El presidente colombiano endurece su política migratoria y anuncia operativos para localizar y deportar a quienes no hayan regularizado su situación, una medida que genera críticas de la oposición y organizaciones de derechos humanos y preocupa especialmente a la comunidad venezolana.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha ordenado a Migración Colombia y a la Policía Nacional poner en marcha esta semana operativos para localizar y expulsar a inmigrantes en situación irregular.
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Durante una reunión del Consejo de Ministros en Barranquilla, el mandatario pidió que "comiencen las operaciones coordinadas para localizar a los inmigrantes ilegales", con prioridad para quienes hayan cometido delitos y, posteriormente, para quienes no hayan regularizado su situación.
De la Espriella ha endurecido así su discurso migratorio y ha adoptado una retórica similar a la de Donald Trump: "Los colombianos primero, los colombianos segundo y los colombianos tercero".
La medida afectará especialmente a la población venezolana, que representa la mayoría de los inmigrantes en Colombia. De los2,8 millones de venezolanosque viven en el país, unos 848.000 se encuentran en situación irregular, entre ellos 193.000 menores.
El anuncio ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que alertan del impacto que podrían tener las deportaciones sobre familias vulnerables.
La decisión también ha abierto un debate político y jurídico. La oposición acusa al Gobierno de adoptar una política xenófoba y advierte del riesgo de deportaciones masivas sin tener en cuenta las circunstancias de cada persona.
Además, expertos recuerdan que la legislación colombiana habla de migrantes en situación irregular, no de "inmigrantes ilegales", ya que carecer de documentación no constituye por sí mismo un delito.
El Gobierno defiende la medida como una forma de reforzar la seguridad y recuperar el control migratorio, mientras crecen las dudas sobre la capacidad de las autoridades para ejecutarla.
Fuentes de Migración Colombia señalan que el organismo no dispone de personal suficiente para afrontar los operativos anunciados.