Tras la aprobación del Pacto de Migración y Asilo, la UE se prepara para endurecer las expulsiones mediante el traslado de migrantes sin derecho a asilo a centros de retorno. Este giro estratégico plantea dudas sobre la verdadera capacidad operativa de los Veintisiete.
El 1 de octubre, los ministros de Interior de la Unión Europea (UE) y el comisario de Justicia e Interior, Magnus Brunner, han aprobado la agilización de los retornos de inmigrantes en el Consejo de Justicia e Interior, pocos días después de haberse reunido en la Conferencia sobre Migración de Múnich, celebrada el 26 de septiembre.
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Los Estados miembros han acordado trasladar a los inmigrantes a centros de detención e incluir todos los detalles de las decisiones de retorno en una Orden de Retorno Europea, con el objetivo de acelerar los procedimientos y facilitar la cooperación transfronteriza.
La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) reforzada participará en los procesos de retorno, mientras que un Marco Europeo de Respuesta de Emergencia aumentará la capacidad del bloque para hacer frente a llegadas masivas.
Los grupos de derechos humanos y las ONG muestran escepticismo ante la nueva medida, ya que Frontex informa de que las detecciones de cruces irregulares en las fronteras exteriores de la UE han disminuido casi un 40% en la primera mitad de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.
Es "difícil justificar estas medidas como una respuesta proporcionada a la presión migratoria actual y plantea la cuestión de si no se están impulsando por otros motivos políticos", señaló Marta Welander, directora de incidencia para la UE en el International Rescue Committee (IRC).
La situación actual de la inmigración en cifras
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informa de que, a mediados de septiembre de 2026, las llegadas irregulares por mar han descendido hasta las 60.000, frente a las 98.040 registradas en 2025.
La ruta del Mediterráneo central hacia Italia ha registrado la caída más pronunciada, con un descenso de las llegadas del 55%, de 48.231 en 2025 a 21.393 en 2026. Las llegadas por las rutas del Atlántico y del Mediterráneo occidental han sido de 16.794, frente a las 22.855 de 2025.
Las muertes han aumentado de 284 en 2025 a al menos 2.292 en 2026. Entre enero y mediados de septiembre, la Guardia Costera libia rastreó a 17.067 inmigrantes y los devolvió a Libia.
Las solicitudes de asilo presentadas por primera vez están en su nivel más bajo desde 2022, según Eurobarómetro. En junio de 2026, 37.075 personas solicitaron protección internacional, frente a las 53.025 de enero de 2022 y las casi 115.000 de octubre de 2023, cuando se alcanzó el máximo.
Italia (9.660), Francia (9.165), Alemania (4.265) y Grecia (3.955) recibieron la mayoría de las solicitudes, y concentraron el 73% de todos los solicitantes por primera vez. También ha disminuido el número de menores no acompañados, de 1.775 en 2025 a 1.105 en 2026.
La UE también ha emitido menos decisiones positivas de asilo este año. En el segundo trimestre de 2026, las decisiones positivas sumaron 74.780, frente a las 89.850 del tercer trimestre de 2025 y las 90.535 del tercer trimestre de 2024.
Aun así, los retornos no alcanzan el mismo ritmo. En comparación con el segundo trimestre de 2025, las órdenes de salida para ciudadanos no comunitarios han caído un 12,0% en el segundo trimestre de 2026. Los retornos a terceros países han aumentado un 9,7%, pero de las 110.335 órdenes dictadas, solo se han ejecutado 36.825 hasta ahora este año.
¿Qué ha hecho la UE hasta ahora?
En la última década, la UE se ha visto obligada a endurecer la forma en que gestiona a los inmigrantes que entran sin autorización. Desde el 12 de junio de 2026, el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo exige a los países que sigan un sistema común para registrar las llegadas, comprobar identidades y decidir rápidamente qué sucede a continuación.
Las autoridades fronterizas deben realizar controles de seguridad, salud y vulnerabilidad, mientras que los gobiernos deben decidir si una persona entra en el sistema de asilo, se somete a un procedimiento fronterizo más rápido o es objeto de una devolución.
Las nuevas normas sitúan buena parte de este proceso en las fronteras exteriores. Las personas que llegan de forma irregular deben someterse a cribados obligatorios antes de entrar formalmente en el procedimiento de asilo ordinario. El sistema también amplía el uso de Eurodac, la base de datos de la UE que registra información sobre solicitantes de asilo e inmigrantes en situación irregular.
El Pacto modifica la forma en que los gobiernos de la UE se reparten las responsabilidades, ya que países como Italia, Grecia, España y Chipre han defendido desde hace tiempo que su ubicación geográfica les asigna una cuota desproporcionada de llegadas.
El nuevo sistema crea un mecanismo permanente de solidaridad mediante el cual otros Estados miembros deben contribuir. Pueden hacerlo de tres maneras: en primer lugar, mediante reubicaciones, trasladando físicamente a solicitantes de asilo a sus propios territorios.
En segundo lugar, abonando 20.000 euros por cada persona no reubicada a un fondo centralizado de la UE, para financiar infraestructuras fronterizas o la gestión migratoria. Y, en tercer lugar, desplegando personal, equipos u otros elementos de infraestructura en los Estados de primera línea.
Este sistema está ahora en vigor, pero su aplicación sigue siendo desigual. En su primera evaluación tras la entrada en vigor del Pacto, la Comisión ha detectado avances en España, Chipre, Grecia e Italia, especialmente en la preparación de las autoridades para gestionar las transferencias de responsabilidades. También ha señalado que algunos países aún deben dar más pasos prácticos.
