La investigación coincide con unas elecciones clave en Brasil, entre Lula da Silva y el hijo del condenado Bolsonaro, que podrían marcar el rumbo y las perspectivas de su economía durante décadas.
El fiscal general de Brasil ha pedido este jueves a la Policía que investigue acusaciones según las cuales la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, habría utilizado fondos públicos para promover una agenda de extrema derecha en el país sudamericano.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Brasil está a tres días de unas elecciones presidenciales muy reñidas que enfrentan al presidente de izquierdas, Luiz Inacio Lula da Silva, con Flavio Bolsonaro, un senador de derechas, hijo y heredero político del expresidente ultraconservador Jair Bolsonaro, condenado por golpismo. Lula ha convertido la soberanía de Brasil en un eje central de su campaña y advierte contra la "injerencia" de Trump, que ha respaldado a varios candidatos de derecha en recientes elecciones en América Latina.
El fiscal general, Jorge Messias, reclamó la apertura de la investigación un día después de que el diario británico 'The Guardian' publicara un artículo en el que se afirma que la Administración Trump planeaba destinar 1 millón de dólares (888.800 euros) para financiar grupos de la sociedad civil que se oponen al Tribunal Supremo de Brasil.
El artículo "enciende una señal de alarma grave en lo que respecta a la soberanía brasileña", escribió Messias en una publicación en X, añadiendo que los intentos de interferir en las instituciones brasileñas "no pueden ser tolerados". En otro comunicado, en el que anunciaba la denuncia, la Fiscalía General señaló que la información de 'The Guardian' era "particularmente grave, dado el actual proceso electoral brasileño y los recientes episodios de presión externa sobre las instituciones del país".
Trump fue un estrecho aliado del padre de Flavio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que cumple actualmente una condena de 27 años por intentar un golpe de Estado después de perder su intento de reelección en 2022. La Administración estadounidense impuso durante un breve periodo sanciones al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, que dirigió el juicio contra el expresidente, al que Trump calificó de "caza de brujas" contra su aliado.