El Supremo debe aclarar a contrarreloj si los nuevos nacionalizados por la 'ley de nietos' votarán el 29N

La 'ley de nietos' vuelve al Tribunal Supremo, y esta vez con el reloj electoral en marcha. Pedro Sánchez anunció el lunes la disolución de las Cortes y elecciones generales para el 29 de noviembre. Con ello ha convertido en urgente una pregunta que hasta ahora podía esperar: si podrán votar los cientos de miles de residentes en el extranjero que obtuvieron la nacionalidad por esta vía y cuyo sufragio el Alto Tribunal dejó en suspenso en septiembre.

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El problema es de fechas. El artículo 39.1 de la LOREG establece que el censo válido para unos comicios es el cerrado el primer día del segundo mes anterior a la convocatoria. Para el 29-N, eso significa el 1 de agosto. El Supremo no actuó hasta el 8 de septiembre. La lista de votantes quedó sellada cinco semanas antes de que los magistrados suspendieran nada.

Qué le han pedido al Tribunal Supremo sobre la ley de nietos

Iustitia Europa, la formación que llevó el asunto al Alto Tribunal y que además concurre a estas elecciones, registró el lunes un escrito urgente ante la Sala Tercera. Pide que se determine, dentro de ese censo de agosto, qué inscripciones tienen suspendidos sus efectos electorales y cuáles se salvan.

Porque los autos de septiembre no trataban a todos por igual. A quienes aún no figuraban en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) les congelaron el alta. A los ya inscritos les suspendieron los efectos electorales de su inscripción para cualquier proceso que se convocara mientras durase la medida.

Y dejaron fuera de la suspensión a quienes puedan certificar en el registro consular el exilio de su padre o su abuelo sin apoyarse en la presunción de la instrucción de octubre de 2022, la que daba por exiliado a todo español que salió del país entre 1936 y 1955.

Voto CERA: un censo que los consulados no saben desglosar

Ahí está el atasco. Según un informe de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares fechado el 18 de septiembre, del que ha informado distintos medios españoles, las herramientas informáticas no registran por qué vía obtuvo cada elector la nacionalidad.

Separar unos casos de otros exigiría revisar 168.896 expedientes uno a uno, y el propio ministerio calcula que las 16 oficinas que concentran el 84,5% de las inscripciones no acabarían antes del 1 de enero de 2027. Más de un mes después de las elecciones.

La Junta Electoral Central trasladó el mandato del Supremo a la Oficina del Censo Electoral el 14 de septiembre. Queda por saber cómo se ejecuta sobre una lista ya cerrada, y eso es lo que el escrito reclama aclarar.

El recurso del Gobierno sigue sin respuesta

La Abogacía del Estado recurrió los autos al entender que el tribunal fue más allá de lo que permite una medida cautelar y adelantó un juicio sobre el fondo. Recuerda, además, que lo impugnado no era la instrucción de 2022, sino el acuerdo en el que la Junta Electoral se declaró incompetente para examinarla. Iustitia Europa ha pedido que se mantenga la suspensión. El Supremo aún no ha resuelto.

Cuando se conocieron las cautelares, Félix Bolaños pidió al tribunal que zanjara el asunto "lo antes posible" y, en todo caso, antes de las citas electorales de 2027. El calendario se le ha adelantado.

Las cifras conviene leerlas con cuidado. El CERA tenía 2.736.522 electores a 1 de julio, 408.262 más que en las generales de 2023, y fue ese salto el que llevó a los magistrados a ver un "peligro fundado, real y serio" para el proceso electoral.

La del Gobierno sobre la ley de nietos es otra: de los más de 2,4 millones de solicitudes se habían aprobado 544.722, y unas 306.000 personas figuraban inscritas en el CERA a 31 de marzo.

Nada de esto afecta a la nacionalidad, que el Supremo no ha tocado. Lo que queda por decidir es si quienes la obtuvieron reciben papeleta el 29 de noviembre, y el tribunal no ha puesto fecha a ninguna de las dos resoluciones