Las autoridades colombianas han logrado un avance significativo en la investigación del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay al capturar a Elder José Arteaga Hernández, conocido como 'el Costeño'.
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Este arresto representa la detención del quinto sospechoso relacionado con el grave ataque ocurrido hace un mes en Bogotá, que mantiene al político de 39 años en estado crítico.
La detención de Arteaga Hernández se produjo en tiempo récord, menos de 24 horas después de que la Interpol emitiera una notificación roja de busca y captura internacional. El operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía se ejecutó en la localidad bogotana de Engativá, el mismo lugar donde Uribe Turbay fue gravemente herido el pasado 7 de junio durante un mitin político.
Según el director de la Policía colombiana, el general Carlos Fernando Triana, 'el Costeño' habría sido el encargado de inducir y utilizar al menor de edad de 15 años que ejecutó los disparos contra el senador. Los cargos que pesan sobre Arteaga incluyen homicidio agravado en grado de tentativa, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, además del uso de menores de edad para la comisión de delitos. Por su captura se había ofrecido una recompensa de 300 millones de pesos colombianos, equivalente a aproximadamente 75.000 dólares.
El atentado ocurrió a plena luz del día cuando Uribe Turbay, senador del partido Centro Democrático, se dirigía a un grupo de seguidores en un parque de Modelia como parte de sus actividades preelectorales para las presidenciales de 2026. El político recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda, permaneciendo desde entonces en estado grave en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde ha sido sometido a múltiples cirugías, incluyendo una intervención de emergencia por edema cerebral el 16 de junio.
Controversia por la reducción del esquema de seguridad
Uno de los aspectos más preocupantes del caso ha sido la reducción inexplicable del esquema de seguridad de Uribe Turbay el mismo día del atentado. El presidente Gustavo Petro reveló que la protección del senador fue disminuida extrañamente de siete a tres personas justo antes del ataque, un hecho que ha generado graves cuestionamientos sobre la responsabilidad institucional.
La familia del político ha presentado una denuncia penal contra la Unidad Nacional de Protección (UNP), dependiente del Ministerio del Interior, alegando negligencia en las peticiones de refuerzo de seguridad. El abogado de la familia, Víctor Mosquera, reveló que durante 2025 se realizaron más de 23 solicitudes de refuerzo de protección, siendo la última presentada el 5 de junio. Las respuestas de la UNP, según Mosquera, se basaban en un 'copy-paste' que descartaba sistemáticamente los refuerzos solicitados.
El temor al retorno de la violencia política en Colombia
El atentado contra Miguel Uribe Turbay ha despertado los fantasmas del pasado en Colombia, reavivando el temor a regresar a los oscuros años del siglo pasado cuando varios candidatos presidenciales fueron asesinados. Muchos analistas consideran este ataque como un retroceso de tres décadas en materia de violencia política, recordando los asesinatos de Luis Carlos Galán Sarmiento, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro durante la campaña electoral de 1990, época en la que Colombia enfrentaba la violencia del narcotráfico y grupos guerrilleros como las FARC.
La gravedad de la situación ha llevado a nueve partidos políticos colombianos, principalmente de derecha, a anunciar su intención de acudir a instancias internacionales para garantizar la equidad en el proceso electoral. En un comunicado conjunto, estas fuerzas políticas expresaron su preocupación por la falta de garantías y los presuntos sesgos del gobierno contra la oposición, solicitando condiciones de equidad que consideran les están siendo negadas a nivel nacional.
La investigación continúa desarrollándose con el menor de 15 años que ejecutó los disparos bajo custodia policial, cuyo testimonio resulta clave para esclarecer completamente la red criminal detrás del atentado. Con cinco arrestos realizados hasta la fecha, las autoridades siguen trabajando para desmantelar completamente la organización criminal responsable de este grave ataque contra la democracia colombiana.