La ley de migración aprobada el lunes permite a los países de la UE crear centros de retorno fuera del bloque. Las organizaciones de derechos humanos alertan sobre los abusos a los que se enfrentarán los detenidos mientras los gobiernos, como España con Mauritania, buscan socios que los alberguen.
El nuevo Reglamento de Retorno de la Unión Europea supone un cambio significativo en la política migratoria de la UE, ya que permite a los Estados miembros establecer centros de retorno para migrantes en países fuera del bloque.
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Según la norma, estos centros se presentan como una "solución innovadora" para reforzar y acelerar el retorno desde Europa de los migrantes en situación irregular. Sin embargo, también suscitan dudas sobre su compatibilidad con el Derecho de la UE, la protección de los derechos humanos y la disposición de los países no pertenecientes a la UE a acoger en su territorio a migrantes, potencialmente por periodos indefinidos.
Los centros de retorno se construirán fuera de la Unión Europea y estarán destinados a acoger a migrantes que hayan llegado a un país de la UE pero están transitando por un procedimiento de expulsión. Funcionarán como lugares de tránsito, donde las personas esperan a ser devueltas a su país de origen, o como centros en los que se prevé que permanezcan indefinidamente.
Estos centros suponen un importante giro respecto al marco actual, que en general solo permite devolver a los migrantes a su país de origen o a uno donde tengan un vínculo probado. Con el nuevo sistema, ese requisito desaparecería y las personas migrantes podrían ser enviadas a países con los que no tengan lazos previos ni relaciones establecidas. Cada centro requerirá la firma de un acuerdo o arreglo entre la UE, o uno o varios de sus Estados miembros, y un país no perteneciente a la Unión.
La nueva ley fija los procedimientos aplicables a los migrantes, las condiciones de su permanencia, las responsabilidades del país de la UE implicado y las consecuencias en caso de que no sea posible devolver a una persona a su país. Deja además un amplio margen a los Estados miembros para negociar caso por caso las condiciones de cooperación con los países no pertenecientes a la UE.
¿Por qué son tan polémicos los centros de retorno?
Los centros de retorno han sido criticados por ONG y organizaciones de la sociedad civil por distintos motivos, especialmente cuando se ubican en países con estándares democráticos limitados. Según la ley, solo podrán albergar centros de retorno los países no pertenecientes a la UE en los que se respeten las normas y principios internacionales de derechos humanos de conformidad con el derecho internacional.
Esta salvaguarda genérica se considera insuficiente, ya que los acuerdos que cierren los Estados miembros no estarán sometidos a un control externo ni necesitarán en ningún momento la aprobación de la Comisión Europea. Cada país de la UE solo está obligado a informar a los demás cuando inicie conversaciones con un socio extracomunitario.
Aunque los menores no acompañados quedarían excluidos de los traslados a los centros de retorno, las familias con hijos sí podrían ser enviadas, lo que suscita preocupación por el impacto en la educación y el bienestar de los menores. Tampoco se fija un límite de tiempo para la estancia de un migrante en un centro de retorno. "El objetivo es enviar a las personas a su país de origen. Si esto no es posible, esperaremos hasta que lo sea", señala un diplomático de la UE.
Las condiciones de estancia en los centros de retorno previsiblemente se traducirán en una detención 'de facto', ya que a los migrantes no se les permitirá salir de los recintos. Todos estos aspectos podrían acarrear complicaciones jurídicas cuando los centros de retorno se pongan en marcha.
"El Tribunal Europeo de Derechos Humanos prohíbe a los Estados trasladar a personas a Estados o situaciones en las que puedan sufrir vulneraciones de derechos fundamentales. [Con este sistema], los migrantes pueden ser sometidos a torturas y a tratos inhumanos o degradantes", advierte Eleonora Celoria, de Asgi, una asociación italiana de juristas especializada en migración.
¿Dónde se pueden crear los centros de retorno?
Según otro diplomático de la UE, "la mayoría de los países de la UE" están interesados en crear centros de retorno. Algunos Estados miembros ya trabajan para identificar posibles países socios donde ubicar futuros centros de retorno. En marzo, Alemania, Países Bajos, Austria, Dinamarca y Grecia se aliaron para buscar soluciones conjuntas.
La línea general ha sido buscar países de África o Asia geográficamente alejados de las fronteras europeas. Uganda y otros Estados africanos han salido a relucir en las negociaciones entre Estados miembros, pero aún no se ha concretado nada. "Puedo imaginar que serán países de África que respeten el derecho internacional", declara a 'Euronews' el eurodiputado neerlandés Malik Azmani, uno de los negociadores de la ley.
Se espera que los países de la UE financien íntegramente los centros de retorno y puedan ofrecer además recursos adicionales, asociaciones comerciales u otros incentivos para convencer a los países terceros de que acepten estos acuerdos. Varios diplomáticos europeos explican a 'Euronews' que muchos Estados miembros presionan para aumentar la partida de migración en el próximo presupuesto de la UE de siete años con el fin de poner en marcha estos proyectos.
Sin embargo, algunos analistas consideran que pocos países ajenos a la UE estarían dispuestos a acoger centros de retorno, ya que esto podría tener repercusiones negativas en la opinión pública interna. Por ahora no hay estimaciones de costes, ya que cada acuerdo podría contemplar plazos y condiciones diferentes.
Centros italianos en Albania: ¿un modelo para los centros de retorno?
Italia ya gestiona dos centros de expulsión en Albania en virtud de un acuerdo de cinco años con Tirana, un esquema ampliamente considerado similar al de los centros de retorno. En un primer momento, en octubre de 2024, los centros de Shengjin y Gjadër estaban destinados a acoger temporalmente a solicitantes de asilo mientras las autoridades italianas examinaban sus peticiones.
Tras un par de impugnaciones judiciales, en marzo de 2025, el Gobierno de Giorgia Meloni los transformó en centros de expulsión para migrantes en situación irregular. "El enfoque italiano de gestión de los flujos migratorios se ha convertido en el enfoque de Europa", afirmó Meloni, que añadió que el "modelo Albania" ha abierto la puerta a una "solución innovadora" a escala de la UE.
El ministro del Interior italiano no facilita el número de migrantes acogidos en los centros. Una visita parlamentaria recogida por la prensa italiana constató que, a finales de abril, había menos de 100 personas alojadas en los dos centros, mientras que desde su conversión en centros de retorno en marzo de 2025 habían pasado por ellos 536 personas. El plan inicial preveía acoger a 36.000 migrantes al año.
Todos los gastos relacionados con los centros, los traslados de los migrantes, su vigilancia y su asistencia médica corren a cargo de Italia. La factura total supera los 670 millones de euros. Según un reciente estudio de una universidad italiana, retener a los migrantes en estos centros resulta mucho más caro para Italia que alojarlos en su propio territorio. Cada plaza disponible en Albania cuesta más de 153.000€, mientras que instalaciones comparables en Sicilia podrían acoger a migrantes por unos 21.000€ por plaza.