Una red transfronteriza de asesores financiada por la UE ayuda a los ciudadanos europeos que trabajan en otros Estados miembros a reclamar los salarios y los derechos sociales a los que tienen derecho.
"Necesitan información desesperadamente. Información correcta porque, hasta cierto punto, se las arreglan solas", explica Marko Tanasić, Consejero de Movilidad Laboral Justa de la UE y miembro de la ZSSS. Es uno de los consejeros de ocho países que reparte folletos en una parada de descanso de la autopista cerca de Liubliana y aprovecha para hablar con los conductores sobre sus condiciones de trabajo, tiempo de descanso y salario.
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Millones de europeos trabajan en el extranjero, y a algunos no se otorga da el salario y las prestaciones a las que tienen derecho. El camionero esloveno Goran Jovanovic, conductor de camiones de larga distancia, afirma que a muchos conductores «no se les paga de acuerdo con un acuerdo de negociación colectiva, como deberían», sino que se les paga por días fijos y por kilómetro recorrido.
El proyecto Fair Labour Mobility EU cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros este año, el 90% de ellos procedentes de la UE, y ha ayudado a casi 3000 trabajadores a reivindicar sus derechos laborales y sociales entre 2024 y 2025. Los casos tratan desde cotizaciones a la seguridad social impagadas y accidentes laborales hasta alojamientos inaceptables y pagos insuficientes, a menudo en varios países.
La Comisión Europea acaba de lanzar su Paquete de Movilidad Laboral Justa, una propuesta que cuenta con tres objetivos clave: un reconocimiento más rápido de las cualificaciones a través de las fronteras, una cartera digital para almacenar y compartir documentos de seguridad social, y un papel más importante para la Autoridad Laboral Europea para combatir el fraude.