Los inmigrantes adultos que mienten sobre su edad haciéndose pasar por menores están en el punto de mira del último decreto del Gobierno.
PUBLICIDADEl Gobierno italiano quiere aumentar el número de repatriaciones de inmigrantes ilegales. Los inmigrantes adultos que mienten sobre su edad haciéndose pasar por menores están en el punto de mira del último decreto del Gobierno.
Las nuevas medidas se aprobaron en una reunión del gabinete el miércoles por la noche. Roma asegura que se ajustarán a la legislación europea, incluida la protección de menores, pero han sido criticadas por organizaciones humanitarias.
Hasta ahora, los niños que llegaban a Italia sin padre, madre o tutor legal podían acogerse a un régimen especial de protección basado en la presunción de minoría de edad, pero con el nuevo decreto las fuerzas policiales dispondrán de más poderes, más herramientas, incluido el uso de medidas corporales y radiografías para verificar la edad de cualquier individuo.
En virtud de este nuevo decreto, los menores de más de 16 años serán internados durante un periodo limitado de tiempo en centros de acogida reservados a los adultos. La razón es que varios alcaldes locales se quejaron de la falta de instalaciones disponibles para acoger a menores y de los costes que supone mantenerlos.
Estos centros de acogida han sido criticados por sus pésimas condiciones y las organizaciones humanitarias han expresado su preocupación por esta última medida.
El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, subrayó que las nuevas normas se ajustarán a la legislación europea sobre protección de inmigrantes menores de edad, pero también explicó que aquellos cuya edad sea incierta serán sometidos a estrictas mediciones antropométricas y radiografías. Piantedosi también destacó la importancia de aumentar el número de centros de detención para inmigrantes ilegales, ya que los procesados en estos centros tienen más probabilidades de ser repatriados.
El objetivo del decreto es también aumentar las expulsiones. De hecho, entre otras medidas, los extranjeros que vivan legalmente en Italia serán expulsados si se considera que constituyen una amenaza para el orden público o la seguridad nacional.
Las medidas llegan en medio de una afluencia de migrantes del norte de África a Europa, incluida la isla meridional italiana de Lampedusa.