Chile ha puesto en marcha deportaciones de inmigrantes irregulares y ha bloqueado el plan de regularización impulsado por el Ejecutivo de Gabriel Boric, en una ofensiva del nuevo Gobierno para endurecer el control migratorio y combatir el crimen organizado.
El Gobierno chileno encabezado por el presidente José Antonio Kast ha iniciado una nueva fase en su política migratoria con la ejecución del primer vuelo de expulsión de inmigrantes en situación irregular, marcando un giro inmediato en la estrategia del Ejecutivo.
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El operativo, que trasladó a decenas de extranjeros, principalmente hacia Colombia y Ecuador, constituye el primero de una serie de vuelos que el Gobierno prevé realizar de forma periódica como parte de su plan para reducir la presencia de personas sin documentación en el país. La medida responde a una de las principales promesas de campaña del mandatario y busca instalar un sistema continuo de expulsiones.
Este endurecimiento se complementa con una decisión clave: el Ejecutivo ha optado por frenar la regularización de más de 180.000 migrantes que habían ingresado al país de forma irregular, una iniciativa impulsada durante el mandato del expresidente Gabriel Boric. La nueva Administración descarta así la entrega masiva de permisos de residencia y apuesta por un enfoque mucho más restrictivo.
Según las autoridades, al menos 6.000 de las personas inscritas en ese proceso habrían estado implicadas en algún tipo de delito, un argumento que ha sido central para justificar el cambio de rumbo en la política migratoria. En paralelo, el Gobierno ha puesto en marcha un plan para reforzar el control fronterizo en el norte del país, que incluye la construcción de barreras físicas, el aumento de la vigilancia mediante tecnología y el despliegue de personal militar en zonas clave.
Kast ha vinculado el aumento de la delincuencia con la inmigración irregular y ha prometido medidas más contundentes contra el crimen organizado, incluyendo proyectos de ley para sancionar tanto el ingreso ilegal como a quienes faciliten la entrada clandestina de extranjeros.
Además, este giro en materia migratoria se enmarca dentro de una agenda más amplia del Ejecutivo, que contempla más de 40 medidas económicas y sociales orientadas a reactivar el crecimiento y redefinir el rumbo del país.