Una operación conjunta de Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera ha desmantelado una red criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres sudamericanas en siete provincias españolas. Las autoridades han liberado a 162 víctimas y detenido a 37 personas.
PUBLICIDAD
Una red criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres ha sido desarticulada en una macrooperación conjunta llevada a cabo por la Policía Nacional, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera. Las redadas, desarrolladas en siete provincias españolas, han permitido la liberación de 162 mujeres y la detención de 37 personas, de las cuales nueve han ingresado ya en prisión provisional, según ha informado la Policía este martes.
La organización operaba a través de inmuebles reformados y camuflados como centros de masajes, donde las víctimas, en su mayoría de origen sudamericano y en situación de vulnerabilidad, eran obligadas a ejercer la prostitución. Las mujeres eran captadas tanto en España como en sus países de origen, muchas veces sin permisos de residencia ni trabajo, lo que las dejaba a merced de sus explotadores.
Los agentes llevaron a cabo 39 registros en las provincias de Valencia, Alicante, Castellón, Barcelona, Málaga, Murcia y Tarragona, donde además de liberar a las víctimas, se incautaron de 141.000 euros en efectivo y tres vehículos. También se intervinieron más de 60 cuentas bancarias, inmuebles y material informático vinculado a la contabilidad de los prostíbulos.
Control y vigilancia las 24 horas
Las condiciones de vida de las mujeres eran extremas: solo podían salir dos horas al día y permanecían encerradas en habitaciones donde también atendían a los clientes, muchas veces hacinadas en literas o durmiendo en las mismas camas utilizadas para los servicios sexuales. En cada inmueble había encargadas que vigilaban, cobraban a los clientes, atendían llamadas telefónicas y, en algunos casos, proporcionaban drogas.
Los responsables de la organización habían instalado sistemas de videovigilancia en los locales para controlar en tiempo real tanto a las víctimas como a las actividades desarrolladas. Además, las mujeres eran trasladadas entre distintas ciudades según las necesidades de la red, que había comenzado a extenderse más allá de la Comunidad Valenciana, con presencia creciente en Cataluña, Murcia y Andalucía.
Las investigaciones revelaron una estructura criminal compleja, dividida en tres niveles: en la cúspide se encontraban los líderes, unidos por lazos familiares o sentimentales, propietarios o arrendatarios de los inmuebles y beneficiarios principales del negocio. En el segundo escalón estaban los supervisores y recaudadores, y en el nivel inferior, las encargadas de los locales, reformistas, conductores y distribuidores de estupefacientes.
Paralelamente, la Agencia Tributaria, a través de su Área Regional de Vigilancia Aduanera en Valencia, abrió una investigación patrimonial centrada en el blanqueo de capitales. En los registros se hallaron libretas con la contabilidad detallada de cada local y ordenadores con documentación financiera. Las autoridades han localizado bienes muebles, inmuebles y numerosas cuentas bancarias vinculadas a los investigados, con el objetivo de asegurar su eventual decomiso.
La operación se puso en marcha tras la denuncia de tres víctimas que lograron escapar y alertar a las autoridades sobre la existencia de esta red de trata. Su testimonio fue clave para destapar una organización que, bajo apariencia de legalidad, gestionaba un sistema de prostitución encubierto en múltiples puntos del país.