Campania, en el sur de Italia, sigue registrando altas tasas de mortalidad debido a la contaminación ambiental derivada del vertido ilegal y la quema de residuos tóxicos por parte de la mafia durante décadas.
Este viernes Italia celebra un aniversario incómodo: se cumplirá un año desde que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado italiano por no proteger a sus ciudadanos que viven en la llamada 'Terra dei Fuochi' o Tierra de los Fuegos, una vasta zona del sur del país devastada por décadas de vertidos e incendios ilegales de residuos tóxicos.
'Euronews' ha viajado a Campania para ser testigo de la cruda realidad de quienes siguen soportando el peso del legado tóxico de la zona. Lápida tras lápida, Angelo Venturato, vecino de Acerra, nos guía por los callejones del cementerio de la ciudad. "Este es un niño que murió de cáncer. Aquí hay otro que nació en 2002 y murió en 2023. Esta mujer, un tumor. Este niño, un tumor. Aquí, un padre y sus dos hijos: los tres murieron de cáncer".
Venturato conoce bien el camposanto. "Aquí está mi hija", suspira, deteniéndose ante la lápida con las fotos de una joven radiante: "Tenía 25 años. Murió unos meses antes de su boda". El nombre de María quedó grabado en la piedra después de tres años de lucha contra el cáncer. "Empezó con un sarcoma maligno en la pierna, de 23 centímetros", explica Venturato. "Se lo extirparon, pero el cáncer se extendió a los pulmones. A pesar de tres operaciones, el cáncer reapareció, más agresivo. Y murió".
Situada en el corazón de la Tierra de los Fuegos, una zona que se extiende entre Nápoles y Caserta, Acerra es una de las ciudades más afectadas por los índices récord de casos de cáncer en un territorio que alberga a unos tres millones de personas.
La causa está bien documentada. Durante más de 40 años, los residuos industriales, químicos y a veces radiactivos se enterraban bajo tierra, se quemaban en campo abierto o se vertían ilegalmente a lo largo de carreteras y tierras de cultivo. El tráfico estaba orquestado por la red criminal de la Camorra, pero dependía de un sistema mucho más amplio en el que participaban empresas de toda Italia, y de fuera de ella.
"El Estado se vendió"
Marilena Natale lleva años investigando la Tierra de los Fuegos, también conocida como el Triángulo de la muerte. Sus reportajes le han valido amenazas de muerte por parte de la mafia. Desde 2017, vive bajo protección policial armada. Esta lleva a 'Euronews' con escolta a uno de los primeros vertederos utilizados durante la construcción de carreteras.
"Para construir estas carreteras, necesitaban tierra", explica. "Hicieron agujeros enormes. Para rellenarlos enterraban residuos industriales, incluidos residuos radiactivos. Luego había otros sitios, para residuos de la construcción, y después residuos urbanos".
Las autoridades italianas ya conocían estas prácticas en 1997. Sin embargo, gran parte de la información fue clasificada como secreto de Estado hasta 2013, cuando Carmine Schiavone, un capo de la Camorra tránsfuga, describió públicamente la magnitud del tráfico. "El Estado se vendió", dice Natale. "A la Camorra, a empresarios corruptos, a magistrados corruptos, a fuerzas policiales corruptas. Así nació la Tierra de los Fuegos".
El tráfico a gran escala de residuos industriales ha disminuido en la última década, tras una amplia ofensiva contra los traficantes, así como contra las autoridades corruptas, la judicatura y las fuerzas del orden.
"Nápoles es la región más joven de Italia, pero también la más enferma"
No obstante, durante años, los residentes bebieron agua, cultivaron cosechas y criaron animales en tierras contaminadas, sin ser conscientes de lo que había bajo sus pies. Metales pesados, hidrocarburos, amianto y residuos tóxicos se filtraban en el suelo, el aire y las aguas subterráneas.
Todo ello tuvo consecuencias a largo plazo. "En 2025, Nápoles es la región más joven de Italia, pero también la más enferma", afirma el profesor Antonio Marfella, oncólogo y experto en salud ambiental de Nápoles. "Estamos en el pico nacional de cáncer de pulmón, hígado, leucemia, linfoma, vejiga... También tenemos las tasas más altas de alzheimer y párkinson de Italia", explica Marfella.
Luigi Costanzo, médico de familia en la ciudad de Frattamaggiore, declara a 'Euronews' que ve a diario el coste humano. "En Italia, un médico de cabecera con 1.500 pacientes como yo, ve una media de nueve casos de cáncer al año. Yo ya tengo quince", dice Costanzo. "También veo muchas parejas jóvenes que no pueden tener hijos. O tienen hijos con malformaciones", añade.
Hasta 2021, las autoridades sanitarias italianas no reconocieron oficialmente el impacto de la contaminación de origen criminal en la salud humana. Para muchas familias, ya era demasiado tarde. El hijo de Marzia Caccioppoli, Antonio, tenía nueve años y medio cuando murió en 2014 de un grave tumor cerebral.
