Más de una docena de países de la UE cuestionan los planes de Bruselas para favorecer la electricidad frente al gas y advierten de que socavarían el control nacional sobre la fiscalidad energética y los peajes de la red.
Más de una docena de países de la UE han rechazado los planes de la Comisión Europea para abaratar la electricidad frente al gas mediante una fiscalidad preferente, y advierten de que Bruselas se está extralimitando en sus competencias.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
En una reunión de ministros de Energía de la UE celebrada en Luxemburgo este jueves, Alemania, Italia, Malta, la República Checa, Bulgaria, Eslovaquia, Finlandia, Rumanía, Croacia, Polonia, Letonia, Estonia y Hungría han estado entre los países que han pedido eliminar la controvertida disposición.
La propuesta se enmarca en los esfuerzos de la Comisión por animar a los hogares y las empresas a pasar de los combustibles fósiles a la electricidad, en un contexto en el que la demanda de la industria, los centros de datos, las bombas de calor y los vehículos eléctricos sigue creciendo.
Pero el aumento del coste de la expansión y funcionamiento de las redes eléctricas europeas se está trasladando cada vez más a los consumidores en forma de facturas más elevadas.
La propuesta de la Comisión llega en plena crisis energética, agravada desde la guerra estadounidense-israelí contra Irán, que ha disparado los precios y ha intensificado la presión sobre Bruselas para aliviar la carga sobre los hogares y la industria.
Incluso antes del conflicto en Oriente Medio, los precios de la electricidad en Europa eran el doble que en Estados Unidos y China, lo que llevó a los fabricantes europeos a exigir una acción 'urgente y audaz'.
Durante una cumbre informal el pasado febrero, los líderes de la UE se comprometieron a reducir los precios de la energía haciendo que la fiscalidad de la electricidad fuera más favorable que la del gas natural, con el objetivo de abaratar las facturas.
Pero varios países de la UE sostienen que la política fiscal debe abordarse en la revisión en curso de la Directiva sobre Fiscalidad de la Energía, que exige unanimidad, y no decidirse por votación de mayoría cualificada, como propone la Comisión Europea.
La ministra de Energía de Suecia, Ebba Busch, pidió una mejor regulación en lugar de más burocracia. "Dadas las diferencias muy significativas entre las redes y sus características en toda la Unión, no hay una solución única válida para todos en el diseño de las tarifas", dijo Busch.
España, Dinamarca y Luxemburgo han respaldado a la Comisión, aunque han reclamado cierta flexibilidad.
"Las propuestas deberían incluir flexibilidad para que los Estados miembros fijen prioridades políticas claras para políticas de electrificación ambiciosas, a fin de garantizar el ritmo y la escala de la ampliación de las redes", afirmó el representante permanente danés, el diplomático Søren Jacobsen.
Francia buscó una vía intermedia, pidió que se garantizara la base jurídica y sugirió que la medida se vinculara a circunstancias específicas como una crisis del gas. Luxemburgo planteó sustituir la disposición por una obligación general de promover la electrificación.
Bruselas frente al control nacional
La oposición más fuerte se centró en el plan de la Comisión de permitir que establezca normas comunes sobre cómo se calculan los cargos de las redes eléctricas en toda la UE, sin tener que pedir de nuevo la aprobación de los Estados miembros y del Parlamento Europeo cada vez.
Italia, Francia, Alemania, Eslovaquia, Polonia, España, Finlandia y otros países defendieron que el plan socavaría la independencia de los reguladores nacionales y daría a Bruselas demasiado poder sobre decisiones que consideran que deben adoptarse a nivel nacional.
Finlandia señaló que su Parlamento había concluido formalmente que la propuesta vulnera ese principio.
"Los Estados miembros deben conservar suficiente flexibilidad para reflejar sus circunstancias nacionales, sus necesidades de inversión y sus sistemas eléctricos. También nos preocupa la falta de una evaluación de impacto exhaustiva", afirmó el representante estatal de Finlandia, Mika Nykänen.
El comisario de Energía, Dan Jørgensen, se mantuvo firme en sus declaraciones finales y afirmó que la propuesta del Ejecutivo comunitario "tiene mucho sentido".
El máximo responsable de energía de la UE señaló que los servicios jurídicos tanto de la Comisión como del Consejo han considerado la propuesta jurídicamente sólida.
"Esa cláusula jurídica podría tener tanto un impacto inmediato como estructural en la reducción de nuestras facturas de electricidad. No deberíamos privar a nuestros consumidores y a nuestras industrias de los beneficios de esta propuesta", dijo Jørgensen a los ministros de Energía.
La Presidencia irlandesa, que actualmente media en las negociaciones de la UE, afirma que quiere un compromiso sobre los cargos de red en diciembre.