Dinamarca, Austria, Alemania, Países Bajos y Grecia ultiman un acuerdo con el Gobierno de Ruanda para crear un centro de retorno de migrantes. El proyecto piloto podría anunciarse este lunes y entrar en funcionamiento a mediados de 2027.
Ruanda acogerá el primer centro de retorno de la UE situado fuera del bloque, en una medida sin precedentes que permitirá enviar a inmigrantes en situación irregular a países con los que no tienen ningún vínculo. Está previsto que el acuerdo entre el Gobierno de Kigali y cinco Estados miembros de la UE se anuncie este lunes en Viena, tras meses de negociaciones, según han explicado a 'Euronews' dos fuentes conocedoras del asunto.
El grupo de países partidarios de endurecer la política migratoria está formado por Dinamarca, Austria, Alemania, Países Bajos y Grecia. Sus ministros del Interior y de Migración participan en una conferencia en la capital austríaca, a la que también asistirá el ministro del Interior de Ruanda, Vincent Biruta. A pocos metros del lugar de celebración, el canciller austríaco, Christian Stocker, y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ofrecerán por la tarde una rueda de prensa para anunciar el acuerdo.
Según estas fuentes, el primer centro funcionaría como un proyecto piloto y estaría destinado a acoger a varios cientos de personas deportadas desde los cinco países de la UE a partir de la primavera o el verano de 2027. Se trataría de instalaciones abiertas en las que residirían los migrantes, que recibirían un permiso de residencia y podrían desplazarse libremente por el país. El objetivo sería facilitar su integración en la sociedad local y en el mercado laboral.
En principio, los centros de retorno son alojamientos temporales para migrantes que esperan ser deportados a sus países de origen. Sin embargo, no existe un límite de tiempo para las estancias, por lo que las personas afectadas podrían acabar atrapadas en Ruanda sin llegar a regresar nunca a sus países.
La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) también podría participar en las deportaciones a Ruanda una vez que el Parlamento Europeo y los Estados miembros aprueben la reforma de su mandato propuesta recientemente por la Comisión Europea.
El centro de retorno de Ruanda podría afrontar desafíos legales
Los centros de retorno han suscitado preocupación en Europa por su compatibilidad con la legislación de la UE y la protección de los derechos humanos. Sus detractores advierten de que podrían dar lugar a vulneraciones de derechos, especialmente cuando se establecen en países con garantías democráticas limitadas.
La ley que permite a los Estados miembros de la UE crear centros de retorno fuera del bloque establece que solo podrán acogerse a este mecanismo los países terceros "donde se respeten las normas y principios internacionales de derechos humanos de conformidad con el Derecho internacional".
Según la ONU, Ruanda presenta un historial cuestionable en materia de derechos humanos. Un acuerdo similar entre Kigali y el Reino Unido, en virtud del cual Londres enviaría solicitantes de asilo a Ruanda, fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo británico en 2023 debido al riesgo de vulneraciones de los derechos humanos.
Los cinco gobiernos afirmaron que el proyecto cumpliría plenamente la legislación de la UE y las obligaciones internacionales, y que se gestionaría en colaboración con organizaciones internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Sin embargo, ACNUR y la OIM no participan directamente en las negociaciones sobre los procedimientos y podrían retirarse si no se cumplen determinadas condiciones. "El apoyo de la OIM requiere una petición formal del Gobierno receptor y garantías de que existen salvaguardias adecuadas", declaró a 'Euronews' un portavoz de la organización.
Podrían surgir complicaciones jurídicas cuando comiencen las deportaciones a Ruanda el próximo año, ya que el Convenio Europeo de Derechos Humanos, según la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, prohíbe trasladar a personas a países donde corran el riesgo de sufrir vulneraciones de sus derechos fundamentales.
"Con este sistema, los migrantes pueden ser sometidos a torturas y a tratos inhumanos o degradantes", señaló a 'Euronews' Eleonora Celoria, de ASGI, una asociación italiana de juristas especializada en migración.
Los costes siguen sin estar claros
Los cinco países de la UE asumirán íntegramente los costes de las deportaciones y del alojamiento de los inmigrantes en Ruanda.
Por ahora, no existen estimaciones del coste total y tampoco está claro qué recibirá Kigali a cambio. En 2025, el Gobierno ruandés firmó un acuerdo para aceptar a nacionales de terceros países expulsados de Estados Unidos a cambio de unos 7,5 millones de dólares en apoyo financiero.
Un proyecto similar puesto en marcha por Italia en Albania ha suscitado polémica por su elevado coste, con un presupuesto total de 670 millones de euros para cinco años de colaboración. Según un estudio de una universidad italiana, mantener a los migrantes retenidos en estos centros resulta mucho más caro para Italia que alojarlos en su propio territorio.
Cada plaza disponible en Albania cuesta más de 153.000 euros, mientras que instalaciones comparables en Sicilia podrían acoger a inmigrantes por unos 21.000 euros por plaza. En el futuro, más países de la UE podrían sumarse a Dinamarca, Austria, Alemania, Países Bajos y Grecia en el traslado de migrantes en situación irregular a países con los que no tienen ningún vínculo.
Diecinueve de los 27 gobiernos de la UE consideran que se trata de una "solución innovadora" para la gestión migratoria, como quedó reflejado en una carta conjunta enviada a los dirigentes europeos el pasado junio. Otros países, como España y Francia, han criticado el plan de deportaciones, lo que los sitúa en una posición enfrentada a la de una mayoría cada vez más amplia dentro de la UE.