Dinamarca, Austria, Alemania, Países Bajos y Grecia prevén iniciar en 2027 las deportaciones de solicitantes de asilo rechazados hacia el país africano. En este 2026, el proyecto piloto para 100 personas desata críticas por derechos humanos y dudas sobre su encaje legal europeo.
Cinco países de la UE han anunciado este lunes una asociación con Ruanda para establecer el primer centro de retorno de la Unión fuera del bloque, lo que marca un endurecimiento radical de la política migratoria europea.
Aunque los detalles del acuerdo siguen negociándose, Dinamarca, Austria, Alemania, Países Bajos y Grecia aseguran que confían en cerrar un pacto y empezar las deportaciones de migrantes en situación irregular en 2027.
Se espera que la primera instalación pueda alojar a unas 100 personas al mismo tiempo. Según las autoridades, las personas enviadas allí podrán desplazarse libremente por Ruanda y se espera que se integren en la sociedad local y en el mercado laboral.
"Creo que este [acuerdo] cambia las reglas del juego. Recuperaremos el control y eliminaremos el incentivo para la migración ilegal", dijo la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, durante el anuncio en Viena, junto con el canciller austríaco, Christian Stocker, y los ministros del Interior de los demás países implicados, entre ellos el ruandés Vincent Biruta.
La plataforma inicial será un proyecto piloto de pequeña escala, con planes de ampliar el esquema una vez que esté en funcionamiento y haya disminuido el riesgo de que las deportaciones queden bloqueadas por recursos legales.
¿Quién será enviado a los centros de retorno?
Los cinco países solo deportarán a solicitantes de asilo rechazados que estén sujetos a decisiones de retorno ejecutables.
Quedarán excluidos los menores, mientras que cada país aplicará sus propios criterios para seleccionar a quienes serán deportados.
Países Bajos centrará las expulsiones en hombres adultos procedentes de países de la región de Ruanda, mientras que Alemania se dirigirá a migrantes que se niegan a cooperar en los esfuerzos para determinar su identidad y que proceden de Estados reticentes a readmitir a sus propios nacionales, según personas conocedoras de las negociaciones.
Tras un periodo en la instalación, cuya duración aún no se ha fijado, se espera que los migrantes reconstruyan su vida en Ruanda o regresen voluntariamente a sus países de origen o a otro país donde tengan derecho a residir.
La agencia fronteriza de la UE Frontex no tendrá ningún papel en las deportaciones en las fases iniciales, pese a una reforma de su mandato propuesta recientemente por la Comisión Europea, que le permitiría hacerlo.
Los costes siguen sin estar claros
Los cinco países de la UE asumirán íntegramente el coste de deportar a los inmigrantes y alojarlos en Ruanda. Sin embargo, en la rueda de prensa no se facilitó ninguna estimación para la instalación inicial, ya que las negociaciones siguen en curso.
Según personas familiarizadas con las negociaciones, los servicios en Ruanda serán considerablemente más baratos que los servicios equivalentes en Europa.
También es incierto por ahora qué obtendrá Ruanda a cambio. Kigali, no obstante, tiene previsto firmar la próxima semana un acuerdo de cooperación con Dinamarca relacionado con la cooperación en materia migratoria.
"El acuerdo es una vergüenza"
Los centros de retorno han suscitado dudas sobre su compatibilidad con el derecho de la UE y con la protección de los derechos humanos.
Los críticos advierten de que podrían derivar en vulneraciones de derechos humanos, especialmente cuando se establecen en países con estándares democráticos limitados.
"El acuerdo es una vergüenza", dijo la diputada francesa Mélissa Camara, del grupo Verdes/ALE, que considera que los países implicados están 'cruzando otra vergonzosa línea moral al alcanzar un acuerdo con un régimen autoritario'.
El grupo de cinco países afirmó que todos los procedimientos se llevarán a cabo conforme a las normas internacionales de derechos humanos.
Aun así, pueden surgir complicaciones jurídicas cuando las deportaciones a Ruanda comiencen el próximo año, ya que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos prohíbe a los países trasladar a personas a Estados o situaciones en las que puedan verse sometidas a vulneraciones de derechos fundamentales.
La ONU ha expresado su preocupación por el historial de Ruanda en materia de derechos humanos.
Un acuerdo similar entre Ruanda y el Reino Unido, en virtud del cual Londres planeaba enviar solicitantes de asilo al país africano, fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo del Reino Unido (UK Supreme Court) en 2023 debido al riesgo de que las personas trasladadas pudieran ser enviadas posteriormente a países donde se enfrentaran a persecución.
Según la ley que permite a los Estados de la UE crear centros de retorno fuera del bloque, solo los países no pertenecientes a la Unión, "en los que se respeten las normas y principios internacionales de derechos humanos de conformidad con el derecho internacional", son elegibles.