Solo comprendió las causas ambientales de su enfermedad después de enterrarlo. "Mi Antonio no fue un niño desafortunado. Fue un niño asesinado silenciosamente por el Estado, que lo sabía y guardó silencio", dice Caccioppoli, con una voz mezcla de rabia y dolor. "Esa parte del Estado que fue cómplice, y que a lo largo de los años dejó morir a tantos otros niños, que podrían haberse salvado".
Fruto de su dolor, Caccioppoli fundó la asociación Noi Genitori di Tutti ('Nosotros los padres de todos'), que apoya a las familias de niños enfermos y transforma la tragedia personal en acción colectiva.
Condena por no proteger el derecho a la vida de los italianos
Caccioppoli fue uno de los residentes que, en 2013, llevaron a Italia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El veredicto llegó finalmente el 30 de enero de 2025. El tribunal estableció que Italia había violado el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos -el derecho a la vida- al no "tratar una situación tan grave con la diligencia y la prontitud requeridas."
Según la sentencia, lo hizo "a pesar de conocer el problema desde hacía muchos años, concretamente en lo que se refiere a la evaluación del problema, la prevención de su continuación y la comunicación al público afectado". El caso 'Cannavacciuolo y otros contra Italia' lleva el nombre de la familia de Alessandro Cannavacciuolo. Fue el primero en recurrir al TEDH, después de que los animales de su granja familiar en Acerra, y muchos de sus parientes, quedaran diezmados por la contaminación de la zona.
Cannavacciuolo afirma que, aunque esta sentencia histórica da esperanzas a las víctimas, aún no se ha puesto en práctica. "Cuando emprendimos nuestras primeras luchas, protestando en plazas y pidiendo a las instituciones que tomaran medidas, empezaron también las amenazas: nos persiguieron, quemaron nuestros coches, mataron a nuestros animales", recuerda. "Tuvimos el valor de resistir, y nos aseguramos de que nuestra voz y nuestra tragedia llegaran a los tribunales europeos. Hoy esperamos que los ciudadanos estén realmente protegidos".
El Tribunal Europeo ordenó a Roma que, en un plazo de dos años, elaborara una estrategia global para remediar el territorio, estableciera un control independiente y creara una plataforma de información pública en la que se detallaran la contaminación y los riesgos. Italia respondió a la sentencia del TEDH con el Decreto-Ley 116/2025, que introduce disposiciones urgentes para combatir las actividades ilegales relacionadas con los residuos, ampliar la aplicación de la ley y mejorar los procedimientos de saneamiento en toda Campania.
Limpieza de la contaminación y escepticismo público
En febrero de 2025, se nombró a un comisario especial, el General de Carabinieri Giuseppe Vadalà, para coordinar los esfuerzos de limpieza. La magnitud del reto es enorme, afirma.
"Hemos calculado que había 33.000 toneladas de residuos vertidos en la superficie sobre los que estamos interviniendo", explica el general Vadalà a 'Euronews'. "Luego están los trabajos de descontaminación de los residuos enterrados de los vertederos de los años 80 y 90, que la delincuencia organizada utilizaba para el comercio ilegal", añade.
"En los próximos dos años, debemos ser más eficaces en la eliminación de los residuos superficiales y llevar a cabo la descontaminación y el aseguramiento de 15 emplazamientos. En un periodo más largo, de 10 años, habrá que limpiar o asegurar 293 emplazamientos. Hemos calculado que se necesitarán 2.000 millones de euros".
Los retrasos son demasiado largos y las sumas asignadas a las obras de descontaminación son insuficientes para hacer frente a la plaga, dicen muchos habitantes, mientras se siguen vertiendo y quemando ilegalmente residuos tóxicos en la Tierra de los Fuegos.
Los miembros de la asociación 'Le Mamme di Miriam' vigilan sin descanso el territorio para evaluar la realidad actual. Un grupo de ellos guía a 'Euronews' entre charcos de lluvia y escombros en uno de los vertederos ilegales que bordean casas y campos en las afueras de Acerra.
"Como pueden ver, aquí mismo tiraron un cajero automático", dice Antonietta Moccia, señalando un cajero que flota boca abajo en la superficie del canal que fluye bajo nuestros pies. "Esta zona lleva 10 años embargada. Sin embargo, hay tuberías, residuos industriales y, muy cerca de aquí, un campo con cultivos", señala Moccia. "Más allá también hay amianto. Llevamos mucho tiempo denunciándolo, pero sigue ahí".
Un territorio descontrolado
Blandiendo un cartel de obra tirado al borde de la carretera, junto a bolsas llenas de residuos, Anna Lo Mele, cofundadora de la asociación, no puede contener su rabia. "Son residuos de una obra. Es un territorio salvaje. ¿Es normal vivir en este desorden? ¿Es normal que nuestros hijos no puedan jugar nunca en el campo por culpa de los residuos?", pregunta Lo Mele.
La asociación de madres lleva el nombre de Miriam, la hija de 19 años de Moccia, que sobrevivió a un raro cáncer del sistema nervioso. "A mi hija le diagnosticaron a los cinco años un meduloblastoma metastásico. Sobrevivió, pero tardaron 10 años en declararla fuera de peligro", dice Moccia.
