Rusia aprueba una ley que recorta derechos a los rusos en el extranjero perseguidos por motivos políticos, hasta el punto que juristas hablan de una "privación de ciudadanía de facto".
Los diputados de la Duma Estatal de Rusia aprobaron este miércoles, en segunda y tercera lectura a la vez, un proyecto de ley que restringe de forma drástica los derechos de los ciudadanos rusos que viven en el extranjero y que son perseguidos en su país por motivos políticos. El número de disidentes ha aumentado de manera considerable desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia contra Ucrania en 2022.
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Los representantes del poder legislativo no ocultan contra quién se dirigen estas medidas. Antes de la votación, el presidente de la Duma Estatal, Viacheslav Volodin, declaró: "Se trata de quienes dañan a nuestro país, de extremistas y traidores a nuestra patria, de quienes llevan años intentando hacer todo lo posible para destruir nuestro Estado, justifican el nazismo e insultan a nuestros soldados y oficiales, mientras se esconden del castigo en otros Estados".
Según la ley básica aprobada, las medidas se aplicarán a las personas que eludan la responsabilidad penal y se encuentren fuera de Rusia. Las restricciones también afectarán a ciudadanos ya sancionados administrativamente por infringir la ley sobre agentes extranjeros, por llamamientos a vulnerar la integridad territorial de la Federación Rusa, por llamamientos a imponer sanciones contra Rusia, por descrédito de las Fuerzas Armadas rusas o por participar en la actividad de una organización declarada indeseable.
Medidas restrictivas, sin vivienda, cuentas ni coche
A los ciudadanos rusos considerados indeseables que residan en el extranjero se les impondrán en su país las siguientes medidas restrictivas: bloqueo de cuentas bancarias, prohibición de vender sus bienes inmuebles y vehículos, prohibición de celebrar operaciones mediante poderes notariales, suspensión de todas las licencias, permisos y acreditaciones expedidos con anterioridad, denegación de servicios públicos estatales y municipales, prohibición a los bancos de dar acceso a estas personas a la web o a la aplicación bancaria para transferir fondos, denegación de servicios consulares en el extranjero (prohibición de obtener pasaporte internacional y de certificar transacciones, testamentos y poderes).
¿Medidas restrictivas o, en la práctica, privación de ciudadanía?
La amplitud de las prohibiciones es tal que, en la práctica, equivalen a una privación de ciudadanía. De ello señalan los juristas de 'Primer Departamento' (una comunidad abierta de abogados, defensores de derechos humanos y periodistas).
"Una persona que se ha marchado por motivos políticos y ha sido reconocida como 'elusora' adquiere el estatus de 'ciudadano cancelado' dentro del país. Todo lo relacionado con la Federación Rusa (bienes, cuentas, negocios, servicios consulares) puede utilizarse contra ella, mientras que prácticamente carece de posibilidades de usarlo en su propio beneficio", - indican los abogados.
La abogada Anna Burakova subrayó que el proyecto de ley está dirigido en primer lugar a intimidar a quienes el Estado no puede alcanzar físicamente. Según la jurista, que expresó esta opinión en una entrevista con 'Novaya Gazeta Europa', las autoridades rusas intentan recortar los derechos de quienes no pueden ser llevados ante la justicia penal real en territorio ruso y, al mismo tiempo, silenciar a los opositores a la guerra y extender un clima de miedo entre los emigrantes.
Quién está en el punto de mira
La ley afectará ante todo a los rusos que no están de acuerdo con la política del Kremlin y se han pronunciado contra la guerra en Ucrania, y sobre quienes ya pesa una condena firme por cualquier tipo de delito o una resolución judicial en virtud de determinados artículos administrativos de carácter "político".
Como ha señalado ОВД-Инфо (proyecto mediático independiente de defensa de los derechos humanos), se encuentran en una zona de riesgo elevado: los ciudadanos incluidos en el registro de "agentes extranjeros", los imputados en cualquier causa penal, los implicados en causas administrativas de motivación política, activistas políticos, figuras públicas, trabajadores de medios de comunicación, abogados, participantes en proyectos declarados en Rusia "agentes extranjeros", así como las organizaciones calificadas de "extremistas", "indeseables" o "terroristas".
La nueva ley, según se ha informado, entrará en vigor tras su publicación oficial, sin periodo transitorio.