Delcy Rodríguez ha respondido a las críticas por la reacción de su Gobierno a los seísmos y rechaza que los rescates fueran lentos o que se haya ocultado el número de víctimas.
La presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha defendido la respuesta de su Gobierno a los dos devastadores terremotos del 24 de junio.
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Ante las duras críticas por un operativo de ayuda supuestamente lento y caótico, Rodríguez ha rechazado las acusaciones de que se esté ocultando parte del balance oficial de víctimas y ha negado que la mala calidad de la construcción de vivienda social agravara la magnitud de la tragedia.
Los dos seísmos, de magnitud 7,2 y 7,5, arrasaron casi 200 edificios en todo Caracas y en el castigado estado costero de La Guaira, en el norte del país, aunque los datos satelitales apuntan a que la destrucción real podría ser mucho mayor.
El balance oficial de muertos se situaba el miércoles en 2.295, aunque algunos equipos de rescate aseguraban que el viernes se acercaba ya a los 2.600. Miles de personas siguen desaparecidas, una página web de la oposición ha registrado más de 38.000 denuncias de desaparición y la ONU estaría adquiriendo 10.000 bolsas para cadáveres.
En una rueda de prensa en Caracas el jueves, Rodríguez lució un lazo negro de luto pero rechazó con firmeza las denuncias de que los supervivientes se vieron obligados a escarbar entre los escombros con las manos durante las cruciales primeras 48 horas.
"No esperamos un día, dos días o tres días, activamos la respuesta de inmediato", afirmó Rodríguez, que acusó a los medios de comunicación de utilizar la tragedia como arma.
Sobre el derrumbe de varios emblemáticos proyectos de vivienda social levantados bajo el mandato del ex presidente Hugo Chávez, Rodríguez aseguró que el 80% de los edificios destruidos eran de promoción privada, aunque no presentó pruebas.
La catástrofe supone una prueba crucial para Rodríguez, cuyo mandato interino de 180 días, concedido tras la destitución del ex presidente Nicolás Maduro por Estados Unidos en enero, debía expirar este viernes, lo que deja su futuro político en el aire.
Rodríguez ha celebrado la llegada de ayuda internacional. Ha agradecido de forma expresa el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del secretario de Estado Marco Rubio, así como de países como Ecuador e Israel.
Las operaciones de búsqueda se centran ya en la recuperación de cadáveres
Para el viernes, noveno día de operaciones, la búsqueda de supervivientes tocaba a su fin mientras los equipos de 27 países se enfrentaban a una ola de calor asfixiante y a unas posibilidades cada vez menores una vez superado el umbral crítico de 72 horas.
El jueves se produjo un último episodio esperanzador cuando los rescatistas lograron sacar con vida al vigilante de seguridad Hernán Alberto Gil Flores, de 43 años, que había sobrevivido ocho días en una burbuja de aire bajo un centro comercial de siete plantas derrumbado en Catia La Mar.
Sin embargo, los rastreos posteriores con perros de búsqueda y sensores acústicos de alta sensibilidad no detectaron nuevas señales de vida, lo que obligó a los equipos internacionales a dar por concluidas las labores de rescate. La prioridad se ha desplazado ahora en gran medida a la recuperación de cadáveres.
Fosas comunes ante el aluvión de víctimas
La magnitud del número de víctimas ha desbordado las infraestructuras locales. Los técnicos forenses explican que algunos cuerpos son irreconocibles, lo que obliga a las familias a recurrir a tatuajes o prendas de vestir para identificarlos.
Los espacios de almacenamiento también se han quedado sin capacidad. En la ciudad de La Guaira, más de 200 cadáveres permanecieron en el aparcamiento, abrasado por el calor, de un hospital antes de ser trasladados a una morgue improvisada en el puerto local, donde empresas privadas han donado contenedores frigoríficos. El personal forense calcula que podrían necesitar hasta tres meses para recoger a todas las víctimas y advierte de que será necesario recurrir a fosas comunes.
Las familias en duelo afrontan además graves dificultades económicas, ya que las funerarias privadas cobran hasta 450 dólares por sus servicios. Aunque algunas han obtenido parcelas gratuitas en los cementerios gracias a las alcaldías, otras utilizan cal para ralentizar la descomposición mientras esperan ayuda estatal o optan por la cremación.