La juez María Tardón investigará la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a finales de julio por posibles delitos contra la integridad territorial, homicidio imprudente y organización criminal, tras apreciar indicios de una actuación coordinada desde Marruecos.
La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha ordenado la apertura de una investigación penal en torno a la entrada de decenas de miles de inmigrantes en Ceuta el pasado mes de julio, al considerar que, según recoge el auto, existió una "conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país".
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La decisión de Tardón se produce después de que la propia magistrada considerara que la Audiencia Nacional es competente para investigar delitos contra la integridad territorial, homicidios imprudentes y organización criminal, siguiendo el criterio de la Fiscalía.
En un auto, la juez sostiene que la entrada masiva de inmigrantes, que tuvo lugar los días 30 y 31 de julio, habría sido utilizada para atacar la integridad territorial española y señala una "clara e indudable gestión favorecedora" del proceso desde Marruecos. La investigación contempla posibles delitos contra la paz y la independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en relación con homicidios imprudentes y de organización criminal.
La decisión se produce después de que Tardón abriese diligencias a raíz de una denuncia presentada por la organización Iustitia Europa y tuviese que determinar si la Audiencia Nacional era competente para investigar los hechos. La Fiscalía apoyó que el tribunal asumiera el caso al considerar que los efectos más relevantes se produjeron en territorio español.
La investigación parte, entre otros elementos, de un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), según el cual las entradas no fueron espontáneas, sino coordinadas, y los flujos migratorios habrían servido como cobertura para un proceso que la resolución vincula con una denominada "guerra híbrida".
Una estructura de cinco niveles
La juez identifica una estructura de al menos cinco niveles. En el primero sitúa a las personas que entraron en Ceuta; en el segundo, a los "dinamizadores del mensaje" que promovieron las entradas a través de las redes sociales; y en el tercero, a los organizadores del flujo de personas sobre el terreno, entre ellos miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes, tanto uniformados como no uniformados.
Los niveles cuarto y quinto corresponden, según el auto, a quienes habrían planificado y dirigido el proceso. Tardón señala que en tres de los niveles es posible identificar personas concretas, mientras que en los otros dos todavía no se pueden determinar autores materiales específicos. La resolución apunta además a personas que operarían desde Marruecos o en vinculación con ese territorio.
La magistrada destaca asimismo el comportamiento de los agentes marroquíes durante los hechos y sostiene que guiaron activamente a los inmigrantes. Según la resolución, algunos uniformados habrían dado indicaciones para dirigir a las personas que trataban de cruzar la frontera y superar los obstáculos hasta alcanzar la zona próxima a la playa de Fnideq y el agua.
Alerta previa: "riesgo extremo"
Tardón también recoge que el 29 de julio, un día antes de las entradas, el Centro Nacional de Coordinación de Puestos Fronterizos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (C.G.E.F.) emitió una alerta sobre un "riesgo extremo" ante un escenario de entradas coordinadas a nado y mediante el salto de la valla.
La juez considera que las entradas provocaron un colapso de las capacidades de respuesta del sistema de control fronterizo español y una vulneración masiva de la soberanía territorial. En el auto también se señala una posterior desestabilización de los servicios y de la seguridad, así como posibles efectos sobre el perfil internacional y geopolítico de España.
Los hechos se produjeron en un contexto en el que alrededor de 140 personas murieron durante el intento de entrada, 83 de ellas en aguas españolas, según recoge la resolución. Tardón aprecia indicios de "intencionalidad de atentar" contra el Estado y cita las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien calificó lo ocurrido como "un ataque, una violación de la integridad territorial de España".
El procedimiento permanecerá parcialmente bajo secreto, salvo para la Fiscalía. La juez investigará también la respuesta ofrecida ante las alertas previas a los hechos y la articulación de los medios destinados a hacer frente a la entrada masiva.