El gigante petrolero estadounidense ExxonMobil impugna las normas de la UE que obligan a los productores de combustibles fósiles a contribuir al almacenamiento de carbono.
El gigante petrolero ExxonMobil ha emprendido acciones legales contra la Comisión Europea por las normas de la UE que obligan a los productores de combustibles fósiles a contribuir al desarrollo de infraestructuras de almacenamiento de carbono, según un documento oficial de la Comisión al que ha tenido acceso 'Euronews'.
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Según el documento, tres empresas del grupo ExxonMobil han iniciado un procedimiento de arbitraje al amparo del Tratado sobre la Carta de la Energía (ECT, por sus siglas en inglés), conforme a las normas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
El ECT es un acuerdo internacional surgido tras la Guerra Fría para proteger las inversiones en países del antiguo bloque comunista. Con el tiempo se ha convertido en objeto de controversia, ya que permite a las empresas energéticas demandar a los Estados por medidas que puedan perjudicar sus beneficios previstos.
Las tres compañías, ExxonMobil Petroleum & Chemical, con sede en Bélgica, ExxonMobil Luxembourg y ExxonMobil Netherlands, impugnan las disposiciones sobre almacenamiento de carbono de la Ley sobre la Industria de Cero Emisiones Netas de la UE (o NZIA, por sus siglas en inglés).
"Las empresas impugnan el elemento de infraestructuras de almacenamiento de carbono del reglamento, que fija un objetivo a escala de la Unión de alcanzar una capacidad de inyección de CO₂ de al menos 50 millones de toneladas anuales para 2030 y exige la contribución de los productores autorizados de petróleo y gas", señala el documento.
ExxonMobil sostiene que los exigentes requisitos climáticos de la UE son imposibles de cumplir debido a la duración de los procedimientos de autorización y a sus elevados costes. Aunque el documento no precisa cuándo se presentó la reclamación, informaciones anteriores apuntan a julio.
La normativa obliga a los productores autorizados de petróleo y gas a contribuir al objetivo europeo de alcanzar una capacidad de inyección de 50 millones de toneladas de CO₂ al año antes del 31 de diciembre de 2030. La medida parte de la idea de que las empresas que extraen combustibles fósiles deben participar en el desarrollo de las infraestructuras necesarias para gestionar las emisiones de carbono.
¿Un desafío al principio de "quien contamina paga"?
El litigio podría poner a prueba la capacidad de Bruselas para exigir a las compañías de combustibles fósiles que contribuyan a financiar la transición energética. La disputa llega, además, en un momento en el que la Comisión ha retrasado su propuesta de nuevas normas sobre infraestructuras y mercados de transporte de CO₂, inicialmente prevista para el tercer trimestre del año.
Las obligaciones de la NZIA se concretan en dos medidas europeas: una establece el umbral de producción que determina qué empresas están sujetas a la normativa y otra fija la capacidad de inyección que debe aportar cada una.
Las compañías que producen menos de 610.000 toneladas equivalentes de petróleo o representan menos del 5% de la producción total de la UE están exentas. En total, 44 grandes productores de petróleo y gas están sujetos a estas obligaciones.
ExxonMobil alega que la UE ha vulnerado varias disposiciones del Tratado sobre la Carta de la Energía relativas al trato justo y equitativo, la no discriminación y la protección de las inversiones frente a la expropiación.
Según el documento, las empresas tienen previsto solicitar medidas provisionales para suspender las obligaciones de almacenamiento de CO₂ que afectan a sus filiales.
El caso plantea hasta dónde puede llegar la UE a la hora de exigir a los productores de combustibles fósiles que asuman parte de los costes de las infraestructuras necesarias para la transición energética.
Bruselas considera que el objetivo de 50 millones de toneladas permitirá acelerar el desarrollo de la captura y almacenamiento de carbono, una tecnología que considera importante para reducir las emisiones de los sectores industriales más difíciles de descarbonizar. Sin embargo, el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero la ha criticado por considerarla "cara" y "no probada".
A diferencia de un modelo basado exclusivamente en financiación pública o inversiones privadas voluntarias, la normativa europea impone obligaciones directas a los productores de petróleo y gas. Por ello, el resultado del litigio podría tener consecuencias más allá de ExxonMobil, especialmente si las compañías consiguen cuestionar la base jurídica o la aplicación del sistema de contribuciones.
Según el documento, Bruselas sigue analizando la notificación y preparando su respuesta. No se especifica qué indemnización reclama ExxonMobil ni cuál podría ser el coste económico para la UE. La Comisión Europea indicó a 'Euronews' que no comenta los procedimientos judiciales en curso.
