La Audiencia Nacional de España ha decretado el secreto de sumario para una nueva pieza separada en la investigación sobre pagos en metálico efectuados por el PSOE entre 2017 y 2024.
La Audiencia Nacional ha decidido abrir una pieza separada y mantener en secreto de sumario la investigación sobre los pagos en efectivo realizados por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) entre los años 2017 y 2024. Esta decisión responde a la entrega al juzgado de toda la documentación exigida por el magistrado Ismael Moreno, quien instruye el conocido caso Koldo.
El PSOE remitió al juzgado una memoria USB con todos los listados y justificantes de los pagos en metálico efectuados durante siete años, tal y como había requerido el instructor. En su escrito, la formación política solicitó que el análisis de estos datos se realizara en una pieza secreta, dado el carácter sensible de la información personal y financiera que contienen los pagos, que incluyen a cargos, trabajadores, simpatizantes y voluntarios.
El juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2, había abierto esta pieza separada tras un requerimiento del Tribunal Supremo, que consideró que existían incógnitas no aclaradas sobre la naturaleza y el uso de esos pagos en efectivo, en el contexto de la investigación que involucra al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.
La medida de secreto de sumario implica que el acceso a la información será restringido y que sólo la Fiscalía Anticorrupción y las partes autorizadas podrán examinar los detalles mientras se practican las diligencias de investigación pendientes. La Fiscalía dispone ahora de un plazo para emitir su informe sobre la documentación entregada, y la causa seguirá bajo reserva para preservar el desarrollo de la investigación.
Esta decisión se produce después de meses de exigencias judiciales a la formación para que facilitara el registro completo de pagos en metálico entre 2017 y 2024, dentro de una investigación que busca esclarecer si dichos pagos podrían estar vinculados a supuestas irregularidades, incluido el posible blanqueo de fondos o financiación irregular.