Desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, asumió el cargo en enero de 2025, Washington ha firmado decenas de acuerdos con países en desarrollo para acoger a migrantes que no pueden ser devueltos legalmente a sus países de origen.
Estados Unidos ha deportado a más de 25.000 personas en virtud de acuerdos confidenciales con 35 países para acoger a inmigrantes sin vínculos con esas naciones, según una investigación publicada el lunes.
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Desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, llegó al poder en enero de 2025, Washington ha ido firmando acuerdos con países en desarrollo para que acepten a migrantes que no pueden ser devueltos legalmente a sus países de origen.
La investigación de 'Forbidden Stories' concluye que la Administración ha reservado 410 millones de dólares (357 millones de euros) para pagar directamente a los países receptores o a agencias de la ONU y facilitar así los retornos.
A 31 de agosto de 2026, al menos 25.447 personas ya habían sido deportadas a terceros países, según los datos recopilados por 'Forbidden Stories' junto con un consorcio de periodistas internacionales.
La gran mayoría, unas 20.000, fueron enviadas a México, mientras que el resto se dispersó por otros 27 países de América Latina, África y el Pacífico, y ya se han cerrado acuerdos con otros siete. Los acuerdos difieren entre sí, por ejemplo en las nacionalidades que pueden ser expulsadas y en si se aceptan personas con antecedentes penales.
Una investigación de la agencia de noticias AFP a principios de este año concluyó que Washington recurre a vetos y restricciones de visado contra países africanos para presionarlos y que acepten a deportados.
Abogados consultados por AFP denunciaron que los deportados son arrojados a un "agujero negro jurídico", retenidos sin cargos en países donde no tienen ningún vínculo y donde cuentan con escasos, si es que tienen, derechos.
Forbidden Stories afirmó que se había contactado a 49 de los 54 países africanos para que aceptaran deportados de terceros países.
Una división poco conocida del Departamento de Estado, llamada Office of Remigration, creada en mayo de 2025, ha gestionado la mayor parte de las negociaciones y los pagos, según la investigación. Esta oficina está dirigida por Christian Jove Ehrhardt, un diplomático de 41 años que anteriormente trabajó como agente de seguridad.
El informe detalla sus visitas a Camerún, que en diciembre firmó con Estados Unidos un memorando de entendimiento para aceptar deportados. Una semana más tarde firmó además un programa quinquenal de asistencia sanitaria por casi 400 millones de dólares (348 millones de euros).
Al mes siguiente, el Departamento de Estado anunció que proporcionaría 30 millones de dólares (26 millones de euros) adicionales a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Camerún para "facilitar el retorno voluntario de refugiados y combatir la inmigración ilegal". El primer avión con deportados llegó a Camerún el 14 de enero.
Pagos directos
Otros acuerdos incluyen pagos directos a los Gobiernos. Palau, un pequeño Estado insular del Pacífico con menos de 18.000 habitantes, firmó en diciembre de 2025 un acuerdo para aceptar hasta 75 nacionales de terceros países a cambio de 7,5 millones de dólares (6,5 millones de euros). Sin embargo, hasta ahora solo se han enviado tres personas en el marco de ese acuerdo.
En Eswatini, 32 personas han llegado desde julio de 2025, de un máximo de 160 previsto en un acuerdo valorado en más de 5 millones de dólares (4 millones de euros). Según la investigación, el país ha aceptado deportados con antecedentes penales.
De los 410 millones de dólares previstos para estos acuerdos, documentos internos del Departamento de Estado muestran que 81 millones de dólares (70 millones de euros) se reservaron para los Gobiernos firmantes.
El resto estaba destinado a organizaciones humanitarias, entre ellas más de 178 millones de dólares (155 millones de euros) para la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM) y 123 millones de dólares (107 millones de euros) para ACNUR.
Las agencias han recibido críticas por su implicación, aunque ACNUR aseguró a Forbidden Stories que no participa en los acuerdos bilaterales y que la financiación estadounidense se utiliza de acuerdo con su mandato de reforzar los sistemas de asilo.
Un portavoz de la OIM declaró a la publicación que las decisiones de la agencia de aceptar financiación se basan "en una única cuestión: 'si nuestra participación mejorará la vida de los migrantes afectados'. En estos casos, creemos firmemente que así es".