Mariana Katzarova, relatora especial de la ONU para Rusia, detalla a 'Euronews' la letal estrategia del Kremlin para desmantelar la sociedad civil, acallar a los medios independientes y perseguir sin tregua a la disidencia antibélica, incluso más allá de sus fronteras.
"No hay posible refugio: exportar el "dominio del miedo" más allá de las fronteras" ha sido el título que la relatora especial de la ONU, Mariana Katzarova, ha dado a su informe sobre las represiones transnacionales de Rusia, presentado en la 63ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.
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A sus espaldas, la periodista y defensora de los derechos humanos búlgara acumula una amplia experiencia de trabajo sobre el terreno (la guerra en Bosnia-Herzegovina, la primera y la segunda guerras de Chechenia, el conflicto armado en el Donbás entre 2014 y 2016) y en las estructuras de la ONU (asesora del Alto Comisionado para la lucha contra la trata de personas y sobre la situación en Bielorrusia en relación con las elecciones presidenciales de 2020).
Es fundadora de la organización humanitaria 'RAW in WAR' (cuyas siglas en inglés significan "Ayudar a cada mujer en el fuego de la guerra") y creó el premio anual Anna Politkóvskaya para defensoras de los derechos humanos que trabajan en condiciones de guerra y conflicto.
Mariana Katzarova se convirtió en la primera relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia, asumió el cargo el 1 de mayo de 2023 y en septiembre presentó su primer informe.
"Es simbólico,relató la experta en una entrevista con 'Euronews', que la resolución sobre la creación del mandato del relator especial para Rusia se votara el 7 de octubre, el día del asesinato de mi amiga Anna Politkóvskaya. Entonces pensé: "El cielo se ha abierto". Yo, por supuesto, no sabía que acabaría siendo la primera relatora".
Desde entonces, Mariana Katzarova presenta cada año dos informes, uno al Consejo de Derechos Humanos y otro a la Asamblea General de la ONU, en el marco de un mandato que hasta ahora se ha prorrogado anualmente.
En esta ocasión, el foco de Katzarova está en cómo Rusia traslada más allá de sus fronteras el sistema interno de represión descrito en los anteriores informes de la experta.
Se trata de un mecanismo estatal de vigilancia, intimidación y castigo de los disidentes que "socava el activismo, la disidencia, los medios independientes y la sociedad civil en el exilio y tiene por objeto privar a las víctimas de la represión de la posibilidad de interactuar con los mecanismos internacionales de derechos humanos extranjeros", resume la relatora especial de la ONU. Las represiones transnacionales rusas "violan el derecho internacional, ya que menoscaban la soberanía del Estado receptor", subraya.
El informe se basa en 400 casos documentados y abarca el periodo de 2004 a 2026, apoyándose en una amplia gama de fuentes tanto dentro como fuera de la Federación de Rusia: leyes y documentos oficiales, testimonios directos de víctimas y miembros de sus familias, testigos y abogados, materiales de ONG rusas y extranjeras, resultados de investigaciones de fuentes abiertas y de criminología digital, además de un análisis cruzado de casos individuales.
Los juristas lo califican como 'pruebas prima facie'. Las autoridades rusas siguen sin contestar a las solicitudes de la relatora especial de la ONU de información y a sus repetidas peticiones de visitar el país.
Al señalar que no existe una definición comúnmente aceptada de represiones transnacionales, Mariana Katzarova las entiende como "cualquier acción o medida que vulnere los derechos y libertades fundamentales de personas, grupos y comunidades fuera de las fronteras de la Federación de Rusia, que sea planificada, dirigida o apoyada por las autoridades rusas, ejecutada por representantes del Estado, personas de confianza que actúan en su interés o actores no estatales y que tenga como resultado la eliminación, supresión, castigo, amenaza, persecución, coacción, detención, control o división de quienes expresan su disenso".
En el informe la Federación de Rusia se analiza como sujeto de represiones transnacionales, como Estado de origen cuyas medidas internas se aplican fuera de sus fronteras y como Estado receptor que facilita represiones transnacionales de otros países contra personas que se encuentran en su territorio.
