La Paz confía en que el acuerdo, aún pendiente de la aprobación final del consejo ejecutivo del FMI, abra nuevas líneas de financiación de otras instituciones, como el Banco Mundial, mientras el país trabaja para recuperar su deteriorada situación crediticia.
Los legisladores bolivianos aprobaron el viernes un acuerdo de préstamo por 1.900 millones de dólares (1.650 millones de euros) con el Fondo Monetario Internacional, lo que supone una victoria clave para el Gobierno conservador en su intento de aliviar la profunda crisis económica del país mientras los sindicatos amenazan con reanudar las protestas.
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Pocas horas después de que el Congreso diera luz verde al crédito, el presidente Rodrigo Paz anunció el fin inmediato de las subvenciones al diésel que mueve los camiones, autobuses y tractores de Bolivia, un paso para cumplir las exigencias del FMI.
La gasolina, utilizada sobre todo en vehículos privados, seguirá subvencionada por ahora, aunque Paz ya había recortado esa ayuda en los últimos meses.
El Senado boliviano ratificó el acuerdo con el FMI un día después de que la Cámara Baja lo aprobara, superando así el último trámite legislativo para el programa de financiación de tres años, que busca recomponer unas reservas internacionales menguantes y estabilizar una economía debilitada por la alta inflación y el escaso crecimiento.
El FMI anunció por primera vez el acuerdo a nivel técnico en julio, tras meses de negociaciones con el Gobierno de orientación liberal de Paz, que llegó al poder el año pasado después de casi dos décadas de dominio socialista, en el marco de una ola de nuevos líderes latinoamericanos aliados con la administración Trump.
El programa necesita aún el visto bueno del directorio ejecutivo del FMI antes de que se liberen los fondos. El ministro de Economía, Christian Morales, explicó a los senadores que el pacto dará mayor confianza a otros prestamistas, entre ellos el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y ayudará a conseguir alrededor de 5.000 millones de dólares adicionales en financiación.
Pero la ayuda está condicionada a duras medidas económicas, incluida la eliminación de las subvenciones a los combustibles, que amenazan con reavivar la conflictividad en Bolivia, donde semanas de bloqueos de carreteras en junio y julio paralizaron buena parte del país sudamericano mientras los manifestantes exigían la dimisión de Paz.
El jueves, el Congreso prorrogó por otros 90 días el estado de emergencia que Paz había decretado para despejar las vías durante las protestas. La medida permite la intervención de las Fuerzas Armadas y la suspensión de algunas libertades civiles para contener los disturbios.
La Central Obrera Boliviana, principal federación sindical del país, y otros sindicatos han expresado una dura oposición al préstamo del FMI y advierten de que los recortes del gasto público exigidos en el acuerdo encarecerán el coste de la vida y agravarán las dificultades de las familias con bajos ingresos y en situación precaria.
Aunque el Partido Demócrata Cristiano de Paz no tiene mayoría en el Congreso, los legisladores centristas y de derecha que dominan ambas cámaras se alinearon con el acuerdo.
El Movimiento al Socialismo, el partido que marcó la política boliviana después de que el exdirigente sindical de los productores de coca Evo Morales ganara la presidencia en 2005, cuenta ahora solo con dos de los 130 escaños de la Cámara Baja y ninguno en el Senado, integrado por 36 miembros.
La caída de las exportaciones de gas natural ha privado a Bolivia de miles de millones de dólares que antes utilizaba para importar gasolina y diésel, lo que ha contribuido a unas carencias de combustible crónicas que comenzaron en 2023 y se han mantenido bajo el Gobierno de Paz.
La guerra en Irán, con el fuerte aumento de los precios internacionales del petróleo, ha hecho todavía más costosas las subvenciones a los combustibles y ha hundido al país en un agujero financiero aún más profundo.
“Nadie puede comprar algo caro y venderlo barato”, dijo Paz en su declaración nocturna en la que anunció que el diésel en Bolivia se venderá a partir de ahora a precios internacionales.
Para amortiguar el impacto, anunció unos 79 millones de dólares (68,8 millones de euros) en ayudas directas para aproximadamente 2,9 millones de bolivianos, además de préstamos en condiciones preferentes para transportistas, pequeñas empresas y productores afectados por el nuevo encarecimiento del diésel.
Se comprometió a redirigir el gasto en subvenciones hacia escuelas, hospitales y carreteras.
Paz prometió además que el cambio pondrá fin a la persistente escasez de diésel en el país, que ha alterado las cosechas y retrasado la llegada de mercancías importadas.
“Con esta medida garantizamos el suministro las 24 horas del día, siete días a la semana”, afirmó.