La Comisión defiende un nuevo proyecto de captura de carbono
La disputa llega mientras la Comisión Europea sigue defendiendo la captura y almacenamiento de carbono como una de las herramientas de su estrategia climática. En septiembre, el comisario europeo de Acción por el Clima, Wopke Hoekstra, celebró la puesta en marcha de la mayor instalación de captura de carbono de Europa, situada en los Países Bajos.
La planta de Yara en Sluiskil está diseñada para capturar 800.000 toneladas de dióxido de carbono al año, lo que permitirá reducir las emisiones de la fábrica un 25%. El CO₂ capturado se licuará y transportará en barcos hasta Noruega, donde se almacenará bajo el lecho marino mediante el proyecto Northern Lights.
Hoekstra reconoció que la captura y almacenamiento de carbono "no es una solución milagrosa a la crisis climática", pero defendió su utilidad para industrias con un elevado consumo energético, como las del acero, el cemento y el aluminio.
"Simplemente no podemos permitirnos dejar sin explotar ninguna parte del espacio de soluciones. Esta es una solución climática práctica que reduce las emisiones y al mismo tiempo mantiene fuerte nuestra base industrial", afirmó el comisario neerlandés durante su visita a la planta de Yara el 7 de septiembre.
Desde Sluiskil, el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, recordó que hace unos años muchos consideraban prácticamente imposible almacenar carbono bajo tierra.
"Ahora es una realidad. El proyecto demuestra que la captura y almacenamiento de carbono funciona y puede llevarse a cabo a través de las fronteras nacionales. La experiencia y la infraestructura noruegas se están utilizando para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mucho más allá de las propias fronteras de Noruega y desempeñan un papel importante en la transición ecológica de Europa", señaló Støre.
Según las proyecciones, la UE necesitará una capacidad de almacenamiento de unos 250 millones de toneladas anuales para alcanzar su objetivo de reducir las emisiones netas un 90% en 2040. Entre los principales proyectos europeos figuran Porthos y Aramis, en los Países Bajos, y Greensand y Bifrost, en Dinamarca, todos ellos situados en torno al mar del Norte.
Persisten importantes obstáculos
Bergur Rasmussen, ex eurodiputado danés y actual responsable del grupo de presión CCS Europe, considera que el objetivo europeo de alcanzar una capacidad de almacenamiento de 50 millones de toneladas en 2030 es "ambicioso" y que su cumplimiento "no está en absoluto garantizado".
"Los propios datos de la Comisión muestran que la UE cuenta actualmente con 3,54 millones de toneladas de capacidad de inyección de CO₂ operativa, mientras que la capacidad de inyección proyectada es de solo 27,1 millones de toneladas, por lo que queda claramente una brecha significativa que cerrar en los cuatro años restantes antes del final de la década", explicó Rasmussen a 'Euronews'.
A su juicio, el principal desafío consiste en desarrollar esta tecnología a una escala suficiente y adaptarla a las necesidades de la industria para que se convierta en una solución viable a largo plazo. La Comisión tiene previsto presentar nuevas propuestas para abordar estas dificultades, aunque todavía no está claro si el retraso está relacionado con el litigio de ExxonMobil ni qué repercusiones podría tener sobre su viabilidad.
Por su parte, la organización medioambiental Bellona ha advertido de que la demanda podría debilitar los esfuerzos de Bruselas por crear un mercado viable de captura y almacenamiento de carbono. La ONG considera que el caso demuestra cómo las protecciones a las inversiones recogidas en el Tratado sobre la Carta de la Energía pueden ser utilizadas por las compañías de combustibles fósiles para cuestionar la legislación climática.
William Druet, asesor de políticas de Bellona Europa, defendió que las obligaciones de almacenamiento impuestas a los productores de petróleo y gas son importantes para impulsar las inversiones.
"Cumplir los objetivos de neutralidad climática de la UE significa acelerar las inversiones en infraestructuras que, en última instancia, sostendrán una economía limpia y crearán oportunidades comerciales a largo plazo para las empresas que las desarrollen y exploten", afirmó Druet.
"El arbitraje en materia de inversiones no debería convertirse en un mecanismo a través del cual las empresas busquen compensación por verse obligadas a acelerar inversiones que acabarán formando parte de sus propios modelos de negocio", añadió.
ExxonMobil no respondió a la solicitud de comentarios de 'Euronews'.