La alerta aérea emitida por Estados Unidos provocó una oleada de cancelaciones de vuelos en Venezuela, obligando al Gobierno de Maduro a activar reuniones de emergencia para intentar mantener la operatividad.
El Gobierno de Nicolás Maduro intenta contener el impacto de la creciente presión estadounidense y evitar el colapso del tráfico aéreo en Venezuela después de que un aviso de la Administración Federal de Aviación (FAA) llevara a numerosas aerolíneas internacionales, entre ellas Iberia y Air Europa, a suspender sus operaciones. El Ejecutivo venezolano asegura que trabaja para "normalizar la situación" y mantener la continuidad de los vuelos, en un contexto marcado por nuevas acusaciones de Washington contra Caracas.
La alerta de la FAA, que recomienda a los pilotos extremar la precaución al sobrevolar Venezuela, provocó una ola de cancelaciones por parte de Air Europa, Iberia, Plus Ultra, TAP, Avianca, Gol, Latam y Turkish Airlines. Aerolíneas venezolanas como Estelar y Laser también suspendieron temporalmente sus rutas Caracas–Madrid, mientras que la estatal Conviasa insiste en que sigue operando "con total normalidad".
Ante el riesgo de un bloqueo aéreo que afecte gravemente al país, el Ministerio de Transporte convocó reuniones urgentes con varias compañías para intentar evitar una paralización prolongada. Maduro, en una declaración pública, pidió aplicar la ley a quienes "se coman la luz", sin mencionar directamente a las aerolíneas, pero enviando una señal de firmeza orientada a recuperar la confianza operacional.
La ofensiva diplomática del Gobierno venezolano ocurre mientras Estados Unidos intensifica su presión contra Caracas. Trump, que no ha descartado ningún escenario, mantiene un despliegue naval masivo en el Caribe, responsable ya de numerosas intercepciones en el mar y de más de 80 muertos en operaciones antidroga.
El Gobierno de Donald Trump también designó al llamado Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, una medida que abre la puerta a acciones más agresivas. Analistas recuerdan que el término no describe una estructura criminal real, sino un concepto utilizado para señalar presuntos vínculos de altos mandos militares con el narcotráfico.
La designación se sustenta en la acusación, lanzada hace una semana por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, de que el grupo es responsable de "violencia terrorista" en la región.
Desde Caracas, el Gobierno de Maduro calificó la acusación de "invención ridícula" destinada a justificar una intervención contra el país. La Administración venezolana recuerda que el concepto nunca ha sido reconocido como organización criminal y lo considera parte de la presión política de Washington.
Acusaciones de narcoterrorismo y recompensas millonarias
El Departamento de Justicia ya había elevado en 2020 el término a la categoría de organización criminal al acusar a Maduro y a su círculo de utilizar el narcotráfico como arma política junto a disidentes de las FARC y el ELN. Este año, EE.UU. dobló a 50 millones la recompensa por información que permita arrestar al presidente venezolano.
Maduro insiste en que Washington construye una "falsa narrativa" y cita informes de la ONU para defender que solo un 5% de la cocaína colombiana pasa por Venezuela. Pese a ello, el Departamento del Tesoro sancionó al Cártel de los Soles en julio y asegura que la red oficialista ha facilitado operaciones del Tren de Aragua y del Cártel de Sinaloa.
Opciones militares sobre la mesa
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que la designación ofrece "un montón de nuevas opciones" para actuar contra Maduro, aunque evitó detallar cuáles. Un alto funcionario estadounidense sostiene que dentro del Gobierno "nadie ve sostenible" la continuidad del mandatario venezolano.
Según esta misma fuente, los servicios de inteligencia han detectado una "creciente ansiedad" dentro del círculo de Maduro ante los ataques estadounidenses, mientras que los intermediarios próximos al presidente multiplican sin éxito los intentos de retomar el diálogo con Washington.