El Ejecutivo español ha remitido a la Justicia el expediente para extinguir la Fundación Francisco Franco al considerar que vulnera la Ley de Memoria Democrática.
El Gobierno de España ha remitido a la Justicia el expediente para solicitar la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco, al considerar que su actividad es contraria a la Ley de Memoria Democrática.
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El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha firmado la resolución que pone fin al procedimiento administrativo y traslada el caso a un juzgado de primera instancia, que deberá decidir sobre la disolución de la entidad.
Urtasun ha afirmado que el Ejecutivo enviará "un expediente sólido que demuestra que la Fundación Nacional Francisco Franco debe ser cerrada por ir contra el interés general y por humillar a las víctimas. Y porque en una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas y tratan de blanquear la dictadura", según declaraciones recogidas por 'RTVE'.
Según el Ministerio de Cultura, la fundación "realiza apología del franquismo, ensalza el golpe de Estado y la dictadura, enaltece a sus dirigentes, y particularmente a Francisco Franco, y además lo hace con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra y del franquismo".
El expediente remitido al juzgado incluye informes de la Abogacía del Estado y de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, así como un análisis detallado de publicaciones y actividades de la fundación, en el que se concluye que existe una exaltación del régimen franquista incompatible con los fines de interés general exigidos por la legislación vigente.
El procedimiento se inició en junio de 2024 y se ha tramitado conforme a la Ley de Fundaciones, incluyendo un periodo de alegaciones para la entidad. El ministro ha subrayado que "el procedimiento se ha desarrollado con todas las garantías desde su inicio" y que el expediente es "muy sólido".
La iniciativa se apoya en la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, que establece que las entidades que exalten la dictadura franquista o menosprecien a las víctimas pueden ser objeto de extinción si no cumplen con los fines de interés general.
Por su parte, la Fundación Nacional Francisco Franco ha tratado de frenar el proceso por la vía judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó en marzo las medidas "cautelarísimas" solicitadas por la entidad para suspender de forma urgente el procedimiento, lo que permitió que este continuara su curso.
La fundación, creada en 1976 con el objetivo de difundir la figura de Francisco Franco, ha defendido en anteriores ocasiones que su actividad es legal y está amparada por derechos fundamentales como la libertad de expresión y de asociación.
La decisión final sobre su extinción corresponderá ahora a la Justicia, que deberá determinar si concurren las causas legales para su disolución.