"No existe un mecanismo internacional, no hay siquiera una definición universal de lo que son las "represiones transnacionales",explica Mariana Katzarova. "He elaborado este tipo de informe temático por primera vez sobre un país concreto: como estoy siguiendo a Rusia, lo he hecho sobre Rusia. Es muy importante para abordar esta cuestión en la ONU. En el informe he recomendado a todos los Estados miembros que desarrollen un mecanismo internacional de protección de los derechos humanos, una convención obligatoria en la que haya una definición universal y se recojan las obligaciones de los Estados receptores".
"Salir de Rusia no significa escapar de la represión"
Según el informe, las represiones transnacionales de la Federación de Rusia son inseparables del reforzamiento del régimen autoritario y de la guerra agresiva contra Ucrania, pese a que "la práctica de perseguir a emigrados políticos es una característica distintiva de la política estatal soviética y rusa desde hace más de un siglo", escribe Mariana Katzarova.
A partir del inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, esta práctica alcanzó un nuevo nivel. "El Gobierno ha desarrollado una estrategia para destruir la sociedad civil, los medios independientes, los abogados, los periodistas y cualquier manifestación, incluso mínima, de opinión contra la guerra: basta con que alguien haya dado un "me gusta" a algún informe sobre Ucrania que escriben mis colegas", cuenta Mariana Katzarova.
"Existe un mecanismo específico, una comisión que revisa las infracciones en el contexto de la guerra en Ucrania. Por eso ya hay responsabilidad penal. Han aparecido nuevas leyes: sobre la "desacreditación" del Ejército, sobre noticias falsas sobre el Ejército. Y el objetivo es ahogar, silenciar las voces antibélicas de los rusos. Y, por supuesto, también a los defensores de derechos humanos, porque ellos son quienes protegen a los presos políticos, a las víctimas de represiones motivadas políticamente".
Desde febrero de 2022 y hasta hoy han abandonado Rusia cientos de miles de personas: "Según algunos cálculos, alrededor de un millón de hombres que se negaron a participar en esta guerra se han marchado", continúa la experta. "Pero, dado que durante la movilización, por ejemplo, no se reconoce el derecho, consagrado en la Constitución, a la objeción de conciencia al servicio militar y al acceso a un servicio civil alternativo, los hombres que se negaron son considerados desertores, lo que implica hasta 7 años de responsabilidad penal".
Como consecuencia directa de la mayor ola de emigración política desde el siglo XX y de la expansión de la sociedad civil en el exilio ha aumentado el número de casos de represiones transnacionales registrados cada año: "El número medio anual de casos documentados de represiones transnacionales ha pasado de 29 casos en ocho años hasta 2022 a 89 casos en los tres años siguientes (de 2022 a 2025). ¿Entienden?, es un aumento por ocho". señala Mariana Katzarova.
El número de condenas dictadas en ausencia también ha crecido de forma geométrica,de cuatro en 2022 a 157 en 2025, según el informe."El fiscal y ocho jueces del Tribunal Internacional de La Haya fueron condenados en Rusia y declarados en busca y captura internacional. ¿Qué nos dice esto? Que las condenas en ausencia son constantes. Es una máquina, es parte de la estrategia". Más aún, "nadie responde por lo que está ocurriendo, no se realizan investigaciones, las autoridades rusas niegan su participación (en la persecución de los disidentes, nota de la redacción), y en ocasiones incluso promocionan o premian a los presuntos delincuentes", señala la experta en su informe.
Rusia, tercera en el grupo de diez países con más represalias contra sus opositores
Las formas más graves de represiones transnacionales son la violencia deliberada y las amenazas a la vida, es decir, asesinatos, atentados, agresiones y envenenamientos, señala el informe.
Basta recordar los asesinatos políticos de Aleksandr Litvinenko en Londres en 2006 y de Zelimkhan Jangoshvili en Berlín en 2019. Periodistas y defensores de derechos humanos en el exilio han sido víctimas de presuntos envenenamientos, entre ellos: la periodista de 'Novaya Gazeta' Elena Kostyuchenko en Múnich en octubre de 2022, la experiodista de 'Eco de Moscú' Irina Bablóyan en Tiflis en 2022 y la presidenta de la fundación 'Free Russia' Natalia Arno en Chequia y Alemania en 2023.
