores de Ryanair en España. La compañía aérea de bajo costo ha comunicado que pondrá en marcha un expediente de regulación de empleo (ERE), procedimiento administrativo el cual permite a una empresa obtener la autorización de suspender o despedir a su plantilla debido a una precaria situación económica.
**Esta resolución afectará alrededor de 512 empleados entre tripulantes de cabina y pilotos. **
En su comunicado, Ryanair confirma el cierre de sus bases en los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife Sur, Lanzarote y Girona para el próximo 8 de enero.
Por su parte, la Secretaría de Estado de Turismo española tiene previsto reunirse con Ryanair, junto con el Ministerio español de Fomento y el gobierno regional de Canarias, a principios de septiembre para intentar que el cierre tenga el mínimo impacto posible.
Asimismo, Isabel Oliver, representante de la Secretaría, aseguró que también habrá una reunión con la empresa pública Aena y el gobierno regional de Cataluña para discutir la situación en Girona.
Oliver ha explicado que lo ideal sería que todos esos cierres no se produzcan, pero que, si no es posible evitarlos, será necesario crear un plan de acción que no afecte severamente el tráfico aéreo y el turismo en España.
La situación preocupa al Gobierno español, dada la importancia de la conectividad de la compañía sobre todo con las islas y esperan, en los encuentros previsto, conocer de primera mano las razones que han llevado a la compañía a tomar esa decisión y contar con más datos para poder cuantificar su efecto.
En cuanto a la posibilidad de conceder subvenciones a Ryanair para que mantenga sus bases, Oliver ha indicado que "desde el Gobierno de Estado no se hace y no se ha hecho en ningún caso", mientras que desde las administraciones regionales hay que ver la disponibilidad que puedan tener y también la cuestión de competencia y la UE.