Sus miembros acusan al Kremlin y a los órganos de seguridad del Estado de intentar impedir que siga investigando los crímenes cometidos durante la URSS y desde 1991, especialmente desde que el actual presidente, Vladímir Putin, llegó al poder en 2000.
PUBLICIDADEl Tribunal Supremo de Rusia ordenó este martes la liquidación de Memorial Internacional, la principal organización de derechos humanos de este país y la voz de los represaliados soviéticos.
El fallo, que satisface la petición de la Fiscalía que acusó a la ONG de crear "una imagen falsa de la Unión Soviética como Estado terrorista", disuelve tanto la organización de memoria histórica como la de defensa de los derechos humanos que integran Memorial.
"¿Por qué ahora nosotros, los descendientes de los vencedores, debemos observar los intentos de rehabilitar a los traidores a la patria y los cómplices nazis? (...) Seguramente porque alguien paga por ello", denunció el fiscal, Alexéi Zhafiárov.
"¡Vergüenza!", fue el grito que se pudo oír frente al edificio del Supremo, donde se concentraron unas cien personas para apoyar a Memorial.
Sus miembros acusan al Kremlin y a los órganos de seguridad del Estado de intentar impedir que siga investigando los crímenes cometidos durante la URSS y desde 1991, especialmente desde que el actual presidente, Vladímir Putin, llegó al poder en 2000.
Memorial, que recibió el Premio Sájarov del Parlamento Europeo en 2009 y ha sido candidata en varias ocasiones al Nobel de la Paz, cuenta entre sus fundadores al científico y disidente soviético Andréi Sájarov, Nobel de la Paz en 1975, padre de la bomba de hidrógeno y precursor de la defensa de los derechos humanos en este país.
La ONG recurrirá al Tribunal Europa de Derechos Humanos
Antes de conocerse el fallo, el defensor de Memorial, el veterano abogado Guenri Reznik, consideró que la Fiscalía es consciente de que su demanda no tiene fundamento y es "ilegal", y advirtió que el juicio es "un test de los valores que determinan la vida en un Estado de derecho".
Seguidamente, Reznik adelantó que recurrirá una sentencia condenatoria y, en caso necesario, apelará al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.