Los Estados receptores no siempre tratan a las víctimas de represiones transnacionales como tales, lo que genera inquietud sobre la seguridad de los activistas rusos en el exilio. "Ahora Alemania sigue investigando el caso de Elena Kostyuchenko de 'Novaya Gazeta'. No informan a las víctimas de lo que realmente ha ocurrido", dice Mariana Katzarova. "El FBI también investigó, pero a Natalia Arno le dijeron: es una cuestión de "seguridad nacional", no podemos contarlo".
En las actividades destinadas a eliminar la disidencia participan al menos nueve departamentos del Servicio Federal de Seguridad, así como servicios militares y de inteligencia exterior, la fiscalía y ministerios del Gobierno, indica el informe.
Uno de los ejemplos más recientes es la notificación por parte de las autoridades estadounidenses a los opositores rusos Iliá Ponomariov y Garry Kaspárov, residentes en el país, de un supuesto atentado que se preparaba bajo la dirección de Moscú, sobre lo que informa el diario español 'El Mundo'.
La relatora especial de la ONU señala que desde 2022 no solo han cambiado las dimensiones de las represiones transnacionales, sino también sus métodos, ya que ahora se extienden mediante órdenes de detención, bases de datos, bancos, sistemas digitales, demandas SLAPP y personas de confianza.
"Alguien ha calculado que he identificado alrededor de diez métodos distintos de represiones transnacionales",dice Mariana Katzarova."Muchos de ellos son muy sofisticados, burocráticos. 'Rosfinmonitoring' elabora una larga lista de "terroristas y extremistas". En el informe señaló que de los 21.541 casos de esa lista, al menos 5.063 son persecuciones por motivos políticos".
A continuación los datos se difunden de forma automática y sin verificación a través de bases de datos globales de cumplimiento normativo, como LSEG World-Check y LexisNexis, y los bancos bloquean las cuentas de las víctimas sin ninguna prueba. Así, en junio de 2026 se incluyó en el registro el sitio OVD-Info, que monitoriza las represiones en Rusia.
Como resultado, mujeres que huyen de matrimonios forzados y violencia doméstica en Chechenia, activistas LGTBI y defensores de los derechos de los pueblos indígenas se enfrentan a un mayor riesgo al cruzar fronteras.
Sometidos a una "muerte civil"
Con cada año de guerra contra Ucrania, el aparato represivo contra los disidentes se amplía. Los mecanismos de declaración como "agentes extranjeros" y "organizaciones indeseables", así como las leyes de "censura de guerra", se han expandido y han pasado de ser herramientas selectivas a un sistema de estigmatización masiva que implica amplias restricciones profesionales, financieras y sociales, subraya el informe.
Una ley federal aprobada en agosto de 2026 prevé 14 categorías de restricciones para los ciudadanos inscritos en el registro, incluso cuando están en el extranjero, desde la congelación de activos hasta la retirada de pasaportes. "Conservan las obligaciones vinculadas a la ciudadanía, pero pierden la mayor parte de su contenido. Es una muerte civil", señala Mariana Katzarova.
"La ley del 4 de agosto se refiere precisamente a aquellos rusos que han sido condenados en ausencia y no han cumplido la sentencia, sea administrativa o penal. Es decir, estarán sometidos a esta muerte civil: no tienen pasaporte de otro país, no pueden ser ciudadanos plenos de su propio Estado",explica la experta.
"Cuando se adoptó esta ley", contó a 'Euronews', "el señor Volodin, presidente de la Duma Estatal, dijo: "Tenemos que castigar a todos esos traidores a la patria que están en el extranjero". Porque ha aparecido una enorme cantidad de rusos que no estaban de acuerdo con la invasión a gran escala contra Ucrania. Esta no es su guerra".
La experta aporta el ejemplo de Borís Akunin, conocido escritor: "Lleva mucho tiempo en Londres, fue condenado en ausencia por "justificación de terrorismo" a, creo, 12 años de prisión (14, nota de la redacción). Es un caso políticamente motivado, por defender a Ucrania o pronunciarse contra la guerra. Akunin me preguntaba entonces: ¿qué va a pasar con mis cuentas bancarias, si ahora estoy definido oficialmente como "terrorista"?"
Abuso de los mecanismos internacionales
El abuso de la cooperación internacional entre fuerzas de seguridad y de los mecanismos de asistencia jurídica mutua supone una expansión inadmisible de la jurisdicción penal extraterritorial sobre el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión, de asociación y de participación en la vida política en el exilio, subraya la relatora especial.
