Una red de bares repartidos por varias provincias españolas comparte estética y ritual de exaltación franquista bajo el nombre no oficial de 'Ruta 36'. Repasamos su origen, sus locales y qué dice la Ley de Memoria Democrática al respecto.
Una plataforma vecinal de Arteixo, en La Coruña, daba la voz de alarma. Presentó una denuncia ante Consumo por un establecimiento que hace "apología constante" de la dictadura franquista.
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En el texto, la organización señala que mostrar banderas franquistas y otros símbolos del antiguo régimen, junto con ciertos carteles en la fachada, podría saltarse las leyes de memoria democrática y contravenir la Constitución.
Y lo cierto es que, para desgracia de muchos, este no es un caso aislado de un nostálgico de tiempos pasados. En España hay una ruta que no aparece en ninguna guía turística oficial, pero que sus protagonistas conocen bien: un puñado de bares y restaurantes, repartidos entre Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Madrid, que comparten la misma estética.
Banderas con el águila imperial, retratos y bustos del dictador, menús bautizados con su nombre y el de José Antonio Primo de Rivera, música de fondo que remite al bando sublevado. El circuito se conoce de forma extraoficial como 'Ruta 36', y algunos de sus locales llegaron a repartir una suerte de pasaporte que se sellaba en cada parada, como si fuera una peregrinación.
Qué es la 'Ruta 36'
El nombre no tiene mucha ciencia y tampoco oculta lo que es. Remite a 1936, año en el que empezó el sombrío periodo de la Guerra Civil en España. Su epicentro, de manera simbólica si es que se puede considerar así, podría ser el Valle de los Caídos, el mausoleo construido por presos políticos que durante décadas albergó los restos de Franco.
Desde ahí la ruta se extiende como las raíces de un árbol que abarca gran parte de la Península Ibérica y una forma de reconocimiento informal entre negocios afines: no existe una organización que la coordine ni una sede que actúe de central, sino una red que ha ido creciendo por imitación y que, según qué reportaje se consulte, agrupa entre ocho y una decena de establecimientos, en una ruta que tiene su epicentro en el Valle de los Caídos y que recorre una decena de bares, cafeterías e incluso museos por toda España.
La red cuenta incluso con una web propia, creada en 2019 y cuyo contacto remite a La Gran Parada (Córdoba), aunque en la práctica funciona más como vestigio que como recurso vivo: no hay rastro de actividad reciente ni contenido que remita a los locales que hoy forman parte del recorrido. Ese abandono digital retrata bien el carácter de la propia 'Ruta 36'.
Aunque bien es cierto que algunos locales han llegado a recibir una placa que certifica su pertenencia, existía un folleto con espacios en blanco para ir sellando cada parada del recorrido y los pines y pegatinas aún se pueden ver por distintos puntos de la Península.
De Guijuelo a Despeñaperros
En Guijuelo (Salamanca), la Cafetería Javi recibe a sus clientes con una bandera con el águila imperial en la entrada; dentro, la iconografía militar del bando nacional, la Falange y distintos cuerpos como el Ejército o la Guardia Civil son omnipresentes, con dos imágenes de Franco presidiendo el bar, una de ellas un busto a tamaño natural.
Su propietario, exmilitar de la Brigada Paracaidista, no oculta su postura: "Franco es historia de España, eso no se puede cambiar".
En La Solana (Ciudad Real), El Cangrejo ofrece menús dedicados a Franco y a Primo de Rivera envueltos en decoración fascista, y quien llama para reservar es recibido con un "Arriba España, dígame" al otro lado del teléfono. Su gerente, Juan José Delgado, se define como franquista sin complejos.
A poco más de una hora de allí, en Almuradiel, Casa Restaurante Pepe combina bar, restaurante y tienda de merchandising con la misma estética; el local se ubica justo en el lado castellano-manchego de la frontera con Andalucía, en la zona de Despeñaperros, lo que le permite esquivar la ley autonómica de memoria democrática vigente al otro lado del límite administrativo.
En Ávila, Casa Eladio lleva la misma decoración desde 2005: manteles con la bandera preconstitucional, un cartel de "Perros sí, perroflautas no" a la entrada y un ambiente que su dueño describe como algo que "se lleva dentro" más que como negocio. Precisamente él lamenta que, tras la fama mediática de la ruta, hayan aparecido imitadores que suman parafernalia franquista solo por rentabilidad.
