El Parlamento Europeo dio el visto bueno final a una nueva ley de la UE que permite controvertidos centros de retorno fuera del bloque y registros domiciliarios, gracias al voto conjunto de conservadores y grupos de extrema derecha.
El Parlamento Europeo aprobó este miércoles una ley destinada a acelerar el retorno de los migrantes sin derecho legal a permanecer en la UE, gracias al apoyo de los grupos políticos de centroderecha y extrema derecha.
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El denominado reglamento de retorno supone el giro más duro del bloque en política migratoria en décadas. Se considera polémico porque permitiría a los países de la UE crear centros de expulsión fuera del bloque, conocidos como centros de retorno, mediante acuerdos con países no pertenecientes a la UE.
Estos centros podrían funcionar como instalaciones de tránsito, donde las personas esperan su retorno a su país de origen, o como lugares donde los migrantes permanecen durante largos periodos, potencialmente sin límite de tiempo ni garantía de retorno posterior. Solo los menores no acompañados quedarían exentos de la medida, mientras que las familias con hijos podrían ser trasladadas a estos centros.
La ley se aprobó por 418 votos a favor y 218 en contra, con 30 abstenciones. Tras anunciarse el resultado, los partidarios del texto aplaudieron, mientras algunos eurodiputados del ala derecha del hemiciclo coreaban "send them back", en referencia a los migrantes en situación irregular.
Los eurodiputados del otro lado respondieron coreando "shame on you".
La votación confirmó la consolidación de una mayoría escorada a la derecha en el Parlamento en cuestiones migratorias. El centroderechista Partido Popular Europeo (PPE) volvió a alinearse con los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), de derecha, y con los ultraderechistas Patriotas por Europa (PfE) y Europa de Naciones Soberanas (ESN).Varios eurodiputados del grupo liberal Renovar Europa también respaldaron el texto.
El PPE sigue descartando una cooperación formal con los partidos que considera demasiado extremos, entre ellos la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) y el francés Agrupación Nacional. El líder del PPE, Manfred Weber, ha rechazado en repetidas ocasiones la posibilidad de alianzas formales con estas fuerzas.
Pero el PPE considera que sus votos son cruciales para endurecer la legislación migratoria, lo que permite articular una mayoría alternativa a la tradicional coalición centrista formada por el PPE, Socialistas y Demócratas (S&D) y Renovar Europa.
Los eurodiputados socialistas y de la izquierda se opusieron en su mayoría a la legislación, alegando que podría socavar los derechos fundamentales de los migrantes.
"Este reglamento corre el riesgo de normalizar prácticas jurídicamente cuestionables que habrían sido impensables en la UE hace tan solo unos años", afirmó en un comunicado Ana Catarina Mendes, vicepresidenta del grupo Socialistas y Demócratas (S&D).
Más allá de los centros de retorno, la nueva ley incluye también una disposición que permite registrar el "lugar de residencia u otros locales pertinentes" de los migrantes en situación irregular, algo que las ONG y organizaciones de la sociedad civil comparan con las conocidas redadas llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
Otras disposiciones contemplan periodos de detención más largos, vetos de entrada más estrictos y nuevas facultades para localizar a los migrantes en situación irregular.
La norma eleva el periodo máximo legal de detención para los migrantes en situación irregular en espera de retorno de seis meses a dos años, con una posible prórroga de seis meses y una duración ilimitada para las personas consideradas un riesgo para la seguridad.
Los vetos de entrada también se endurecerían de forma significativa, pasando de cinco a diez años en la mayoría de los casos, con la posibilidad de vetos de por vida para quienes se consideren un riesgo para la seguridad.
La legislación también modificaría el proceso de recurso. Con las normas actuales, las expulsiones se suspenden automáticamente mientras están pendientes los recursos judiciales. La nueva ley eliminaría esa salvaguarda automática y dejaría en manos de los tribunales, caso por caso, la decisión de suspender o no una orden de retorno.