"No puede haber víctimas con todos los derechos como son las del terrorismo; a un estado democrático le tienen que doler por igual y los debe reparar".
PUBLICIDADEl Congreso de los Diputados de España aprobó la ley de Memoria Democrática este jueves. El Gobierno del país pretende con esta nueva medida mantener el recuerdo de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, así como fomentar el conocimiento de las figuras que hicieron posible la transición.
Esta ley ha generado muchas críticas por parte de la oposición. El Partido Popular (PP), Vox y Ciudadanos señalan que la ley no tiene en cuenta a las víctimas del terrorismo y que es revisionista. Otros como Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) la consideran insuficiente. Para Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), esta ley “carece de medidas reales”.
Una ley que carece de medidas reales
Para los activistas por la memoria histórica, la nueva ley de Memoria Democrática supone un avance en materia simbólica, ya que condena el régimen franquista y anula los juicios de dicho periodo, retira los títulos nobiliarios que concedió Franco, ilegaliza la Fundación Franco… Aun así, desde la ARMH, explican que hay mucho por hacer.
Una de las principales quejas por parte de los activistas es la negativa del Gobierno a derogar la Ley de Amnistía, aprobada en 1977 y que, según la jurisprudencia española, impide investigar los crímenes del franquismo.
La nueva ley específica que estudiará y no investigará las posibles vulneraciones de los derechos humanos de 1978 a 1983; y que creará una comisión para ello. Esto quiere decir que los responsables de la violencia política de este periodo seguirán sin ser juzgados, lo cual incluye la guerra sucia del Estado contra ETA y los GAL. Emilio opina: “si son hechos criminales deberían estar investigados, porque ya éramos en aquel momento una democracia”.
Otro elemento polémico de la nueva ley es el concepto de “verdad”. Aunque el Estado tiene previsto asumir la búsqueda de personas desaparecidas y la creación de un Fiscal de Sala para investigar las violaciones de derechos humanos; la nueva ley no hace ninguna mención a los “verdugos” ni a la reparación de las víctimas.
“Si tú tienes un compromiso con la verdad, no puedes hablar solo de las víctimas, tienes que hablar también de los verdugos”, declara el presidente de ARMH. Y es que en el texto aparece 142 veces escrito la palabra víctima, pero ni una sola vez la palabra verdugo. Además, “hay miles de libros censurados por la dictadura que siguen en las bibliotecas, lo que significa que habrá miles de personas que hayan leído estos libros y que ni siquiera sepan que les faltan páginas”, añade.
Argumentos de la oposición
El PP, Ciudadanos y Vox han sido los principales partidos políticos que se han opuesto a la creación de una nueva ley en defensa de la memoria. Uno de sus argumentos es la ausencia de las víctimas del terrorismo en el debate.
Según los activistas por la memoria histórica, la oposición emplea este argumento como excusa para no apoyar esta ley. “Con este argumento, la oposición consigue no entrar en el debate de fondo, que significaría sacar a la luz todas las consecuencias de las violaciones de derechos humanos por parte de la dictadura que todavía existen hoy”, declara Silva.
En España, existe desde 2011 la “Ley de Reconocimiento y Protección Integración a las Víctimas del Terrorismo”, que rinde homenaje “rinde homenaje a las víctimas del terrorismo y expresa su compromiso permanente con todas las personas que lo han sufrido o que lo pudieran sufrir en el futuro, en cualquiera de sus formas”. Gracias a esta ley, ha habido juicios, sentencias, condenas y compensaciones económicas para los afectados.
La Ley de Memoria Democrática no incluye ningún tipo de indemnización económica para las víctimas de la dictadura, algo muy distinto al caso de Argentina. Este país ha hecho grandes esfuerzos por reparar el daño causado durante el régimen militar que duró de 1976 a 1983. Entre 1991 y 2004, Argentina aprobó tres leyes nacionales que indemnizan a presos políticos, familiares de desaparecidos y e hijos nacidos en cautiverio.
Para Silva, este hecho abre el debate de si existe discriminación entre víctimas o violencias. “No puede haber unas que tengan todos los derechos como son las del terrorismo; a un estado democrático le tienen que doler por igual y los debe reparar”.
Un avance simbólico
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha dejado claro que aún queda bastante para que el Estado y otras entidades participen en la creación de una ley completamente justa.
Este año, el Vaticano publicó miles de archivos entre 1939 y 1958 referentes a las persecuciones de judíos por parte de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Del mismo modo, ARMH ha reclamado a esta institución que haga lo mismo con respecto a los archivos de la época de la dictadura.
La Ley de Memoria Democrática aún tiene que pasar por el Senado, donde puede mejorarse y ampliarse el texto. Para esta asociación, esto es un hecho que debería ocurrir, ya que esta ley es un avance simbólico, pero no suficiente.