La organización asegura haber documentado palizas, humillaciones, expulsiones sumarias y perfilamiento racial durante una investigación en Ceuta. Algunos de los abusos atribuidos a miembros de las Fuerzas Armadas podrían constituir tortura.
Un inmigrante en silla de ruedas, con lesiones graves en los tobillos, los brazos y el torso, asegura que fue empujado por militares desde una altura de más de seis metros. Cuando Amnistía Internacional habló con él en Ceuta, denunció que ni siquiera le habían realizado una radiografía y que únicamente había recibido un vendaje de emergencia. Es uno de los testimonios que forman parte de una investigación que describe golpes, humillaciones y expulsiones sumarias y que, según la organización, revela abusos que podrían constituir tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
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Golpes con porras y botas, personas inmovilizadas con bridas, agresiones en la cabeza y amenazas para que abandonen Ceuta aparecen entre los relatos recabados. La organización sostiene que estos episodios, atribuidos por los testimonios a miembros de las Fuerzas Armadas españolas, "parecen responder a un patrón", especialmente en actuaciones de unidades de Regulares y de la Legión. Amnistía reclama que se investiguen de forma independiente y exhaustiva y que se determinen las posibles responsabilidades penales y disciplinarias.
La investigación se realizó en Ceuta entre el 10 y el 15 de septiembre. Amnistía entrevistó a más de 65 personas y recogió 22 testimonios directos que atribuyen a militares palizas, acoso, humillaciones, robos de dinero y confiscación o destrucción de teléfonos móviles. La organización ha documentado las lesiones que coinciden con los relatos de los inmigrantes.
Entre los casos documentados figura también el de un joven marroquí que aseguró llevar 25 días sin poder caminar después de haber sido empujado desde una altura de al menos seis metros por un militar mientras dormía cerca de la ermita de San Antonio. Otros dos jóvenes relataron haber recibido porrazos y puñetazos mientras permanecían inmovilizados con bridas. Amnistía afirma haber constatado las marcas que estas sujeciones dejaron en sus muñecas.
La organización denuncia además posibles expulsiones ilegales. Según testimonios y vídeos a los que asegura haber tenido acceso, algunos militares habrían actuado de noche y encapuchados, golpeando a personas migrantes o rociándolas con espray irritante antes de proceder a su expulsión sumaria a través de la valla del Tarajal.
Amnistía documenta también el caso de un ciudadano yemení que había manifestado su intención de solicitar protección internacional y que asegura haber sido expulsado sin procedimiento. Según su relato, fue trasladado junto a decenas de personas hasta la frontera y entregado a la Policía marroquí. La organización afirma haber tenido acceso a documentación que corrobora su versión.
"Tenemos órdenes para que no se sientan cómodos"
La investigación de Amnistía denuncia también un hostigamiento de carácter racista, xenófobo e islamófobo que no afectaría únicamente a personas inmigrantes. Según la organización, ciudadanos de Ceuta racializados o percibidos como de origen marroquí también habrían sido sometidos a identificaciones o restricciones para acceder a determinadas zonas de la ciudad, comercios y supermercados.
El propio equipo de Amnistía asegura haber presenciado uno de estos episodios. Durante su visita, varios militares se acercaron a un grupo de personas racializadas que conversaban sentadas en un banco cerca del centro de la ciudad, les preguntaron si "eran de aquí" y les ordenaron marcharse.
Cuando los investigadores preguntaron por qué se les estaba obligando a abandonar el lugar, uno de los militares respondió: "Tenemos órdenes para que no se sientan cómodos".
La delegación de Amnistía asegura que también sufrió hostigamiento durante su investigación. El 11 de septiembre, mientras cuestionaba la expulsión de personas consideradas inmigrantes de las inmediaciones del Hospital Universitario de Ceuta, sus integrantes fueron identificados por la Policía Nacional y recibieron insultos por parte de un grupo de militares que patrullaba junto al centro sanitario.
Solicitantes de asilo sin identificar
Amnistía alerta además de posibles vulneraciones del derecho de asilo. Durante su visita entrevistó a personas procedentes de países en conflicto como Somalia y Yemen que habían llegado a Ceuta antes del 30 de julio y cuyos procedimientos de protección internacional, según la organización, todavía no habían comenzado.
La organización asegura que algunas de estas personas tampoco habían sido entrevistadas para detectar posibles situaciones de vulnerabilidad ni habían recibido información suficiente sobre cómo solicitar protección internacional.
La investigación señala también la situación de los menores que permanecen en Ceuta. Según las cifras institucionales recogidas por Amnistía, 2.383 menores inmigrantes no acompañados han sido identificados y entre 500 y 700 continuarían viviendo en la calle sin ningún tipo de cobertura. Algunos tienen apenas 12 o 13 años.
Amnistía asegura haber hablado con menores no acompañados que acuden casi a diario a dependencias policiales para pedir protección y que, según sus testimonios, son rechazados de manera reiterada. La organización sostiene que esta situación incumple las obligaciones de protección que deben activarse cuando las autoridades se encuentran ante un menor sin un adulto responsable.
La situación afecta también a cientos de mujeres. La organización calcula que unas 800, algunas acompañadas de sus hijos, permanecen en la calle. Durante su visita encontró familias durmiendo a la intemperie y otras alojadas en espacios improvisados sin duchas ni aseos.
Amnistía pide investigar las denuncias
Tras su investigación, Amnistía Internacional ha enviado cartas al presidente del Gobierno de España y al presidente del Gobierno de Ceuta para trasladarles sus conclusiones y reclamar medidas urgentes.
La organización pide una investigación "pronta, imparcial, independiente y exhaustiva" sobre las denuncias de abusos, incluidos aquellos que puedan constituir tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Reclama además que los militares presuntamente implicados en agresiones sean apartados cautelarmente mientras se esclarecen los hechos y que se determinen las posibles responsabilidades penales y disciplinarias.
La organización reconoce, no obstante, la complejidad de la situación a la que se enfrentan las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad desplegados en Ceuta y recuerda que más de 30 personas inmigrantes han sido detenidas por agresiones a militares. Subraya, sin embargo, que esa situación no exime a los agentes del Estado de su obligación de respetar la legislación nacional e internacional y los derechos humanos.