"Pero no ha terminado, porque la quimioterapia, la radioterapia y dos autotrasplantes, destruyeron otras cosas. Miriam necesitará controles de por vida", afirma con amargura. "A pesar de todo, tengo suerte porque mi hija está viva, pero muchas madres lloran por sus hijos. Por eso ya no creo en las instituciones que, aún hoy, nos abandonan a nuestra suerte", añade Moccia, de la que pronto se hace eco Lo Mele.
"Nos dejaron morir y siguen dejándonos morir. Es un ecocidio", dice a 'Euronews'. Sin embargo, desde la entrada en vigor del nuevo plan de acción contra la contaminación de Tierra de los Fuegos, se han reforzado las sanciones contra los delitos ecológicos, así como la presencia militar y policial.
Nos dirigimos a Casal di Principe, a unos 30 kilómetros al este de Acerra. Situada en la provincia de Caserta, la ciudad es conocida desde hace tiempo como un bastión de la Camorra. La Policía local nos permite seguirles en una de sus intervenciones. "Vamos a vigilar las actividades que, según nuestras informaciones, son ilegales. Actuamos en un contexto de delincuencia común y organizada. Recomiendo máxima seguridad", advierte el capitán Marco Busetto, comandante del grupo de Carabinieri de Casal di Principe.
Carabinieri en primera línea
El sol apenas atraviesa la bruma invernal cuando los coches patrulla entran en una pequeña fábrica de cemento situada en las afueras de la ciudad. Los agentes se despliegan por la propiedad para inspeccionar el lugar, mientras los propietarios de la empresa observan.
"Sobre el papel, esta empresa solo está autorizada a realizar movimientos de tierra, pero no a producir cemento", dice el capitán Busetto. "Los residuos de hormigón que se producen aquí se enjuagan y se vierten directamente en terrenos agrícolas", añade, señalando un pequeño canal que conduce a un campo cercano.
Los carabinieri inspeccionan otro terreno contiguo a la estructura principal, utilizado para acopiar tierra. "Los movimientos de tierra se realizan en terrenos agrícolas, lo que no está permitido", señala el capitán Busetto. Uno de los montículos llama la atención de los carabinieri. "No se descarta que aquí se entierren residuos de amianto, cemento o incluso materiales radiactivos. Estas actividades desempeñan un papel importante en la creación de grandes vertederos ilegales, porque probablemente hay un sistema más profundo detrás de todo esto", explica el comandante de los Carabinieri.
"Además, hemos encontrado en el lugar perfiles de personas buscadas por delitos graves. Verificaremos todos los hallazgos y completaremos el proceso de control", concluye, antes de incautar el lugar. Aunque se intensificó la vigilancia de las actividades ilegales, esto no puede resolver un problema profundamente arraigado, afirma Valentina Centonze, una de las abogadas que defendió a los demandantes ante el TEDH.
Las otras Tierras del Fuego en Europa y en el mundo
"Las acciones de prevención del delito son insuficientes", afirma Centonze. **"**Hay cadenas de producción, por ejemplo de moda, incluso de marcas prestigiosas y caras. Para ahorrar dinero, subcontratan parte de la cadena, sin verificación. En cualquier caso, la responsabilidad debe ser compartida entre el cliente y el subcontratista. Hablo no sólo de responsabilidades financieras derivadas de los trabajos de descontaminación necesarios, sino también de responsabilidades penales", explica Centonze.
En su opinión, la nueva ley italiana contra la ecodelincuencia, que se centra en el endurecimiento de las penas, no acabará con la lacra si no se ataja la raíz del problema. Centonze también critica los retrasos del Estado italiano en la aplicación de la sentencia del TEDH, incluida la creación de un órgano de control independiente y una plataforma de información pública.
El profesor Marfella comparte su opinión. "El plan aplicado por el Gobierno no será eficaz porque se basa únicamente en la represión, sin supervisión ni intervención preventiva", afirma. "Los controles han aumentado un 200% en los últimos cinco años, pero al mismo tiempo, las actividades relacionadas con la evasión fiscal han aumentado más de un 200%".
Otra cosa que no ha hecho el Gobierno es certificar la trazabilidad de los residuos peligrosos. Por eso es esencial que el Parlamento Europeo apruebe una ley marco europea sobre la trazabilidad de los residuos industriales", afirma Marfella. Mientras tanto, nos esperan nuevos retos, advierte Marinela Natale, ya que tanto la delincuencia común como la organizada se están adaptando rápidamente a la presión.
"El riesgo ahora es que los sinvergüenzas que contaminaron nuestras tierras se infiltren en las empresas contratadas para llevar a cabo los trabajos de descontaminación", señala Natale. "Lo que se ve ahora aquí es el resultado de la mala conducta de las pequeñas empresas. El tráfico a gran escala ha encontrado nuevas rutas. Y dentro de 20 años, en el mundo, en Europa, descubriremos otras Tierras del Fuego".