La Fiscalía solicita prisión sin fianza para José Luis Ábalos por riesgo de fuga antes del juicio del caso Koldo. El Supremo decidirá mientras las acusaciones reclaman penas de hasta 30 años para el exministro y su exasesor.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido prisión provisional sin fianza para el exministro de Transportes José Luis Ábalos al considerar que ha aumentado el riesgo de fuga ante el inminente juicio por el caso Koldo. La solicitud se planteó en una vistilla celebrada en el Tribunal Supremo, donde se revisaban las medidas cautelares que tenía impuestas.
Hasta ahora, Ábalos debía presentarse cada dos semanas ante la justicia, tenía retirado el pasaporte y tenía prohibido salir de España. El magistrado del Supremo Leopoldo Puente será quien determine si se decreta finalmente su ingreso en prisión.
Peticiones de penas elevadas
La comparecencia se produce después de que la semana pasada Anticorrupción y las acusaciones populares presentaran sus escritos de calificación, en los que piden penas de prisión elevadas para los principales acusados del primer juicio por la trama de mascarillas.
Las acusaciones reclaman 30 años de cárcel para Ábalos y su exasesor ministerial Koldo García, mientras que la Fiscalía solicita 24 años para el exministro y 19 años y medio para García. Koldo García está citado este jueves a las 12:30 en el Supremo por los mismos motivos y podría enfrentarse a idéntica petición de prisión provisional.
Otros frentes del caso Koldo
La petición sobre Ábalos llega tras la reciente excarcelación de Santos Cerdán, investigado por el supuesto cobro de comisiones vinculadas a obras públicas dentro de la misma trama. En cualquier caso, un eventual ingreso en prisión no impediría a Ábalos mantener su escaño en el Congreso mientras no haya una sentencia firme que lo inhabilite.
Entretanto, el empresario Víctor Aldama, señalado como presunto intermediario de la trama, declara en la Audiencia Nacional. Las acusaciones piden para él siete años de cárcel, rebajados por su colaboración con la investigación. Aldama deberá responder al informe de la UCO, que sostiene que pagaba a Koldo García 10.000 euros mensuales para que intercediera en favor de sus negocios, entre ellos ante el entonces presidente canario y actual ministro, Ángel Víctor Torres.