El Supremo accedió a la solicitud de la Fiscalía, que solicitaba prisión sin fianza para José Luis Ábalos y Koldo García ante el riesgo de fuga antes del juicio. A media tarde se hizo efectivo su ingreso en prisión. Las acusaciones reclaman penas de hasta 30 años para el exministro y su exasesor.
El Tribunal Supremo dictaminó este jueves que el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García, deberán ingresar en prisión, de manera provisional y sin posibilidad de fianza, ante el riesgo de fuga existente. La Corte se posicionó así del lado de la Fiscalía Anticorrupción, que planteó su solicitud en una vistilla celebrada el jueves, en la que se revisaron las medidas cautelares que tenía impuestas.
Tanto Ábalos como Koldo García ingresaron el jueves por la tarde en la cárcel de Soto del Real, a las afueras de Madrid, y está previsto que pasen la noche en el módulo de ingreso, a la espera de que se les asigne una celda el viernes.
Hasta ahora, Ábalos debía presentarse cada dos semanas ante la Justicia, tenía retirado el pasaporte y tenía prohibido salir de España. El magistrado del Supremo Leopoldo Puente determinó que el riesgo de fuga ha aumentado desde el comienzo del proceso hasta el punto de ser "extremo".
Una vez ha ingresado en prisión, Ábalos queda suspendido de sus funciones y obligaciones como parlamentario, si bien mantendrá su acta en el Congreso, tal y como dicta el reglamento de la Cámara.
Peticiones de penas elevadas
La comparecencia se produce después de que la semana pasada, Anticorrupción y las acusaciones populares presentaran sus escritos de calificación, en los que pidieron penas de prisión elevadas para los principales acusados del primer juicio por la trama de mascarillas.
Las acusaciones reclaman 30 años de cárcel para Ábalos y su exasesor ministerial Koldo García, mientras que la Fiscalía solicita 24 años para el exministro y 19,5 años para García.
La petición sobre Ábalos llega tras la reciente excarcelación de Santos Cerdán, investigado por el supuesto cobro de comisiones vinculadas a obras públicas dentro de la misma trama. En cualquier caso, un eventual ingreso en prisión no impediría a Ábalos mantener su escaño en el Congreso mientras no haya una sentencia firme que lo inhabilite.
Entretanto, el empresario Víctor Aldama, señalado como presunto intermediario de la trama, declara en la Audiencia Nacional. Las acusaciones piden para él siete años de cárcel, rebajados por su colaboración con la investigación. Aldama deberá responder al informe de la Unidad Central Operativa (UCO), que sostiene que pagaba a Koldo García 10.000 euros mensuales para que intercediera en favor de sus negocios, entre ellos ante el entonces presidente canario y actual ministro, Ángel Víctor Torres.
Reacciones políticas: "Es devastador para Sánchez"
El ingreso en prisión provisional de Ábalos y Koldo García ha sacudido por completo el tablero político y ha tensado especialmente al Partido Socialista. Desde el ámbito de la izquierda, en declaraciones a 'TVE', el exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha descrito la situación como un golpe muy duro para Pedro Sánchez, destacando que la detención de dos antiguos responsables de organización del partido "es devastador" para Pedro Sánchez.
En la misma línea, Sumar ha reclamado que la investigación avance hasta el final, insistiendo en que deben asumirse todas las responsabilidades que correspondan. Su dirección evita pronunciarse sobre procesos judiciales en marcha, pero en este caso subraya que la respuesta ante cualquier indicio de corrupción debe ser firme y sin excepciones.
Mientras tanto, la cúpula socialista trata de desligar al partido del caso y recuerda que Ábalos fue expulsado hace meses, insistiendo en que la investigación de la Guardia Civil apunta a comportamientos individuales y no al PSOE como organización.
Desde la oposición, el Partido Popular considera que la situación trasciende lo judicial y exige una reacción política inmediata. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado a los ciudadanos a una concentración en Madrid y sostiene que el presidente del Gobierno debería adelantar elecciones.
El líder popular acusa a Sánchez de haber deteriorado su entorno político y anima a los socios parlamentarios a desmarcarse, responsabilizando al Ejecutivo de la erosión institucional generada. Según su interpretación, lo ocurrido no responde a factores externos ni a maniobras judiciales, sino a un deterioro interno que, a su juicio, afecta al conjunto del Gobierno y que exige una respuesta contundente por parte de la sociedad y del propio Congreso.