El Gobierno impulsa una nueva Ley de Información Clasificada con plazos máximos para desclasificar documentos y prohíbe ocultar violaciones graves de derechos humanos. Busca alinearse con los estándares de la UE y la OTAN y es bien recibida por expertos y asociaciones.
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El Gobierno ha impulsado una nueva Ley de Información Clasificada que sustituirá a la vigente desde 1968. Entre sus principales novedades se encuentran los plazos máximos de reserva: los documentos clasificados como alto secreto deberán desclasificarse en un máximo de 45 años (prorrogables excepcionalmente 15 más); los de nivel secreto, en 35 años (prorrogables 10); los confidenciales, entre 7 y 9 años; y los restringidos, entre 4 y 6 años.
Una vez transcurridos esos plazos, los documentos se desclasificarán automáticamente. Además, la norma prohíbe clasificar información relacionada con violaciones graves de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, lo que excluye del secreto muchos hechos vinculados a la dictadura franquista.
Desde el Ejecutivo aseguran que esta legislación busca adecuar a España a los estándares de transparencia vigentes en la Unión Europea y la OTAN. Para los investigadores, archiveros y asociaciones de memoria histórica, se trata de un cambio largamente esperado.
Los documentos anteriores a 1981 saldrán a la luz
Una de las disposiciones más significativas de la nueva ley es el levantamiento automático del secreto sobre todos los documentos clasificados hace más de 45 años, es decir, anteriores a 1981. Esto incluye archivos de la dictadura, de los primeros años de la Transición y del intento de golpe de Estado del 23-F.
Hasta ahora, esos documentos permanecían cerrados por decisión administrativa, sin una base legal clara que fijara plazos. Con la nueva norma, solo podrán mantenerse en secreto si se acredita que su divulgación supone una amenaza real para la seguridad nacional, y esa justificación deberá renovarse anualmente.
Casos históricos que podrían salir a la luz
Con la aprobación de esta ley, se espera que salgan a la luz algunos de los capítulos más opacos de la historia reciente de España. Entre ellos destacan:
- Los GAL y la guerra sucia contra ETA: Se podrían abrir expedientes relacionados con la actividad de los Grupos Antiterroristas de Liberación durante los años ochenta, así como documentos de inteligencia que hasta ahora no han sido accesibles.
- El golpe de Estado del 23-F (1981): Las comunicaciones internas del Congreso, las conversaciones mantenidas por el Rey Juan Carlos con altos mandos militares, su diplomacia a la hora de resolver el caso o los informes del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) aún permanecen clasificados.
- Los fusilamientos del franquismo: La represión de la dictadura de Francisco Franco dejó muchos casos sin resolver. Desde documentos como el expediente del juicio y ejecución de Julián Grimau en 1963, actas del Consejo de Ministros de la dictadura en relación con represión política o los fusilamientos en fosas comunes podrían ser desclasificados.
- Transición tras la muerte de Franco: Apenas 48 horas después del fallecimiento del dictador, España vivió un giro histórico: se instauró la monarquía y Juan Carlos I fue proclamado Rey. Las conversaciones entre ambos dirigentes, las conversaciones entre ambos y sus opiniones también podrían salir a la luz.
- Espionaje y vigilancia interna: Los registros de escuchas, seguimientos a activistas, periodistas o políticos durante la Transición podrían abrirse al escrutinio público.
- Negociaciones diplomáticas sensibles: Aquí se incluyen las tratativas sobre Gibraltar, la descolonización del Sáhara Occidental, la entrada en la OTAN por parte de Felipe González, o los acuerdos bilaterales secretos durante la Guerra Fría y las primeras décadas de democracia.
- Accidentes y operaciones encubiertas: Como los documentos sobre el accidente nuclear de Palomares en 1966 en el que cayó una bomba con material radioactivo, o acuerdos militares en conflictos como la guerra del Golfo o la guerra de las Malvinas.
- Archivos militares de la Guerra Civil y posguerra: Entre ellos, planes de batalla, informes de inteligencia, listas de detenidos y expedientes sobre campos de prisioneros así como las posteriores reuniones y conversaciones entre Franco y Hitler.
Una autoridad civil y mayor control judicial
La nueva legislación contempla la creación de una Autoridad Nacional para la Información Clasificada, con rango administrativo y dependiente del Ministerio de la Presidencia. Esta institución será la encargada de supervisar la clasificación y desclasificación de documentos, así como de resolver posibles reclamaciones.
La ley también establece sanciones administrativas para quienes filtren información clasificada sin autorización, con multas de hasta 2,5 millones de euros. No obstante, se habilita a los ciudadanos a recurrir ante el Tribunal Supremo decisiones de clasificación que consideren injustificadas.
Una apertura histórica
Esta reforma, aún en trámite parlamentario, podría estar en vigor en 2026 si se aprueba en los plazos previstos. Su impacto será notable en el acceso a los archivos del Estado, especialmente para investigadores, medios de comunicación, asociaciones de derechos humanos y ciudadanos interesados en conocer hechos relevantes de la historia reciente.
Para historiadores y expertos en memoria democrática, la norma marca un punto de inflexión: España pasaría de ser uno de los países más restrictivos en el acceso a información oficial a situarse en una línea más transparente y comparable con otros socios europeos.