Así, la Federación de Rusia es el país que más utilizalas notificaciones rojas de Interpol."El órgano de supervisión de Interpol revisó en 2024 todas estas notificaciones rojas", relató Mariana Katzarova.
"Aproximadamente la mitad de los casos vinculados a la Federación de Rusia fueron considerados contrarios al estatuto de la organización. Es decir, eran todos asuntos motivados políticamente". La experta recomienda encarecidamente "no aceptar cada aviso y solicitud de notificación roja procedente de las oficinas nacionales de Interpol como si fueran oro limpio, especialmente cuando se trata de "terroristas y extremistas" y, sobre todo, ahora".A su juicio, es necesario contar con un mecanismo de comprobación y verificación caso por caso.
Aún mayor inquietud entre los defensores de derechos humanos provoca el sistema de búsqueda interestatal de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), ya que sus documentos básicos (el Acuerdo de Minsk de 1993, el de Chisináu de 2002 y el tratado de 2010 sobre el sistema de búsqueda interestatal de personas) permiten detener a individuos en el territorio de cualquier Estado miembro sin verificar la posible motivación política. Ninguno de ellos contiene garantías adecuadas de derechos humanos ni del respeto del principio de no devolución.
Un ejemplo elocuente es Mansur Movláyev, que sobrevivió a la tortura y huyó de Chechenia. Lleva 18 meses detenido en Kazajistán a petición de Rusia, que solicita su extradición. Tras varios rechazos de su solicitud de asilo, sigue corriendo el riesgo de ser torturado o asesinado si es devuelto a Rusia.
"Hace 10 días el disidente y opositor checheno Mansur Movláyev intentó suicidarse por segunda vez", declaró en una entrevista con 'Euronews' Mariana Katzarova**.** "Lo salvaron, pero Kazajistán, por ejemplo, sigue, igual que muchos otros miembros de la CEI, cumpliendo a ciegas las exigencias de la Federación de Rusia en virtud de acuerdos bilaterales o de los acuerdos de la CEI, sin comprobar en absoluto si se trata de casos políticos o no".
Las víctimas de represiones transnacionales quedan desprotegidas, afirmó la relatora especial de la ONU, y la noticia de que el 30 de septiembre los fiscales generales de Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán firmaron un acuerdo de cooperación en la lucha contra el terrorismo y el extremismo y ahora intercambiarán de forma rápida información sobre organizaciones y personas consideradas "una amenaza para la seguridad" no puede sino suscitar preocupación.
Entre otros métodos figuran las amenazas a los familiares que siguen en la Federación de Rusia para obligar a guardar silencio a quienes están en el extranjero o presionarlos para que regresen al país, donde se enfrentan a prisión y tortura."A Mansur Movláyev le detuvieron al padre y al hermano. Al hermano lo torturaron en Chechenia", explica la relatora especial de la ONU. "Otra práctica bastante extendida es que se cite a los padres ancianos en el Servicio Federal de Seguridad para que den "explicaciones".
Represiones digitales
Las represiones transnacionales digitales se han convertido en la principal herramienta utilizada por las autoridades rusas para perseguir a quienes están en el exilio. Se trata del control sobre las plataformas e infraestructuras en línea, la instalación de programas espía, campañas de phishing y ciberataques, así como acoso en internet, divulgación deliberada de datos personales y campañas coordinadas de descrédito en la red.
"Rusia exporta a otros Estados tecnologías de vigilancia y censura, incluida la inspección profunda de paquetes de datos y el reconocimiento facial, así como tecnologías para interferir y suplantar señales en los sistemas mundiales de navegación por satélite", explica Mariana Katzarova, lo que contribuye a normalizar prácticas autoritarias y a crear un ecosistema común en el que los Estados autoritarios se ayudan mutuamente a neutralizar la actividad de la sociedad civil en el exilio.
En primer lugar se trata de Bielorrusia, Turkmenistán, Kirguistán y Kazajistán, pero también de Corea del Norte, precisa Katzarova. Es decir, devuelven de forma automática, a petición de esos Estados, a disidentes y opositores a las prisiones y a la tortura, indica la relatora especial de la ONU.
