La Unidad Central Operativa, en un nuevo informe de 107 páginas filtrado hoy a los medios, afirma que Díez informaba de sus pesquisas al ex secretario de Organización del PSOE. El documento también profundiza en la relación de la 'fontanera' con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.
Un nuevo informe de la UCO entregado al juez de la Audiencia Nacional que investiga la operación Tíbet (conocida popularmente como el caso Leire) asegura tener pruebas de que el entonces secretario general del PSOE, el imputado Santos Cerdán, conocía y avalaba las presuntas operaciones de tráfico de influencias por las que se juzga a la exconcejal Leire Díez.
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Se trata de unas pesquisas basadas en los registros que se realizaron en Ferraz, la sede central del PSOE en Madrid, así como otros domicilios particulares y sedes jurídicas, durante el pasado 27 de mayo. Ya por entonces se conocía que Díez no era un simple verso suelto en el partido: el también investigado Gaspar Zarrías, un histórico del socialismo andaluz -exvicepreidente de la Junta y exsenador- reconoció haber sido artífice de la contratación de Díez por 4.000 euros mensuales durante cuatro meses.
Pero el monto indirecto de su salario podría haber sido mayor: la UCO asegura en su informe que Ferraz sufragó varios viajes a la 'fontanera' del PSOE bajo la autorización de Santos Cerdán y la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, otra de las investigadas. En uno de estos viajes habría sido acompañada por Pérez Dolset, abogado y otro de los imputados en esta pieza, junto a los también juristas Ismael Oliver (antigua defensa de Koldo García) y Jacobo Teijelo.
Leire Díez, continúa la UCO, también habría dado cuenta de sus "incumplimientos" [sic] con respecto a sus operaciones dentro de las cloacas del Estado. El informe acredita, en un documento encontrado en los dispositivos electrónicos requisados a Santos Cerdán, cómo Díez dice haber fracasado en su oferta de proporcionar un pacto al excomisario Villarejo a través de la Fiscalía a cambio de información sensible sobre jueces, fiscales o policías.
Una de esas magistradas sobre las que Díez buscaba datos comprometedores, asegura la UCO, es Beatriz Biedma Rojano, la jueza que instruye el caso del hermano de Pedro Sánchez sobre su contratación presuntamente irregular por parte de la Diputación de Badajoz como coordinador de las actividades de los conservatorios pacenses. La benemérita también menciona al fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón; al fiscal José Grinda, y al exsecretario de Estado de Interior con el PP, Francisco Martínez.
La relacion entre Díez y la máxima responsable de la Guardia Civil
La Unidad Central Operativa cree así mismo que la propia directora de su cuerpo, Mercedes González, continuó en contacto telemáticamente con Díez al menos un día después -el 9 de mayo de 2025- de haber sido avisada por el DAO Manuel Llamas -8 de mayo- de la existencia de dos escritos internos que alertaban sobre las actividades de la exconcejal socialista.
En el primero se asegura que Díez pretendía atacar determinadas investigaciones de la UCO y a sus miembros; el segundo escrito refleja que la 'fontanera' presumía de "tener un control absoluto" sobre la cúpula de la Guardia Civil, "concretamente sobre su Directora General", así como de ciertas figuras de la Fiscalía.
El 11 de mayo, Mercedes González activa el borrado de mensajes automático y este rastreo se pierde. La UCO acredita que la última vez que se reunió en persona con Díez fue el 2 de abril de 2025, además del 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024. "Ayer no estuvo mal la reunión con la directora de la GC. Voy a ver si sigo aumentando esa vía", le escribe Díez a Ismael Oliver al día siguiente de reunirse con ella, hasta donde está acreditado, por última vez.