El Parlamento ha dado el visto bueno definitivo, con los votos en contra de Socialistas, los Verdes y la Izquierda, a la nueva ley de la UE que también permite registros domiciliarios, después de que los conservadores se unieran a la extrema derecha para sacarla adelante.
El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles una ley destinada a acelerar el retorno de los migrantes sin derecho legal a permanecer en la UE, gracias al apoyo de los grupos de centroderecha y ultraderecha (418 votos) y con el voto en contra de las tres agrupaciones de la izquierda (218), además de una treintena de abstenciones.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
El llamado reglamento de retorno supone el giro más duro de la UE en política migratoria en décadas. Se considera polémico porque permitiría a los países del bloque crear centros de expulsión fuera de la Unión, conocidos como centros de retorno, mediante acuerdos con estados no pertenecientes a la UE.
Estos centros funcionarán como instalaciones de tránsito, donde las personas esperarán por un tiempo indefinido a ser devueltas a su país de origen, o como lugares donde los migrantes permanezcan durante largos periodos, potencialmente sin límite de tiempo ni garantía de retorno posterior. Solo los menores no acompañados quedarían exentos de la medida, mientras que las familias con hijos podrían ser trasladadas a estos centros.
Tras anunciarse el resultado, los defensores del texto aplaudieron, mientras algunos eurodiputados del ala derecha del hemiciclo corearon "mandadlos de vuelta". Los diputados izquierdistas respondieron coreando "vergüenza".
La votación confirma la consolidación de una mayoría escorada a la derecha en el Parlamento en materia migratoria. El Partido Popular Europeo (PPE), de centroderecha, volvió a alinearse con los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), de derecha, y con los ultraderechistas Patriotas (PfE) y Europa de las Naciones Soberanas (ESN).Varios eurodiputados del grupo liberal Renovar Europa también respaldan la ley.
Los eurodiputados socialistas y de izquierdas se han opuesto en su mayoría a la legislación al considerar que podría socavar los derechos fundamentales de los migrantes. "Este reglamento corre el riesgo de normalizar prácticas jurídicamente cuestionables que habrían sido impensables en la UE hace solo unos años", afirma en un comunicado Ana Catarina Mendes, vicepresidenta de los Socialistas y Demócratas (S&D).
Además de los centros de retorno, la nueva ley incluye una disposición que permite registrar el "lugar de residencia u otros locales pertinentes" de los migrantes en situación irregular, algo que ONG y organizaciones de la sociedad civil comparan con las conocidas redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.
Otras disposiciones prevén periodos de detención más largos, prohibiciones de entrada más estrictas y nuevas facultades policiales para localizar a los migrantes irregulares. El texto eleva el periodo máximo legal de detención de los migrantes irregulares en espera de retorno de seis meses a dos años, con una posible prórroga de seis meses y una duración ilimitada para las personas consideradas un riesgo para la seguridad.
Las prohibiciones de entrada también se endurecerían de forma significativa, pasando de cinco a diez años en la mayoría de los casos, con la posibilidad de vetos de por vida para quienes se consideren un riesgo para la seguridad.
La legislación también modificaría el proceso de recurso. Con las normas actuales, las expulsiones se suspenden automáticamente mientras están pendientes los recursos legales. La nueva ley eliminaría esa salvaguarda automática y dejaría en manos de los tribunales la decisión, caso por caso, de si debe suspenderse una orden de retorno.