La juez María Tardón ha acordado citar como imputado el próximo 18 de noviembre al exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, que dimitió el pasado 28 de septiembre, dentro de la investigación sobre la entrada masiva de inmigrantes registrada desde Marruecos los días 30 y 31 de julio.
La juez María Tardón ha acordado citar como imputado el próximo 18 de noviembre al exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano (que dimitió el pasado 28 de septiembre), dentro de la investigación sobre la llegada masiva de migrantes desde Marruecos los días 30 y 31 de julio.
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El procedimiento, iniciado en septiembre y en el que ya han testificado numerosos implicados, suma así su primer investigado. Entre quienes han declarado figura Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete del entonces delegado, quien ha asegurado que el 29 de julio trasladó verbalmente a Pérez los avisos previos de un agente del CNI y advirtió de que todavía quedan 19 mensajes y una conversación por desclasificar.
La medida tiene lugar después de que el Gobierno autorizara desclasificar los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) solicitados por la magistrada, quien igualmente ha llamado a declarar a dos miembros del servicio secreto. La juez formaliza la imputación en un auto de once páginas mediante el cual acepta hacerse cargo de las diligencias que tramitaba la Plaza 6 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta.
La juez investiga los fallos en las comunicaciones policiales
A través de esta resolución, la juez pide también a la Comisaría General de Información de la Policía los informes o investigaciones que obren en su poder acerca de anomalías en las comunicaciones operativas detectadas entre el 28 de julio y el 5 de agosto, al apreciar indicios "compatibles con actuaciones coordinadas dirigidas a perturbar la capacidad de comunicación, coordinación o respuesta de los servicios públicos españoles". Por último, solicita al Centro de Operaciones de Servicio (COS) de la Guardia Civil de Ceuta las grabaciones telefónicas registradas los días 30 y 31 julio.
La magistrada reclama ambos informes antes de pronunciarse sobre la batería de diligencias solicitada por la Fiscalía a raíz de los fallos registrados en las comunicaciones operativas durante aquellas jornadas.
Según razona en el auto, "si efectivamente se hubiera producido una degradación grave y prolongada de tales capacidades, resultaría imprescindible determinar si dicha circunstancia obedeció únicamente a causas técnicas ordinarias derivadas de la saturación de las redes o, por el contrario, si pudo existir algún tipo de actuación deliberada dirigida a perturbar el normal funcionamiento de tales sistemas".
Sin pruebas de sabotaje o ciberataques
Tardón puntualiza que, fuera del relato de un agente policial, no existe prueba objetiva alguna que respalde la existencia de operaciones deliberadas de "interferencia tecnológica, ciberataques, guerra electrónica, sabotaje digital o cualquier otra modalidad de actuación hostil que tuvieran participación, intervención, colaboración o relación causal con los hechos" que se investigan.
Dicho agente de policía testificó que las redes operativas arrastraron graves fallos de funcionamiento en esas fechas, una anomalía que llegó "hasta el punto de suscitarle la sospecha de que dichas incidencias pudieran guardar relación" con las entradas masivas de inmigrantes.
"Sin embargo, y como bien se señala en su escrito por el Ministerio Fiscal, tal apreciación constituye una valoración subjetiva del declarante, que tras percibir la eventual existencia de una alteración significativa de los sistemas de comunicaciones empleados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante una situación de extraordinaria presión fronteriza, también apunta a que a ello pudo contribuir, precisamente, la saturación que tal situación pudiera generar, así como la proximidad de la frontera", razona la instructora.