Los gobiernos de la UE frenan el intento de Bruselas de ganar control sobre las redes eléctricas y reclaman más margen para fijar sus tarifas, en plena pugna por unas infraestructuras cada vez más caras y saturadas.
Los gobiernos de la Unión Europea quieren suavizar una propuesta que otorgaría a Bruselas un mayor control sobre la red eléctrica del bloque. Los países prefieren conservar el control sobre cómo se financian y gestionan las redes, según un documento del Consejo al que ha tenido acceso 'Euronews'.
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Las negociaciones sobre quién asumirá el coste de modernizar la red eléctrica europea, un paso crucial para alcanzar el objetivo de neutralidad climática de la UE en 2050, avanzan en Bruselas justo cuando la electricidad adquiere un papel central en la estrategia económica del bloque.
La UE quiere que hogares y empresas abandonen progresivamente los combustibles fósiles y se pasen a la electricidad, mientras se espera que la industria, los centros de datos, las bombas de calor y los vehículos eléctricos impulsen aún más la demanda. Pero el coste de ampliar y mantener las redes eléctricas pesa cada vez más en las facturas.
Los peajes de red y los impuestos combinados superan a menudo el precio de la propia electricidad consumida. Los cargos de red representaron el 27% de las facturas eléctricas de los hogares y el 21% de las empresas, mientras que los impuestos y gravámenes nacionales añadieron otro 24% y 16%, respectivamente, según datos de la UE.
La subida de las facturas de la luz en Europa llevó a la Comisión Europea a proponer en julio nuevas normas para abaratar la energía, en plena crisis desencadenada por el cierre del estrecho de Ormuz. La Comisión también presentó un plan de electrificación que fija para la Unión un objetivo del 46% para 2040.
La Presidencia irlandesa del Consejo de la UE busca mantener la ambición de la Comisión de abaratar la electricidad y acelerar la electrificación, pero quiere conceder a los gobiernos y reguladores nacionales más margen para decidir cómo aplicar las normas, según el documento.
Irlanda, encargada de impulsar las negociaciones en el Consejo, propone una profunda reforma de los peajes de red. El objetivo es que las tarifas incentiven a los consumidores a reducir la demanda en las horas punta, trasladar parte del consumo a otros momentos del día y tener en cuenta la ubicación de las nuevas conexiones.
Sin embargo, las últimas reuniones preparatorias celebradas el 23 de septiembre muestran que los gobiernos son reacios a que estas herramientas se conviertan en requisitos uniformes para toda la UE.
"Las normas sobre la aplicación de una metodología de referencia de tarifas de electricidad permitirán a las autoridades reguladoras apartarse de esa metodología de referencia en los casos debidamente justificados", señala un documento del Consejo fechado el 16 de septiembre y al que ha tenido acceso 'Euronews'.
Polonia, Italia, Chequia, Luxemburgo, Lituania y Letonia quieren que herramientas como una electricidad más barata fuera de las horas punta o los incentivos para instalar nuevos proyectos donde exista capacidad disponible se utilicen únicamente cuando resulten adecuadas para el sistema eléctrico de cada país, en lugar de imponerlas de manera uniforme en toda la UE.
España, Países Bajos, Suecia y Chipre han expresado mayores reservas sobre la eficacia y las posibles consecuencias sociales de estas medidas. Francesco Sassi, profesor ayudante de la Universidad de Oslo, explicó a 'Euronews' que un mayor control centralizado por parte de la Comisión podría "ayudar a aliviar el aislamiento de la Península Ibérica o impulsar más inversiones en interconexiones energéticas bajas en carbono en Europa oriental y sudoriental".
"Estos países muestran una creciente incomodidad ante la cesión de poder a Bruselas en medio de la segunda crisis energética bajo la presidencia de Ursula von der Leyen y de repetidos sobresaltos de mercado que la Comisión Europea parece incapaz de controlar", añadió Sassi.
Flexibilidad nacional frente a coordinación europea
Para la Comisión, unas normas comunes permitirían hacer más transparente y eficiente el fragmentado mercado eléctrico europeo. Sin embargo, los países se resisten a cualquier medida que pueda obligarlos a rediseñar unos sistemas tarifarios nacionales adaptados a redes, industrias y perfiles de consumo muy diferentes.
Uno de los principales puntos de fricción es una disposición que permitiría a la Comisión establecer una estructura común y una metodología de referencia para las tarifas eléctricas. La Presidencia irlandesa insiste en que el objetivo sería "armonizar la metodología", no las tarifas en sí, y que los reguladores nacionales podrían apartarse del modelo de referencia cuando estuviera justificado.
Pero varios de los principales países de la UE mantienen sus reservas. Francia, Alemania, Italia, Polonia, Finlandia, España y Países Bajos quieren que las competencias de la Comisión se reduzcan de forma significativa o se eliminen. Estos países se inclinan por unas directrices frente a un sistema vinculante. En última instancia, detrás del debate está también la cuestión de cómo repartir los costes de la transición energética europea.
"El elefante en la habitación, del que nadie quiere hablar directamente y se prefiere debatir sobre la tecnoeconomía aplicada a los sistemas de red, el control de la red, las interconexiones y las tarifas, es que la naturaleza de estas cuestiones es intrínsecamente política y geopolítica", añadió Sassi.
La batalla por quién accede primero a la red eléctrica
Las implicaciones políticas se hacen todavía más evidentes cuando se trata de nuevas conexiones. La UE se enfrenta a colas cada vez mayores para acceder a la red, mientras fábricas, proyectos de energías renovables, centros de datos y otras inversiones con un elevado consumo eléctrico compiten por una capacidad limitada. Las normas propuestas permitirían a los países establecer prioridades cuando no haya suficiente capacidad disponible.
El último texto de compromiso reforzaría el papel de los Estados miembros a la hora de definir la orientación general de estas políticas, dejando a los reguladores margen para aplicar las normas.
Un amplio grupo de países, entre ellos Alemania, Francia, España, Portugal, Polonia, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Bélgica, Lituania y Letonia, respalda en líneas generales otorgar a los gobiernos un papel más importante.
Estos países sostienen que decidir qué proyectos obtienen acceso a una capacidad de red escasa no es un mero ejercicio técnico: implica también decisiones políticas sobre competitividad industrial, seguridad energética y prioridades sociales. La Comisión, por su parte, defiende que establecer los criterios técnicos y los peajes de red es, fundamentalmente, una tarea regulatoria.
Dinamarca ha anunciado recientemente una ley de emergencia sobre la red que otorga a los centros de datos la prioridad más baja para las nuevas conexiones, después de que Copenhague se viera obligada a detener nuevas conexiones a principios de año ante el fuerte aumento de las solicitudes de este sector.
Varios países de la UE temen que la rápida expansión de los centros de datos pueda tensionar todavía más las redes eléctricas y elevar los precios de la energía para los hogares. Bruselas pretende triplicar su capacidad en el bloque de aquí a 2035 como parte de su estrategia para reducir la dependencia de las grandes tecnológicas y desarrollar capacidades propias de inteligencia artificial en Europa.