En Cerro Muriano (Córdoba), La Gran Parada completa el recorrido con el mismo tipo de sello de "zona nacional" para quien la visita. Este último, además, cuenta con el Hostal El Frenazo al lado y, según la web de la 'Ruta 36', una habitación para dos personas con parking son 50 euros.
En la capital, el ejemplo más comentado tiene un protagonista que rompe el molde: no es un nostálgico de manual, sino un inmigrante chino. Chen Xianwei llegó a España hace más de dos décadas y, después de escuchar durante años las batallitas de su clientela más veterana en el bar que regentaba en Usera, terminó convirtiéndolo en un pequeño santuario al franquismo: águila de San Juan, banderas preconstitucionales y fotografías del dictador por todas partes.
El local, bautizado Oliva, le valió el apodo de "chino facha" y una fama que se le fue de las manos, llegó a presentarse en el cementerio de El Pardo con una corona de flores cuando exhumaron los restos de Franco en 2019.
En 2020 perdió el alquiler en medio de una disputa que él atribuyó a represalias ideológicas y la propiedad negó; se mudó 400 metros más lejos y reabrió con un nombre que no deja lugar a dudas: "Una, Grande y Libre", donde sigue despachando cafés bajo la misma estética.
Qué dice, y qué no dice, la ley
España cuenta desde 2007 con una Ley de Memoria Histórica que obligaba a retirar de edificios y espacios públicos los símbolos de exaltación del golpe militar, la Guerra Civil y la represión. En 2022 esa norma fue sustituida y ampliada por la Ley de Memoria Democrática, que además de mantener esa prohibición habilita un régimen sancionador.
Las infracciones más graves pueden acarrear multas de varias decenas de miles de euros, las cifras varían según la fuente consultada, entre poco más de 10.000 y hasta 150.000 euros, y hasta el cierre temporal del establecimiento donde se produzca la exaltación. La norma también contempla la disolución de asociaciones y fundaciones cuya actividad suponga apología del franquismo con menosprecio o humillación hacia las víctimas.
Ahí está, precisamente, el matiz que abre la puerta a la ambigüedad legal. El Consejo General del Poder Judicial advirtió durante la tramitación de la ley que la simple apología del franquismo, sin ir acompañada de desprecio o humillación explícita hacia las víctimas, no bastaba por sí sola para justificar una sanción; sería, en todo caso, expresión de una idea política protegida por la libertad de expresión.
A eso se suma una pregunta que los propios medios que han cubierto estos bares llevan años planteando: ¿es un local privado, con decoración interior, un "espacio público" a efectos de la ley, pensada originalmente para monumentos, calles y edificios oficiales? Esa zona gris explica en buena parte por qué estos negocios han seguido operando bajo ambas normativas sin que conste una sanción firme.
Una tolerancia que se repite
El patrón encaja con lo que ocurre cada año alrededor del 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Franco: en 2025 se contabilizaron cerca de una veintena de actos de homenaje al dictador, misas, comidas, concentraciones, pese a la ley vigente, mientras la Fundación Nacional Francisco Franco afrontaba un expediente que podría acabar en su disolución.
La 'Ruta 36', en ese sentido, no es un fenómeno aislado, sino la cara comercial y cotidiana de una tolerancia hacia la simbología franquista que las asociaciones memorialistas, como la ARMH, siguen denunciando ante la Fiscalía y que, de momento, ninguna administración ha traducido en el cierre de un solo bar.
El caso de Chen Xianwei ilustra ese patrón mejor que ningún otro nombre de la propia 'Ruta 36'. Su bar ya era un pequeño fenómeno viral desde que se difundió la imagen del cementerio de El Pardo en 2019, y desde entonces ha pasado por portadas de medios generalistas, digitales de sucesos y hasta contenido viral en redes, una repercusión nacional que ninguno de los locales de provincias ha llegado a tener.
Ni siquiera ese foco mediático se tradujo en una inspección o un expediente sancionador conocido: el conflicto que le hizo cambiar de local en 2020 fue estrictamente contractual, entre arrendador y arrendatario, y no una actuación administrativa al amparo de la ley de memoria democrática.