Y ello pese a que "existe el principio de non-refoulement, de no devolución a países en los que una persona puede ser sometida a tortura, encarcelamiento y amenazas para su vida, además de a juicios injustos. Es la primera norma, absoluta. La segunda es analizar que si alguien es juzgado en virtud del código administrativo o penal por divulgar bulos sobre el Ejército, por desacreditar al ejército, se trata de casos motivados políticamente".
Queda por definir quién es "víctima de represiones transnacionales"
En la elaboración del informe, relató Mariana Katzarova, se topó a menudo con una definición insuficiente de "víctimas de represiones transnacionales". "Es un nuevo paradigma, identificar a las víctimas. ¿Quién es víctima de represiones transnacionales? Primero hay que comprender el concepto. Espero que mi informe contribuya a ello", afirma.
Y aunque el Estado que ejerce las represiones viola claramente la soberanía de otros países, "es como declarar la guerra en su territorio: ciertos espías o agentes rusos aparecen, por encargo del Gobierno, y atacan a personas", señala. "no se puede tratar a todos los rusos como potenciales espías o potenciales agentes de su Gobierno. Hay que verlos como víctimas", subraya la relatora especial de la ONU.
"Mucho pueden hacer otros países, europeos y no europeos", sostiene Katzarova. "Por eso llamo a una convención general. Empecemos por que exista un mecanismo nacional, una estrategia nacional, específicamente sobre Rusia, específicamente sobre los rusos que se encuentran en esos países. Y protección para los defensores de derechos humanos, los periodistas, que se les dé la posibilidad de continuar su trabajo".
Según ella, en algunos países de la Unión Europea los familiares no pueden visitar a los opositores rusos que allí residen. Se ven obligados a encontrarse en algún otro lugar del mundo.
"Rusia no es, por supuesto, el único país que recurre a represiones transnacionales. Hay otros que reprimen a disidentes y la disidencia. Yo, por ejemplo, considero que las víctimas de represiones transnacionales no son solo rusos, pueden ser otras personas. Por ejemplo, el opositor checheno Jangoshvili, asesinado en 2019 en Berlín, y sobre cuyo caso un tribunal alemán demostró que fue ejecutado por agentes del Servicio Federal de Seguridad por encargo del Gobierno. Él era ciudadano de Georgia, no ruso, de modo que la nacionalidad de los llamados "traidores a la patria" no importa. Para Moscú todos son enemigos, quienes de una u otra forma actúan contra el Gobierno ruso", reflexiona Mariana Katzarova.
Tras señalar la ausencia de un documento internacional jurídicamente vinculante dedicado al problema de las represiones transnacionales, la relatora especial instó a elaborar una convención de la ONU en la que se recojan las obligaciones de los Estados receptores y los mecanismos de prevención, rendición de cuentas y cooperación interestatal.
"Considero que no hay nada inevitable en las represiones transnacionales si los Estados receptores cumplen sus obligaciones (respetan el principio de no devolución, examinan cuidadosamente las notificaciones rojas de Interpol emitidas por Rusia y los datos de las listas de personas buscadas, exigen a los bancos que verifiquen las razones para incluir a alguien en los listados rusos). Entonces esas represiones no funcionan", afirma.
"Los países de la Unión Europea deberían desarrollar estrategias nacionales de trato hacia las víctimas de represiones transnacionales procedentes de Rusia, por ejemplo", está convencida Mariana Katzarova.
"Tengo la impresión, desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, de que los políticos de la Unión Europea no se fijan en quiénes son los rusos que viven en sus países. Yo hablo constantemente con ellos, hago labor de presión, les pido que introduzcan excepciones en sus regímenes de visados o en las nuevas leyes que limitan el acceso de los rusos. Hagan excepciones para los defensores de derechos humanos, para los disidentes, para los objetores de guerra por motivos de conciencia, para los periodistas, porque muchos de ellos son, o serán, o ya son víctimas de represiones transnacionales".
Recuerda la reciente prohibición de la Unión Europea de conceder visados múltiples a ciudadanos rusos y el nuevo Pacto de Migración: "Creo que muchos rusos quedarán sometidos a lo que yo definiría como medidas draconianas. No se puede castigar a todo un pueblo, el pueblo no tiene la culpa, la culpa es del Gobierno. Espero que mi informe sea la primera campana en defensa de quienes, arriesgando la vida, se posicionan contra la guerra y a favor de la paz", concluye Mariana Katzarova.