La UE también intenta reducir la inmigración irregular antes de que las personas lleguen a sus fronteras, trabajando con países del norte de África, Oriente Medio y otras regiones en gestión fronteriza, lucha contra el tráfico de inmigrantes, retornos y readmisión.
Devoluciones en caliente
Las nuevas normas refuerzan sobre todo el Reglamento de Retorno, incluido en el pacto de junio, para que las repatriaciones sean más rápidas y sencillas. Los inmigrantes sin derecho a permanecer deben abandonar el Estado miembro en el que se encuentran. Deben cooperar en todo momento con las autoridades nacionales o pueden enfrentarse a sanciones, incluida la reducción de prestaciones y ayudas o incluso sanciones penales.
Los Estados miembros pueden enviar a los inmigrantes a los llamados centros de retornos, instalaciones de detención fuera de la UE en las que esperan su deportación, inspiradas en los centros de detención que Italia tiene en Albania.
Los países pioneros, entre ellos Dinamarca, Alemania, Grecia, Austria y los Países Bajos, que forman el Grupo de los Cinco, presionan para establecer los primeros centros en 2027. Uzbekistán, Ruanda y Uganda son posibles ubicaciones. Los migrantes que supongan una amenaza para la seguridad pueden recibir una prohibición indefinida de entrada en la UE o ser detenidos durante más de 24 meses.
El IRC advierte de que los centros de retorno son "contraproducentes" porque "corren el riesgo de agravar los peligros a los que se enfrentan las personas", explicó Welander. "Las personas enviadas a un tercer país sin un estatus jurídico duradero ni protección podrían verse empujadas a intentar reentrar por rutas irregulares y más peligrosas o volver a caer en manos de traficantes y redes de trata", añadió.
Las autoridades nacionales deben incluir los detalles de las decisiones de retorno en un nuevo formulario normalizado, la Orden de Retorno Europea. Este instrumento facilita la cooperación transfronteriza al proporcionar a las autoridades nacionales información sobre decisiones de retorno emitidas por otros Estados miembros. Por ahora, el reconocimiento mutuo de estas decisiones sigue siendo voluntario, aunque podrá revisarse tres años después de la entrada en vigor de las nuevas normas. Las propuestas son "un simple parche, no una solución sostenible", señaló Welander.
"Externalizar la responsabilidad de la gestión migratoria sitúa a la UE en una posición de dependencia de terceros países, que ganan margen para utilizar la cooperación en materia migratoria como moneda de cambio. Esto no es simplemente un arreglo técnico para unas deportaciones lentas, refleja una decisión política de situar la gestión migratoria fuera del alcance de la legislación y los tribunales de la UE".
¿Qué pasa con los derechos de los inmigrantes?
Desde el principio, los centros de retorno han sido el aspecto más polémico de este paquete de reformas. ONG y defensores de los derechos humanos en toda Europa los califican de "centros de deportación" y alertan de posibles vulneraciones de derechos, pese a la garantía de la UE de construir estas instalaciones en terceros países seguros y llevar a cabo los retornos conforme al derecho internacional.
"La noción de tercer país seguro no significa gran cosa. Un país puede ser considerado seguro por la UE y seguir siendo inseguro para ciertas personas, dependiendo de sus circunstancias individuales. Amnistía Internacional ha documentado específicamente violaciones de derechos tanto en Uganda como en Ruanda, incluida la detención arbitraria y otras medidas represivas", advirtió Chiara Catelli, responsable de incidencia en la Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants.
Las instalaciones de detención no pueden construirse de manera compatible con los derechos humanos, añadió. "Ninguna salvaguardia puede convertir los centros de deportación en una herramienta legítima para gestionar la inmigración. El mero hecho de enviar a personas a lugares que ni siquiera conocen, lejos de la vida que intentaban construir, va en contra del derecho a la vida privada y familiar".
Catelli también advirtió de las condiciones de vida inhumanas a las que podrían enfrentarse los inmigrantes y de la falta de garantías para respetar sus derechos. "Ya en Europa, las personas en detención por motivos de inmigración se enfrentan a condiciones espantosas. ¿Cómo será esto diferente en lugares donde la supervisión por parte de la sociedad civil u otros organismos independientes será aún más difícil o directamente imposible?", dijo.
Controles fronterizos más estrictos y mayor capacidad de respuesta
Las nuevas normas también contemplan una protección más fuerte de la frontera exterior de la UE. Los Estados miembros han propuesto reforzar el mandato de Frontex y transformarla de agencia de protección en agencia de repatriación con su propio grupo operativo.
Para Welander, "dar a Frontex un papel operativo mayor en los retornos, incluso potencialmente en terceros países y en los centros de retorno", no resuelve los cuellos de botella diplomáticos y jurídicos de fondo. "Sí plantea, en cambio, importantes cuestiones de rendición de cuentas. Frontex ya está bajo escrutinio por su participación en devoluciones en caliente y vulneraciones de derechos fundamentales, incluida una investigación en curso sobre Grecia", añadió.
La UE prevé añadir 130 millones de euros a los 250 millones del Plan de Acción de Drones para desarrollar nuevas tecnologías de seguridad fronteriza y profundizar en la "diplomacia migratoria" con terceros países con el fin de frenar los flujos en su origen.
Los ministros también abordaron el Marco Europeo de Respuesta de Emergencia, propuesto por la Comisión Europea en septiembre, para reforzar la capacidad de respuesta de la UE ante llegadas repentinas a gran escala o una migración "orquestada y utilizada como arma", como la calificó la presidenta Von der Leyen.