La Audiencia Nacional paraliza provisionalmente la instalación de un campamento para un millar de personas mientras estudia un recurso de un sindicato policial. También ha llamado a testificar al presidente de Ceuta, Vivas, y a Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno.
La Audiencia Nacional ha frenado provisionalmente la ejecución de la orden del Ministerio de Transportes que permite instalar un campamento temporal para acoger a inmigrantes en el puerto de Ceuta, mientras estudia las medidas cautelares solicitadas por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra ese emplazamiento.
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En una providencia dictada este miércoles, la Sala de lo Contencioso-Administrativo requiere al Ministerio de Transportes que aporte con carácter urgente la resolución que habilita la instalación y toda la documentación que forma parte del expediente administrativo, antes de decidir sobre la petición cautelar del sindicato policial.
Hasta que la Audiencia Nacional adopte una decisión sobre esas medidas, el tribunal establece que no puede ejecutarse la resolución del Ministerio que autoriza la utilización de los terrenos portuarios para el dispositivo de acogida.
La decisión judicial deja en suspenso, por el momento, los planes del Gobierno para trasladar a cientos de migrantes al nuevo campamento del puerto de Ceuta, cuya instalación se había planteado como una solución temporal ante la situación de emergencia migratoria que atraviesa la ciudad autónoma.
El SUP había recurrido la decisión de Transportes al considerar que el emplazamiento plantea riesgos para la seguridad y la evacuación y que se encuentra próximo a infraestructuras consideradas estratégicas.
Por otro lado la magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón ha citado como testigos al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y a quien fuera jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz.
Sus comparecencias están fijadas para los días 30 de septiembre y 1 de octubre, en el marco de las pesquisas que buscan esclarecer las circunstancias de aquella entrada masiva.
En la misma resolución donde fija los testimonios, la juez requiere a las fuerzas policiales y al estamento militar los análisis de riesgo y alertas emitidos con motivo de la crisis. Tardón exige aclarar si existían dichos informes previas, a quiénes fueron remitidos y qué canales se emplearon para transmitirlos.
La magistrada ha fijado la comparecencia de Vivas para el 30 de septiembre, reservando la jornada siguiente para escuchar las explicaciones del exjefe de gabinete. Esa misma fecha, el 1 de octubre, el titular del juzgado también ha citado a declarar en calidad de testigo al jefe de la Policía Local de la ciudad autónoma.
Cruce de acusaciones por la alerta del CNI
El llamamiento a Gonzalo Sanz se produce apenas unos días después de su dimisión, motivada por un choque directo con el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano. Mientras este sostiene que Sanz no le trasladó la advertencia enviada por el CNI sobre la frontera, el exjefe de gabinete —ahora citado como testigo— insiste en que sí le hizo llegar dicha alerta.
Para la magistrada, estas comparecencias resultan "prioritarias" para esclarecer qué información se manejaba antes de la entrada masiva, qué previsiones había sobre la mesa y qué factores desencadenaron el colapso operativo. Una vez escuchados los testimonios y recibida la documentación requerida, la jueza tomará declaración a los autores de los informes de inteligencia.